Las acusaciones personadas en el denominado caso Kitchen y alguna defensa han solicitado al juez que continúe con sus pesquisas al frente de esta supuesta operación "parapolicial" de espionaje al extesorero del PP Luis Bárcenas en busca de documentación sensible para el partido y sus dirigentes.

Lo hacen precisamente en respuesta a una petición del magistrado que instruye esta causa en la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, quien el pasado 21 de junio solicitó a las partes que informasen si querían prorrogar la instrucción de esta pieza separada que dimana del caso Villarejo más allá del 29 de julio. El artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (Lecrim) fija en un máximo de un año la investigación de la causa, si bien, si antes de ese plazo el juez constata que no es posible finalizar la instrucción puede ampliarla por periodos de seis meses de oficio o a instancia de parte y tras oír a las partes personadas.

A lo largo de los días, algunas defensas y acusaciones han ido respondiendo a la petición del juez y varias ya se han mostrado favorables a que la investigación siga en marcha.

Uno de los que lo ha hecho ha sido precisamente su principal perjudicado, el extesorero del PP Luis Bárcenas, en prisión por el caso Gürtel, quien ha informado a favor de que se prorrogue la instrucción al menos seis meses más, según informan a Efe fuentes jurídicas. También las acusaciones populares ejercidas por Podemos y el PSOE, indican las fuentes consultadas.

Esta última entiende esa prórroga, según el escrito presentado al juez, "totalmente necesaria y pertinente", entre otras razones porque se levantó el secreto de una parte de la pieza el 15 de junio y hasta entonces las partes no han podido acceder a la "ingente documentación", aunque todavía, subraya, no disponen de su totalidad. También defensas como la del exministro del Interior Jorge Fernández Díaz o la del exsecretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez han apoyado que continúe la investigación, de acuerdo a las fuentes consultadas.

Posturas que se conocen apenas unas semanas después de las últimas imputaciones de la causa: la de la ex secretaria general del PP María Dolores de Cospedal; su marido, Ignacio López del Hierro; su jefe de gabinete durante años José Luis Ortiz; y el exjefe de la UDEF José Luis Olivera. Los cuatro han declarado esta semana ante el juez desvinculándose taxativamente de la operación, presuntamente orquestada desde el Ministerio del Interior entre 2013 y 2015 y pagada con fondos reservados, que habría tenido por objetivo conseguir documentos sensibles para el PP que guardaba Bárcenas con el fin de impedir que llegasen al juez que entonces investigaba el caso Gürtel y la presunta caja b del partido.

Quien no va a pedir esa prórroga de la investigación es el comisario jubilado José Manuel Villarejo, quien comparece este viernes ante el juez, ni algún otro antiguo mando policial involucrado en la operación, según las fuentes.