El Tribunal Constitucional ha suspendido cautelarmente la deducción autonómica en el IRPF que había establecido el gobierno del Principado de Asturias para quien hubiese cobrado ayudas por el impacto económico del Covid.
La suspensión cautelar se ha producido al tiempo que el alto tribunal ha admitido a trámite el recurso de inconstitucionalidad presentado por el Gobierno central, al entender que el precepto aplicado por el Principado invadía competencias.
El Gobierno de Asturias ya había afirmado en su día que defendería la legalidad de las deducciones vinculadas a las ayudas covid autonómicas. Ambas administraciones cuestionan cuál es la norma jurídica que prevalece. Así, el Principado sostiene que la ley que regula el sistema de financiación autonómica de las comunidades del régimen común, permite las deducciones sin vincularlas al desarrollo de actividades económicas.
En su día el Gobierno asturiano aseguró que “la deducción se dirige precisamente a contribuyentes que no pudieron desarrollar actividades económicas como consecuencia de las limitaciones impuestas por la pandemia del coronavirus”, por lo que “no se trata de fomentar o favorecer el desarrollo de actividades económicas, sino de paliar la pérdida de ingresos de ciudadanos especialmente afectados por la crisis”. El Principado argumentó en su día que era una medida “excepcional” y vinculada a la pandemia.
