Tres años son muchos para casi todo, pero con pandemia y repetición de elecciones de por medio pueden parecer eternos. A uno de los que probablemente se le hayan hecho más largos es al presidente del Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes, que ya en el acto de apertura del año judicial de 2018 aprovechó su intervención para despedirse del Rey y los altos cargos judiciales, fiscales y políticos que se habían desplazado al alto tribunal. Lo hacía porque el 4 de diciembre de ese año acababa el mandato del actual Consejo, pero esa renovación, que la Constitución prevé que se produzca cada cinco años, aún no se ha producido y no hay visos de que esté cercana.

Por eso Lesmes volverá a despedirse este lunes, en el acto de apertura de tribunales de este año, por cuarta vez. Además de en cada acto de apertura del año judicial celebrado desde entonces, el presidente del Supremo y del CGPJ se ha dirigido varias veces a las Cortes para recordarles su obligación constitucional: la primera vez fue en agosto del año que el mandato caducaba para que las Cámaras supieran que tendrían que actuar y la segunda, en enero de 2019, al ver que no se habían producido avances.

Desde que en 2018, "año de finalización del actual mandato del Consejo General del Poder Judicial”, Lesmes quiso “agradecer públicamente el compromiso y la lealtad institucional mostrada por los vocales del Consejo” que le habían acompañado en los cinco años anteriores, porque iban a abandonar su responsabilidad ese “mes de diciembre” cuando “las Cortes Generales cumplan con su deber constitucional y procedan a la renovación de esta institución”, el presidente del Supremo se ha visto obligado a coger experiencia en fórmulas de despedida.

Sin dimisión

Pese a ello, fuentes del órgano de gobierno de los jueces descartan que Lesmes se plantee dimitir para forzar la renovación, porque considera que lejos de solucionar el problema lo acrecentaría, pero fundamentalmente, porque la responsabilidad de que no se produzca el recambio en los plazos previstos en la Constitución no recae en él, sino en los partidos. No obstante, desde el Consejo no se atribuye toda la responsabilidad al PP, pese a que sus argumentos para negarse siempre han sido independientes de las cualidades de los candidatos a vocal presentados. Las fuentes consultadas destacan que para dialogar también es necesario un cierto clima de tranquilidad que entienden que no se da por ninguna de las partes.

En cualquier caso, ver cómo Lesmes recuerda la obligación de los grupos de renovar el Consejo durante su intervención en el acto de apertura del año judicial, ante la ministra de Justicia, Pilar Llop, cuya presencia ha sido anunciada, y los representantes de la oposición que se desplacen al Supremo, será un buen indicativo de a quién responsabiliza la cúpula judicial de la falta de renovación del Consejo.

Situación no preocupante

La reciente reforma legislativa que le impide realizar nombramientos mientras se encuentre en funciones no supone de momento una situación grave en el Tribunal Supremo o en los Tribunales Superiores de Justicia, aunque en ningún caso sea la ideal y, de prolongarse mucho más, pueda acabar produciendo una atrofia, como denunció en un informe el propio Consejo. La sala del alto tribunal con más vacantes generadas por jubilaciones y algún fallecimiento es la Tercera o de lo Contencioso-Administrativo, en la que se acumulan media docena de plazas por cubrir.

A lo que no afecta en ningún caso la falta de renovación es a la independencia judicial, porque esta la ejerce cada juez y estos están sometidos únicamente al mandato de la ley; que el Consejo les dirija alguna instrucción está prohibido expresamente por la ley.

Desde que se inició el trámite de renovación con la presentación de candidaturas por parte de los jueces, la legislación también se modificó para introducir la exclusividad de todos los vocales y no sólo de los que formen parte de la Comisión Permanente, lo que pudo contribuir a que concurrieran algunas que ahora no lo harían.