Los cinco barones socialistas convocados el próximo 2 de noviembre a una reunión sobre financiación autonómica en Santiago de Compostela, junto a los presidentes populares de Galicia y Castilla y León y el cántabro Miguel Ángel Revilla, han acordado finalmente acudir a este encuentro, pero hacerlo con una postura de partido consensuada. Esta es la solución interna que se ha arbitrado tras las quejas del Gobierno a la presencia de sus dirigentes en este foro, que Alberto Núñez Feijóo anunció entre intensas críticas a Pedro Sánchez y a Cataluña, y su malestar por la organización de las comunidades en grupos de presión. Andalucía, la Comunidad Valenciana, Baleares, por un lado, Castilla-La Mancha, Asturias, Cantabria, Aragón, Galicia, La Rioja, Castilla y León y Extremadura por otro.

Precisamente será este presidente, Guillermo Fernández Vara, del grupo de la España despoblada, nuevo responsable de Política Autonómica del PSOE, quien llamará a Feijóo en las próximas horas para plantear un aplazamiento de la cita en Santiago. Los barones entienden el enfado del Ejecutivo por el modo en que se anunció esta convocatoria y por el encuentro hace unos días de Juanma Moreno y Ximo Puig pero ven difícil dar marcha atrás, una vez que habían confirmado su presencia. De hecho uno de ellos comentaba a este diario que a él le resultaba imposible justificar ahora que no va sólo porque "lo dice Ferraz". Y aducía, además, que en su autonomía se ve con absoluta normalidad los encuentros con otras autonomías, con problemas parecidos, aunque estén gobernadas por el PP.

La realidad, recuerdan varios dirigentes, es que se trata de una reunión que ya se ha celebrado dos veces anteriormente, en León y en Zaragoza, en 2017 y en 2018, en la primera ocasión cuando aún gobernaba Mariano Rajoy. Y como la última fue en territorio socialista ahora tocaba PP y Feijóo ofreció Santiago de Compostela, explican.

Tensión interna en el PSOE

Pero el cónclave del 2-N, que se organizó a raíz del que mantuvieron Valencia y Andalucía, ha revelado la tensión interna en el PSOE -la misma que en el PP- por el debate de la financiación autonómica. Y a la vez la tensión de las comunidades con el Gobierno, que ha tratado de impedir que sus cinco barones acudieran a Galicia y ha pedido que no se evidencien las discrepancias en este tema.

Los socialistas se han conjurado para pactar una postura interna, que a algunos se les antoja imposible de conseguir. Ni en el propio Ejecutivo lo ven factible pero al menos quieren eliminar el ruido añadido del debate y que las autonomías no se organicen en frentes de unas contra otras. Todos entienden que la obligación de cada presidente es "defender los intereses de su territorio". Pero esto no es óbice para que no existan críticas. Desde las más pobladas esgrimen que lo verdaderamente caro en la sanidad "no es la dispersión sino las operaciones graves". Y no entienden por qué Castilla-La Mancha está en ese grupo porque como la Comunidad Valenciana, Andalucía o Murcia está "infrafinanciada".

En noviembre el Ministerio de Hacienda dará a conocer su criterio de población protegida, que será el puntal del nuevo modelo de financiación autonómica, y a partir de ese momento comenzará la negociación. Ni los propios barones socialistas creen que se pueda culminar esta legislatura ante la previsión de un adelanto de las elecciones andaluzas, que tocan en diciembre de 2022, y comience un nuevo ciclo electoral que haga imposible un acuerdo.