Las declaraciones como testigo en el caso Gali de la exjefa de gabinete de la Vicepresidencia Primera y de la actual directora de gabinete del Ministerio del Interior -previstas para el lunes 18 de octubre- han quedado suspendidas ante la imposibilidad de confirmar la comparecencia de ambas ante el Juzgado de Instrucción Número 7 de Zaragoza.

Fuentes jurídicas han informado a Europa Press que la declaración de María Isabel Valldecabres, quien fuera número dos de Carmen Calvo, y la de Susana Crisostomo, jefa de gabinete de Fernando Grande-Marlaska, han sido aplazadas hasta nuevo aviso.

El magistrado Rafael Lasala, a cargo de la investigación sobre la entrada en España del líder del Frente Polisario, Brahim Gali, acordó citar a comparecer a ambas mujeres en calidad de testigos y por videoconferencia desde los juzgados de instrucción de Madrid.

Estas declaraciones se sumarían a la serie de testificales que se han practicado en Zaragoza en el marco del procedimiento, en el que ya han sido interrogados --como investigados-- la exministra de Asuntos Exteriores Arancha González Laya y el que fuera su jefe de gabinete, Camilo Villarino.

A la espera de respuestas

El pasado 7 de octubre, en una diligencia de constancia a la que ha tenido acceso Europa Press, el letrado de la Administración de Justicia avisó de que en el juzgado de Zaragoza estaban pendientes de recibir información de las citadas. Este viernes, se ha confirmado vía telefónica a las partes personadas en el procedimiento que las declaraciones del lunes no se celebrarán.

En la diligencia de constancia, el letrado explicó que desde el Juzgado de Instrucción Número 45 de Madrid se le había enviado "un burofax" a la jefa de gabinete del Ministerio del Interior "para llevar a cabo su citación personal el día 4 de octubre" y que ésta "no se presentó en sede judicial".

En consecuencia, avisó que se le enviaría otro burofax para su citación el día 18 de octubre y que "hasta entonces" habría que "esperar a ver si se presenta". Fuentes jurídicas han indicado que finalmente se ha acordado suspender la declaración y que aún no se ha fijado un nuevo señalamiento. Fuentes de Interior han asegurado a Europa Press que la jefa de gabinete de Marlaska, hasta la fecha, no ha recibido ninguna comunicación del juzgado con dicha citación.

La acusación particular de la causa, ejercida por el letrado Antonio Urdiales, reclamó la comparecencia de la jefa de gabinete de Marlaska en el marco de su tesis de que la exministra de Asuntos Exteriores coordinó "con otros Ministerios" la entrada del líder polisario a España. El letrado señaló a la cartera de Interior, "habida cuenta de que la ambulancia que trasladó a Gali desde Zaragoza hasta Logroño fue escoltada por fuerzas policiales", algo que desconoció en sede judicial el exjefe de gabinete de Exteriores.

En el caso de la exjefa de gabinete de la Vicepresidencia Primera, el letrado aseguró que desde el Juzgado de Instrucción Número 39 de Madrid "mandaron un fax y un correo electrónico comunicando que ese día están de guardia" en ese órgano judicial y que, por ende, "no se hacen videoconferencias", por lo que se tendrá que "fijar otra fecha para que se pueda llevar a cabo". Fuentes del procedimiento han confirmado que el lunes no se llevará a cabo el interrogatorio.

Las acusaciones solicitaron la declaración de la que fuera número dos de Carmen Calvo a tras la comparecencia del exjefe de gabinete de Exteriores, quien --según fuentes jurídicas-- señaló a que fuera directora del gabinete de la vicepresidencia primera como conocedora de la entrada de Ghali en España.

Entrada y salida de Gali

El líder del Frente Polisario llegó el pasado 18 de abril en un avión argelino a la Base Aérea de Zaragoza, sin pasar controles de fronteras ni documentación. Desde allí partió en una ambulancia al Hospital San Pedro de Logroño y fue ingresado en el centro sanitario bajo el nombre de Mohamed Benbatouche.

La madrugada del 2 de junio salió de España rumbo a Argelia, después de comparecer ante el juez Santiago Pedraz por varias querellas presentadas en su contra por presuntas violaciones de los Derechos Humanos en los campamentos de refugiados saharauis de Tinduf. El instructor de la Audiencia Nacional no dictó ninguna medida cautelar al no ver indicios de delito que apuntaran a Ghali.