La reforma de las pensiones sigue su camino pendiente del segundo paquete de medidas en el que se encuentra el "mecanismo de equidad intergeneracional" que no gusta a los socios del Gobierno. El pasado 30 de septiembre, el ministro de Seguridad SocialJosé Luis Escrivá, superó el primer gran escollo de la tramitación parlamentaria, consiguiendo tumbar la enmienda a la totalidad del PP. En esencia, el punto clave de la ley vincula las pensiones a la inflación (se irán incrementando cada año según el IPC medio del anterior). Además, Escrivá derogó el factor de sostenibilidad impulsado por el PP de Mariano Rajoy. El Ejecutivo consiguió 194 votos para sortear el veto de los populares, indignados con la nueva reforma, que sólo consiguieron el apoyo de Vox. Ciudadanos se abstuvo.

Pero el punto caliente de la nueva ley está en ese nuevo mecanismo de equidad, que levanta muchas suspicacias entre los apoyos habituales del Gobierno, especialmente en ERC. Escrivá siempre ha defendido la necesidad de aprobar con celeridad la reforma de las pensiones al estar comprometida con la Comisión Europea dentro del plan de recuperación, pero también optó por dividirla en dos fases por los riesgos que contenía la segunda, y arriesgándose a que los problemas lleguen ahora. Los fondos europeos están sujetos a las reformas que los países miembros se han comprometido a hacer. Por eso, según ha podido saber EL PERIÓDICO DE ESPAÑA, el ministro sondeó a Ciudadanos en un encuentro de hace semanas para saber si podría contar con sus votos para el segundo paquete de la reforma.

Precisamente en noviembre, el Gobierno tiene que aprobar el polémico mecanismo de equidad intergeneracional que, a ojos de algunos grupos parlamentarios, es "un nuevo factor de sostenibilidad" que existió con el PP. Los republicanos catalanes ya valoraron en su día "los avances de la revalorización de las pensiones en función del IPC", pero criticaron con dureza lo que consideraban "otros aspectos regresivos". 

El ministro Escrivá tiene que atar los apoyos de cara al próximo mes. No solo es ERC. Para tumbar la enmienda a la totalidad del PP el Gobierno contó con muchos apoyos que podrían desaparecer en el segundo paquete de medidas y, una vez más, todos los votos son importantes, especialmente los de los socios habituales. Al estar en duda estos, el Gobierno a menudo mira a Ciudadanos, apelando a su seriedad y sentido de Estado, muy especialmente cuando la exigencia viene de Bruselas

Fue lo que le transmitió Escrivá al grupo que lidera Inés Arrimadas en la última reunión sobre la reforma. El partido naranja confirmó entonces que no presentaría una enmienda a la totalidad, pero se abstuvo en la del PP, evitando apoyar al Gobierno. Y, ahora, según explican fuentes del grupo a este diario, siguen a la espera de ver cómo se articula el mecanismo. El proceso está en marcha desde el primer debate en el Congreso. Superada la primera prueba llega el momento de las enmiendas parciales.

Una de las opciones que está encima de la mesa es hacerlo, precisamente, vía enmienda vinculado a la primera fase de la reforma. ERC, de hecho, pidió que ese mecanismo se tramitara en pleno en vez de en comisión para poder mostrar su disconformidad.

En el grupo naranja no ven con buenos ojos esta solución, porque entienden que una enmienda evitará los informes preceptivos de los órganos habituales. "En vez de acometer una reforma seria con todo lo que debe contener y debatirla, lo ha ido troceando para salvar los muebles", critican diputados del partido naranja. En todo caso, la formación de Arrimadas estudiará en su momento la posición de voto. "Es difícil apoyarlo en esos términos", zanjan.

Lo cierto es que el mecanismo de equidad aún no está pactado, ni todavía cuenta con el apoyo de los agentes sociales. Este último elemento es otro aspecto clave que algunos grupos esperan conocer próximamente. Las prisas del Ministerio por aprobar la segunda parte de la reforma no son casuales: en el calendario, mirando a la Unión Europea, la fecha límite está clara y es el 15 de noviembre.

Ciudadanos fue clave en muchas de las votaciones del año pasado y el anterior, especialmente a las que estaban vinculadas estrictamente con la pandemia. No solo los estados de alarma (en los que fue un apoyo estable para el Gobierno), sino en muchos de los decretos económicos y sociales. Sobre todo, cuando ERC y otros grupos fallaban a Sánchez. También se sentaron a hablar sobre los Presupuestos el pasado año y no lo hicieron con los actuales al entender que el Gobierno había dado preferencia absoluta a los independentistas. El partido naranja busca distanciarse del PP con una posición centrista, capaz de entenderse a izquierda y derecha, que últimamente se le ha vuelto complicada en la Cámara Baja.

Fuentes de la formación no esconden que desde hace meses "pactar algo con el Gobierno" se está volviendo "muy complicado", sobre todo por los apoyos constantes de los nacionalistas vascos e independentistas catalanes. Esta semana, en el debate de las enmiendas a la totalidad de dos leyes clave del Ejecutivo tuvieron una posición variada. Votaron en contra del veto de Vox a la conocida como ley del sí es sí, y se abstuvieron en la del PP. En cuanto a la enmienda conjunta de las dos formaciones de la derecha para devolver el proyecto de ley de memoria democrática, el grupo de Arrimadas votó a favor después de que el Gobierno se negara a apoyar su propuesta para acabar con los homenajes de etarras. El diputado Guillermo Díaz defendió su posición con una intervención que fue aplaudida por partidos rivales.