IU reclama la imputación del PP en el caso Púnica y pide seis meses más para investigarlo

Izquierda Unida, que ejerce la acusación popular en el 'caso Púnica', ha reiterado al juez que investiga este caso de corrupción en la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, que impute al PP como persona jurídica por su presunta financiación ilegal en la Comunidad de Madrid, según se especifica en un escrito de 24 de octubre, al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO DE ESPAÑA.

"El PP, como persona jurídica, no solo no tomó ninguna medida para prevenir o erradicar en su seno este tipo de prácticas irregulares y delictivas, sino que desde el seno de la propia dirección del partido en Madrid se impulsó la adopción de estrategias y mecanismos de elusión del control público y que derivaban en la comisión de una multiplicidad de hechos delictivos por una pluralidad de personas físicas y jurídicas", destaca IU.

Para este partido "existen pocas dudas de la absoluta falta de control interno en el PP que hubiese podido evitar la comisión de tales delitos y el aprovechamiento de fondos de una institución pública como la Agencia de Informática de la Comunidad de Madrid para el pago de gastos de campaña, una auténtica depredación de dinero público en beneficio exclusivo del Partido Popular, partido que por otra parte no habría reflejado dichos ingresos en la contabilidad", completa el escrito dirigido al instructor.

Organización criminal

En concreto, considera que "en el trasfondo de las actividades criminales que se investigan [...] se halla el propio PP, quien aparece como beneficiario directo de las actividades de la trama, por lo menos, en lo concerniente al desvío de fondos desde la empresa de informática ICM e Imade, con el concurso de personal directivo de Indra", prosigue el escrito.

IU considera que el PP ha podido cometer los delitos de cohecho, estafa, tráfico de influencias, blanqueo de capitales, delito contra la Hacienda pública y delitos electorales. Aunque también se le debería asociar, según la coalición, con los delitos de encubrimiento y organización criminal cometidos presuntamente por sus dirigentes, como sería el caso de Ignacio González, y de los que "el PP se habría beneficiado". 

La acusación popular de IU también cree acreditado que altos dirigentes del PP solicitaron al máximo responsable de la empresa pública ICM que colaborase "en el pago irregular de facturas de índole electoral". Y que Indra abonó un importe de 121.000 euros a la sociedad Formaselect Consulting SL: "Facturas que fueron presentadas por el investigado Óscar Sánchez Moyano, siendo los trabajos para Indra inexistentes", completa el documento, que concluye que en realidad se estaban abonando trabajos para el Partido Popular. 

Desvió fondos públicos

La coalición defiende, en el mismo sentido, que el PP desvió fondos públicos entre 2012 y 2015 "para el pago de gastos del partido desde Imade e ICM, con el concierto de Indra, hacia la sociedad SWAT, controlada por el también investigado Juan Miguel Madoz Echeverria".

Finalmente, IU solicita al magistrado García Castellón que amplíe otros seis meses las pesquisas sobre la presunta financiación irregular de la formación conservadora tras haber sido aportados a la causa "nuevos indicios sobre la perpetración de nuevos delitos vinculados con la financiación del Partido Popular entre 2012 y 2014".