El secretario primero del Congreso de los Diputados y diputado de Unidas Podemos, Gerardo Pisarello, ha afirmado este jueves que van a transmitir al presidente de la Sala Segunda del Alto Tribunal, Manuel Marchenauna petición para que aclare "qué quiso decir exactamente" en la sentencia que condenaba al parlamentario morado Alberto Rodríguez a una multa de 540 euros por un delito de "atentado a un agente de la autoridad" durante una manifestación celebrada en 2014. La condena conllevaba, además, la inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante un mes y 15 días.

El magistrado remitió un escrito al Congreso para que informase sobre la ejecución de la condena al diputado Alberto Rodríguez. Asimismo, Marchena le pidió a Batet que enviase al Tribunal Supremo el informe en el que señalase la fecha del inicio de cumplimiento de la pena de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo impuesta al diputado de Unidas Podemos, con la finalidad de realizar la liquidación de su condena. Este jueves, Mesa del Congreso ha tomado la decisión de elevar una petición al Alto Tribunal para que vuelva a aclarar los efectos de su sentencia contra el parlamentario del grupo morado.

Pisarello ha recalcado este jueves que "aclarar no quiere decir inventar algo que no se dijo en la sentencia", como valora que hizo el tribunal, dado que, "según los letrados, la sentencia no dice en ningún momento de manera expresa que se pueda privar de su cargo a Alberto Rodríguez de diputado". Por ello, como miembro de la Mesa del Congreso, ha justificado que no es su función "retirarle el acta a nadie". "Cuando te dicen que tienes que ejecutar una sentencia, lees esa sentencia y [esperas] que sea clara para poder ejecutarla", ha indicado.

"El tribunal impone una pena. Si fuera un caso realmente grave, la pena no habría sido una multa de unos cuantos euros, que ya está pagada; hubiera sido una pena muy alta con una sanción grave que justificaría que se perdiera el cargo. Pero, si el tribunal planteó que eran 45 días de pena que podían traducirse en multa, no puede entenderse jurídicamente que un diputado sea privado de su cargo durante dos años", ha reflexionado Pisarello.

Sánchez Serna: "ha habido amenazas en la Mesa"

Por su parte, el también diputado de Unidas Podemos Javier Sánchez Serna ha dicho al respecto de la decisión de la Mesa que su grupo no podía "consentir la interpretación de PP y Vox de que esa notificación tuviera que comportar de manera inmediata que Alberto Rodríguez renunciara a su acta". "Esto hubiera supuesto una privación injustificada de los derechos del diputado", ha agregado.

Sánchez Serna, que ocupa a su vez el cargo de secretario tercero del Congreso de los Diputados, ha hecho hincapié en la "presión" que ha sumado el escrito enviado por Marchena, que ha precipitado "una decisión clara de la Mesa del Congreso". Mientras que "el martes había una mayoría diciendo que no cabía privar de sus derechos al diputado", ha señalado, al plantear la duda el Tribunal Supremo, "ese requerimiento desplaza las decisiones del Congreso".

El diputado de Unidas Podemos ha llegado a confesar que "ha habido amenazas en la Mesa" y que "miembros de la oposición han dicho que, de no tomarse la decisión que querían, podía incurrir la presidenta [Meritxell Batet] en un delito".