Vox aprieta en público. Pero en la Comunidad de Madrid apenas se inquietan. Queda menos de una semana para que el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso presente su proyecto de presupuestos para el año 2022 y todo apunta a que conseguirán el respaldo de Vox para que sean aprobadas en la Asamblea a finales de año, sea con su abstención o con su apoyo. Sin embargo, ante el anuncio que ha hecho hoy la presidenta poniendo fecha a esa presentación, Vox ha optado por intentar poner freno a la complacencia del Ejecutivo y visibilizar en público la falta de acuerdo con el PP.

"Desconozco si ha habido acuerdo con el PSOE, pero con Vox no". Con estas declaraciones, Rocío Monasterio ha buscado distanciarse del Gobierno. Tensa aparentemente la cuerda y simula no estar siquiera negociando los presupuestos en sus declaraciones a los medios e insiste en que no tiene ninguna intención de regalar ese premio a Ayuso si su partido no consigue algo a cambio. Busca, en definitiva, hacerse un hueco y mostrarse indispensable para que el PP consiga sacar adelante un nuevo proyecto de forma que no se vea en la obligación de prorrogarlos una vez más.

Los negociadores: Lasquetty y López

Es cierto, no hay acuerdo cerrado todavía, pero sí una negociación que desde Sol se encargan de enmarcar dentro de lo “previsible” con Vox y no dudan en que los flecos quedarán bien hilados. "El 99% del presupuesto a Vox le da exactamente igual", apuntan fuentes del Ejecutivo de la Comunidad, refiriéndose con ese dato a todo lo que tiene que ver con gastos e inversiones fundamentales para el funcionamiento de la Administración y de los servicios básicos de la Comunidad. Sugieren así que el porcentaje restante está vinculado a cuestiones más ideológicas. Mientras en público Monasterio insiste en que no hay acuerdo ni negociación, lo cierto es que en su entorno reconocen que sí se han sentado con Javier Fernández Lasquetty, aunque para "cuestiones generales". Algo que matizan en el equipo de Ayuso, que apuntan que las negociaciones, además, no solo se llevan con el consejero de Hacienda sino con consejeros que gestionan otros asuntos de interés para Vox o que coordinan la acción de Gobierno, como Enrique López.

Monasterio incide en que para su partido es fundamental la gratuidad de la educación, tanto pública como privada. Esta es la línea roja que establece su partido públicamente, en la que insisten permanentemente. Y sobre este asunto, reitera, no hay acuerdo. Vox intentar erigirse en defensor de las familias que no llegan a fin de mes, repitiendo en la Asamblea que los 500 euros que muchas familias tienen que pagar para llevar a sus hijos a la guardería (privada) no están al alcance de todas ellas y que estos presupuestos tienen que servir para paliar esas necesidades. Sin embargo, Ayuso ya ha dicho que no a esta iniciativa y, a pesar de eso, en su Gobierno están convencidos de poder sacar adelante los presupuestos en las próximas semanas.

El entorno de la presidenta cree tener los presupuestos atados con Vox con la modificación, que no derogación, de parte del contenido de la Ley de Identidad y Expresión de Género e Igualdad de Género o la Ley de Protección Integral contra LGTBIfobia, pero si finalmente Monasterio opta por intentar retorcer el brazo a Ayuso, en el Ejecutivo lo tienen claro: "Que se atrevan a votar con la izquierda", dejando de lado a una presidenta que "ha arrasado" en las últimas elecciones.

Bajada histórica de impuestos

Respecto al contenido de los Presupuestos, Ayuso ha adelantado que incluirán la “mayor bajada de impuestos en la historia de la Comunidad de Madrid” y que, aunque no incluyen la gratuidad en el ámbito educativo que exige su socio preferente, sí conllevan inversiones en nuevas infraestructuras que mejoren la enseñanza.

Su apuesta para las cuentas madrileñas, en línea con el discurso anti Sánchez que abandera la presidenta, es que dobleguen en la medida en que las competencias autonómicas lo permiten, las políticas del Gobierno: “Frente a las subidas de cuotas de autónomos” del Gobierno o sus “hachazos fiscales”, Madrid reducirá el IRPF y contemplará una mayor oferta turística, cultural o tecnológica que promuevan la “prosperidad” de la región.