El Consejo de Ministros aprobará en su reunión de este martes, o si hay algún problema de última hora el siguiente, el anteproyecto de ley general de comunicación audiovisual que introduce nuevas fórmulas de financiación para la Radio Televisión Española (RTVE) con la inclusión de cierta publicidad, aunque de forma limitada, al mismo tiempo que obliga a plataformas como Netflix a subvencionar la televisión pública, como también lo hacen las televisiones en abierto y de pago.
La nueva norma, que traspone la directiva europea, tiene por objetivo adaptar la legislación española a la nueva realidad del mercado en la que, además de las televisiones tradicionales, tienen enorme relevancia nuevos servicios audiovisuales impulsados por tecnologías digitales. Finalmente no regula a los "prestadores de servicios de comunicación audiovisual que se soportan en plataformas de intercambio de vídeos" ('influencers'), como había reclamado con insistencia la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. Después de varias modificaciones (dos consultas públicas, incluidas), y con cierto retraso, pues la transposición de esta ley debería haberse realizado antes del mes de septiembre del año pasado, el anteproyecto de ley de comunicación audiovisual será enviado previsiblemente este martes al Congreso de los Diputados.
La versión final, a la que ha tenido acceso El Periódico de Cataluña, diario que pertenece a este grupo, Prensa Ibérica, además de obligar a las plataformas americanas a contribuir a la producción nacional de películas y series, también da luz verde a la televisión pública para realizar algunos tipos de publicidad con la que financiar sus servicios como las televentas (emisión exclusivamente dedicada a vender un producto como la 'teletienda'), los patrocinios (convenio entre una marca y un programa como El Corte Inglés con el programa Masterchef --en este caso se ha podido hacer hasta ahora porque se permitían los patrocinios culturales y el 'talent' culinario está así considerado--) y el emplazamiento de productos (inserción de un producto, marca o mensaje dentro de una emisión como podría ser la presencia de latas de Coca Cola durante un magazine de la cadena, por ejemplo).
Además, Televisión Española también podrá emitir programas y retransmisiones deportivas con contratos de patrocinio y realizar publicidad en canales internacionales y en el ámbito digital, insertar publicidad en los canales de RTVE en plataformas de intercambio de vídeos generados por el usuario o funcionalidades digitales que permitan el acceso a sus contenidos con posterioridad a su emisión lineal.
La ley de financiación de la Corporación de 2009 supuso un cambio estructural del modelo de financiación del ente público al eliminar los ingresos que obtenía la corporación mediante la publicidad, salvo algunas excepciones relativas a patrocinios y el intercambio publicitario de eventos deportivos y culturales sin valor comercial, así como los patrocinios difundidos a través de los canales internacionales, a las que ahora el Gobierno quiere añadir nuevas comunicaciones comerciales.
Pero esta no es la única novedad que afectará a la financiación de RTVE. El texto también incluye la exención del pago directo a RTVE de las 'telecos'. Esto es una tasa del 0,9% de sus ingresos brutos anuales que llevan pagando Telefónica, Vodafone y Orange desde hace diez años y que incluso llegaron a recurrir en los tribunales sin demasiado éxito. Finalmente, el ministerio de Asuntos Económicos que comanda Nadia Calviño ha accedido a eliminar esta tasa, dentro del paquete de medidas elaborado por el Gobierno para favorecer la inversión de las operadoras en el despliegue de la nueva generación de telefonía móvil, conocida como 5G.
En el lado contrario, se obliga a todos los agentes presentes en el mercado audiovisual (televisión en abierto, televisión de pago, prestadores de vídeo bajo demanda y plataformas de intercambio de vídeos) a financiar la televisión pública. Es decir, las operadoras de telecomunicaciones tendrán que seguir pagando el 1,5% de sus ingresos anuales por la prestación de servicios audiovisuales (televisión) y, como gran novedad, a partir de la entrada en vigor de la ley, también tendrán que pagar esta cuota las plataformas americanas como Netflix o HBO por sus emisiones en este país.
Esta aportación deberán realizarla tanto aquellos prestadores que estén establecidos en España como los que estén en otro país de la UE, siempre que ofrezcan sus servicios en España. Si bien es cierto que existe una enorme controversia entorno a lo que estas plataformas declaran en España y la norma no establece ninguna cláusula a este respecto. De hecho, el anteproyecto obliga a todas las empresas audiovisuales, incluyendo las plataformas, a inscribirse en un registro, pero con el objetivo de tener información sobre su estructura de propiedad, no sobre sus clientes o sus ingresos.
Por otra parte, se mantiene el porcentaje del 3% de sus ingresos anuales como aportación de las televisiones en abierto a la corporación pública. El texto también especifica que en el caso de compañías que cuentan con televisión en abierto y plataformas de pago tendrán que aportar por la doble vía, es decir, un 3% de sus ingresos como canales en abierto y un 1,5% de la facturación por la plataforma de pago. Y también la tasa por el uso del espectro radioeléctrico, que pagan las operadoras de telecomunicaciones, y que aumenta hasta los 480 millones de euros, aproximadamente 100 millones de euros más de lo que venían pagando anualmente.
