El Gobierno confía en que las vacaciones le sirvan como periodo de reflexión a Pablo Casado, y vuelva el líder del Partido Popular en septiembre dispuesto a desbloquear la provisionalidad que sufre el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). O al menos esa es la esperanza que ha verbalizado la ministra portavoz, Isabel Rodríguez, este martes en rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, no dando todavía por perdida una renovación del Consejo en esta legislatura.

La reunión del Ejecutivo, la última ordinaria en periodo lectivo, se ha celebrado un día antes de que el gobierno de los jueces cumpla 32 meses en funciones por tener sus miembros agotado su mandato, y día y medio después de que los dos máximos dirigentes del PP, Casado y el secretario general, Teodoro García Egea, se pronunciaran enfriando todas las expectativas de un acuerdo con el PSOE.

Con entusiasmo perfectamente descriptible, la ministra Rodríguez ha dicho, a preguntas de los periodistas: "Espero que, si el señor Casado tiene unos días de descanso, pueda reflexionar sobre ello y vuelva al inicio del curso con la convicción de que debe cumplir con los deberes que le impone la Constitución". Es algo, ha insistido, que Casado debe hacer ""si de verdad", y como asegura, se posiciona "en defensa de la Constitución".

La portavoz ha hecho este llamamiento a sentarse no como una opción, sino como un deber. "Son mandamientos constitucionales; no debe ser un deseo del señor Casado que le apetezca o no renovarlos", ha dicho, tras insistir en la disposición de Moncloa a "acordar con el principal partido de la oposición lo que son mandatos constitucionales".

Este domingo, Casado se reafirmó en Twitter en que "Sánchez debe dejar de bloquear la renovación del CGPJ (...). Si sacan las manos de la Justicia podremos llegar a un acuerdo de inmediato". Y García Egea aseguró en una entrevista con Europa Press: "Pedro Sánchez debe abandonar toda esperanza de que el PP entre a participar de un proceso en el que no se avance en la independencia judicial".

El CGPJ no es el único ente clave para el sistema que se encuentra bloqueado por falta de acuerdo para su renovación. También lo están el Tribunal Constitucional (con cuatro de sus magistrados con mandato caducado desde hace un año y medio), el Defensor del Pueblo (el socialista Francisco Fernández Marugán ejerciendo en funciones desde julio de 2017) y el Tribunal de Cuentas, cuya presidenta, María José de la Fuente, cumplió mandato el pasado 23 de julio.