Lo más importante de la negociación presupuestaria empieza ahora. El rechazo a las enmiendas a la totalidad, acontecido este jueves en el Congreso, es importante, sin duda, pero es un trámite que no afecta al contenido del proyecto. El Gobierno se dispone a negociar a partir de este mismo viernes (el plazo de presentación de enmiendas parciales acabará a las 14.00 horas) una serie de medidas puntuales que sí generarán cambios. Del éxito de las conversaciones dependerá que haya nuevas cuentas públicas en 2022, tal y como recoge El Periódico de España.

ERC, PNV y EH Bildu son los tres partidos clave de la ecuación. El Ejecutivo de coalición acude una vez más con el fino colchón que le proporcionan los 120 diputados socialistas y los 35 de Unidas Podemos. Es fino porque la cifra queda lejos de la mayoría absoluta que da total garantía de que los presupuestos saldrán. No es necesario un respaldo de 176 parlamentarios; bastan más síes que noes. Pero, claro, toca sumar síes y evitar más noes.

13 escaños tiene ERC, seis el PNV y cinco EH Bildu. El apoyo de los tres grupos parlamentarios, 24 escaños en total, asegura la mayoría absoluta. No obstante, una miríada de partidos pequeños, desde Más País a Teruel Existe, intentará, obviamente, conseguir alguna contrapartida.

Hace justo una semana, el Ejecutivo sorteó la amenaza de sendas enmiendas a la totalidad por parte de los independentistas catalanes y de los nacionalistas vascos. Los acuerdos alcanzados constituyen un punto de partida, pero ni mucho menos el lugar de llegada. El calendario sitúa el pleno en el que se aprobarán (o no) los presupuestos, una vez negociados, a finales de noviembre. Hasta entonces, en la Comisión de Presupuestos, se librará una interesante batalla política.

Batalla política a la que ERC, PNV y EH Bildu acuden con altas expectativas y con la pretensión de ceder muy poco ante el Gobierno. Éstas son sus principales cuentas pendientes.

ERC: inversiones en Cataluña y otro modelo fiscal

El portavoz de los republicanos, Gabriel Rufián, fue duro en la intervención de este jueves para defender la posición de ERC y para avanzar lo que hará su grupo parlamentario. Sabe que su papel, a partir de ahora, es clave.

Las prioridades residen en el acuerdo que ERC y PSOE firmaron hace una semana. Además del compromiso del blindaje del catalán en las producciones de las plataformas audiovisuales, desde Netflix a HBO, los independentistas arrancaron los compromisos de inversión en becas, unos 18,6 millones, y de seguimiento de las inversiones en infraestructuras. Esto es esencial. El proyecto, lo hecho hasta la fecha, cifra en unos 2.300 millones la inversión en Cataluña durante 2022. Para Rufián, no son los números más altos; son "la promesa" de números más altos.

"No sé si les queda suficiente gasolina en los motores para tanto viaje", afirmó el portavoz catalán. Se refirió así a los dos años que restan hasta la disolución de las Cortes por convocatoria electoral si no hay adelanto, que no parece. ERC está descontenta con el Ejecutivo. Al menos por ahora. El diputado por Barcelona pidió un sistema impositivo más progresivo y acabar con "el chiringuito fiscal" que la derecha ha creado en Madrid, a su juicio. Impuestos al juego online, sí, pero también menos IVA para productos de higiene femenina. Y sobre todo, según sus palabras, gravar más las rentas del capital. Y proteger a las pymes y a los autónomos con más empeño.

PNV: los pilares de la agenda vasca

La diputada experta en asuntos económicos del grupo, Idoia Sagastizabal, resumió las principales demandas de su partido, cara a la negociación que se avecina. El portavoz, Aitor Esteban, lleva meses con las cuentas en la cabeza debido a la inyección en ellas de fondos europeos. El PNV tiene muchas esperanzas puestas en ellos.

Para Sagastizabal, el contexto económico de los presupuestos de 2022 es de recuperación, aunque quizá más lento de lo previsto en un principio. La inflación y los "cuellos de botella" de las vías del comercio internacional ralentizarán el ritmo, pero no lo revertirán, según su criterio. En este sentido, se ha congratulado de que sea un proyecto expansivo.

A pesar las dudas que suscita el diseño de reparto de los fondos europeos que ha hecho el Gobierno, el PNV está de acuerdo con los PERTE, ya que serán proyectos tractores de las economías autonómicas, pero no con el sistema fiscal, que adolece de "grandes medidas" por el lado de los ingresos.

En donde más énfasis ha puesto el grupo vasco es en la agenda vasca. La clave aquí son las inversiones, de nuevo las inversiones, ya que el PNV las ha tachado de insuficientes. "Las inversiones reales se han reducido", ha afirmado Sagastizabal. Más dinero de Adif y Enaire ha demandado, y sobre todo, completar la ejecución en la alta velocidad e impulsar la red de cercanías.

Aunque la diputada vasca no mencionó el IMV, ésta es la gran cuestión: la transferencia del Ingreso Mínimo Vital para una gestión integral. Esa fue la llave del acuerdo que evitó que el PNV presentara una enmienda a la totalidad. Antes de final de año, la transferencia tendrá que hacerse.

EH Bildu: atajar el paro juvenil y otro modelo laboral

El portavoz adjunto de la formación abertzale en el Congreso, Oskar Matute, ha enumerado las prioridades de su grupo ante la inminente negociación presupuestaria. También cuenta con una agenda vasca, pero no es la misma que la del PNV. Viene una contienda llamativa entre las dos principales formaciones de Euskadi, entre el partido casi hegemónico y la alternativa que asoma por la izquierda.

Matute, para empezar, ha dejado claro que su apuesta es la mejora de las condiciones de vida de la clase trabajadora en el País Vasco y en el resto del Estado. No hay otra prioridad. No ha mencionado la palabra "presos", pero a buen entendedor...

A EH Bildu no le gusta el proyecto tal y como está redactado ahora. Si bien aumentan las partidas, falta un modelo nítido que busque ahogar el actual, que ha tachado de "depredador". Un modelo que consagra la desigualdad y que alienta tasas de pobreza elevadas o una de desempleo juvenil cercana al 40 por ciento.

Impuestos a las rentas altas, a la banca, y por otro lado, con el fin de consagrar una política ambiental ambiciosa, gravámenes a envases de plástico y a la incineración de residuos.

Matute, sobre todo, ha reclamado la derogación total de la reforma laboral.