El Gobierno ha llegado a uno de los momentos clave del año sin el apoyo de ningún grupo parlamentario: la negociación de los presupuestos de 2022. Este pasado lunes, en el Congreso, ha dado comienzo el trámite de las cuentas con las comparecencias de cargos y autoridades económicas y el viernes próximo acabará el plazo de presentación de enmiendas a la totalidad, es decir, de peticiones de veto. Cuatro días tiene el Ejecutivo para evitar un susto, así que negocia en varios campos, en uno especialmente: la ley audiovisual y la solución al blindaje de las lenguas cooficiales.

ERC es el aliado prioritario del PSOE y de Unidas Podemos en el Congreso. La importancia de sus trece diputados es decisiva, y por ello, el Gobierno atiende sus reclamaciones cuando se acerca a negociaciones cruciales, como la de los presupuestos. Esquerra ha lanzado varias peticiones, pero una es la que a su juicio marcará el consenso o el disenso sobre las cuentas: hay que blindar al catalán en la futura ley audiovisual.

Desde hace semanas lleva insistiendo en la advertencia, y no es el único. PNV, EH Bildu, JxCat, BNG o Compromís son algunas de las formaciones que han pedido proteger con concreción y ambición las respectivas lenguas cooficiales. Desde septiembre lo están denunciando, pero no ha sido hasta esta semana cuando el Ministerio de Asuntos Económicos se ha puesto en serio y a toda prisa. Nadia Calviño es la ministra que ha asumido las riendas del asunto, según han informado fuentes gubernamentales a EL PERIÓDICO DE ESPAÑA, y por tanto, de ella depende el primer sí de ERC. O el primer no, pues se trata de que los 13 representantes independentistas eviten su propia enmienda a la totalidad o apoyar cualesquiera de las que se presenten. Y luego continuar con el trámite hasta su eventual aprobación.

El órdago se ha hecho público y oficial. La portavoz del partido, Marta Vilalta, ha dejado claro este pasado lunes que o se protege el catalán en plataformas como Netflix o Prime Video, o el grupo parlamentario registrará una propuesta de veto a los presupuestos antes del viernes que viene a las 14.00 horas, que es cuando acaba el periodo parlamentario para ello. Los contactos, ha dicho, se han producido, pero por ahora no son suficientes.

Fuentes parlamentarias conocedoras de los contactos entre PSOE y ERC reconocen que ya desde este lunes ha aumentado la interlocución, pero las aproximaciones se atisban lejos todavía

No ha sido la única condición indispensable que ERC pone encima de la mesa. Hay compromisos de inversión en las infraestructuras catalanas, según ha recalcado Vilalta, que el proyecto presupuestario no recoge. Piden aumentar el porcentaje de inversión. Otra reivindicación es la conversión de la comisaría de Via Laietana, en Barcelona, en un centro de memoria sobre la represión del franquismo.

Fuentes parlamentarias conocedoras de los contactos entre PSOE y ERC reconocen que ya desde este lunes ha aumentado la interlocución, pero las aproximaciones se atisban lejos todavía. Subrayan que el aspecto fundamental es el blindaje del catalán en las plataformas audiovisuales, sin desmerecer el resto.

Una norma atascada

Por aclarar: hablar de la ley audiovisual es hablar de la trasposición de una directiva europea aprobada hace tres años. España acumula un retraso notable en la aplicación, y de hecho, es uno de la casi decena de Estados miembros de la UE que se está haciendo el remolón. La tardanza provocó una advertencia de la Unión el pasado mes de septiembre, y dio dos meses para desbloquear este "olvido" normativo.

Es un proyecto que ni siquiera ha entrado aún en el Congreso, pero que las formaciones nacionalistas quieren tener ya atado. El componente simbólico e identitario de las lenguas cooficiales no es baladí.

Según señala Efe, la previsión del Gobierno para tener en vigor la norma apunta al primes semestre del año próximo. Son las previsiones que verbalizó el secretario de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras digitales, Roberto Sánchez. Entonces España contará con una red legislativa que permita proteger e impulsar la producción propia y la producción europea. Así, establece que en los catálogos de los agentes audiovisuales, en esencia las plataformas, debe figurar al menos un 30 por ciento de obras europeas. Asimismo, el texto que se está barajando ahora estipula la inversión del 5 por ciento de los ingresos generados en España en películas y series audiovisuales.

Esto en lo que se refiere a los contornos de la ley, del anteproyecto, que es la fase de redacción en la que está ahora. Lo que concierne al blindaje de las lenguas cooficiales no hay tanta concreción, más bien ninguna. El artículo 8 es el que apela a la promoción de su conocimiento y difusión conforme a unos términos vagos. Los partidos nacionalistas, ERC en este caso, pide un porcentaje o un umbral.

Otros descontentos

El PNV es el otro gran aliado parlamentario que concita las preferencias del Gobierno. Fuentes del grupo vasco, aun sin negar la importancia del euskera en la ley audiovisual, recalcan en conversación con EL PERIÓDICO DE ESPAÑA que el malestar es ahora mismo la sensación prevalente, hasta tal punto que la enmienda a la totalidad es una opción más que plausible para la dirección del partido.

El desbloqueo de la 'ley mordaza', de modo que se comience a negociar en el Congreso el texto del PNV registrado hace un año, es un gesto que valora la dirección nacionalista, pero no es ni mucho menos suficiente. Nunca se vinculó el inicio de la derogación de esta norma con la vía libre a los presupuestos del año que viene, recuerdan dichas fuentes.

Lo que quiere el PNV, aparte de una canalización de fondos europeos que permitan poner las bases de un rediseño del tejido industrial vasco, es la transferencia del Ingreso Mínimo Vital y la culminación de las obras de conexión por alta velocidad de Bilbao y de Vitoria. Como con ERC, el Gobierno tiene cuatro días para emitir una señal positiva en este sentido.