La Mesa del Parlament ha admitido a trámite este martes la petición registrada por cinco grupos parlamentarios para pedir un informe a la Comisión del Estatuto de los Diputados por las declaraciones de la extrema derecha en el hemiciclo durante el debate de política general de la semana pasada. El líder de Vox, Ignacio Garriga, vinculó la inmigración con la delincuencia, por lo que los partidos que firmaron el pacto para aislar a los ultras reclaman que se estudie una posible amonestación o sanción.

ERCPSCJuntsEn Comú Podem y la CUP se remiten al código de conducta para analizar si "las expresiones y afirmaciones, vinculando delincuencia con inmigración, haciendo identificación expresa de la nacionalidad de aquellos que eran presuntos responsables con su nacionalidad y, por lo tanto, por su origen" infringe la normativa del Parlament.

El artículo 7.2 del código de conducta fija que los parlamentarios "deben mantener en todo momento una conducta respetuosa con otros diputados y con los ciudadanos, y una actitud escrupulosa y ejemplar de acuerdo con el principio de igualdad sin discriminación por razón de género, orientación sexual, creencias, ideología, origen o condición social, etnia, lengua o cualquier otra", algo que choca con los alegatos ultras que pronunciaron el 29 de septiembre.

En caso de que la Comisión del Estatuto de los Diputados reconozca la infracción, la Mesa puede establecer sanciones. El artículo 27 establece el régimen sancionador y distingue entre infracciones leves (una amonestación pública o una multa de 600 a 12.000 euros) y graves (que puede llegar a la suspensión temporal del diputado hasta que "resuelva la situación de incumplimiento", si así lo acuerda el pleno).

El portavoz de la extrema derecha, Joan Garriga, ha dicho que su grupo "defiende la verdad" y se ha reafirmado en las declaraciones de su compañero de filas.