La Abogacía del Estado solicita un total de 25 años de cárcel para Jordi Pujol Ferrusola, 17 y medio para su exesposa Mercé Gironés y 4 años y medio para Josep Pujol Ferrusola, por cinco delitos fiscales entre otros delitos, en el 'caso Pujol'. Una petición que difiere mucho de la de la Fiscalía Anticorrupción, que pedía nueve años de cárcel también para el expresidente de la Generalitat Jordi Pujol Soley por los delitos de asociación ilícita y blanqueo de capitales que entiende que cometió junto al resto de su familia, "al menos desde el año 1991", con "la ingente cantidad de dinero" que ocultaron en Andorra, fruto del "favorecimiento a determinados empresarios para que resultaran adjudicatarios de distintos concursos públicos de la administración pública catalana".
Mientras que Anticorrupción solicitaba penas para todos los miembros de la familia Pujol, menos Marta Ferrusola, que ha sido exonerada por demencia sobrevenida, el escrito de los servicios jurídicos del Estado, al que ha tenido acceso este diario, solo se dirige contra los dos hermanos, Gironés y los 10 empresarios a los que atribuye un delito de falsedad mercantil por las facturas que presuntamente alteraron para ocultar el pago de comisiones.
El escrito, que atribuye a la pareja un fraude a Hacienda que asciende a los 7,7 millones de euros, en cambio, sí coincide con el fiscal al afirmar que "la investigación ha puesto de manifiesto que a lo largo de los años los miembros de la familia Pujol allegaron grandes cantidades de dinero, prevaliéndose del cargo que Jordi Pujol Soley ostentó como presidente de la Generalitat(1980-2003), cantidades que distribuyeron entre sí los miembros de la familia, manteniéndolas ocultas a la Hacienda Pública sin tributar por ellas".
El primogénito y su madre
Al frente del operativo estaban el primogénito y su madre, y la mecánica consistía en ingresos en efectivo en sus cuentas andorranas y de terceros, así como el reparto del dinero entre todos los hermanos, que abrían cuentas en entidades andorranas y las cancelaban simultáneamente. También coincidieron en la apertura de estructuras off-shore, controladas por testaferros "con la finalidad declarada y admitida de ocultarlos a la Hacienda". Añade que en 2014 varios miembros de la familia regularizaron su situación ante Hacienda, pero Josep lo hizo de forma incompleta y su hermano mayor ni siquiera llegó a hacerlo.
Según la Abogacía del Estado, "la investigación realizada ha puesto de manifiesto la muy notable obtención de rentas por Jordi Pujol Ferrusola, con la imprescindible colaboración de quien era su cónyuge, Mercé Gironés, sin motivación económica alguna que las soporte. El embolsamiento de fondos fue ocultado a la Hacienda Pública española, se articuló mediante la utilización de sociedades meramente instrumentales, carentes de medios personales ni materiales suficientes ni adecuados para prestar ningún servicio y ello con la necesaria y directa colaboración de Gironés que se posicionó formalmente al frente de dichas sociedades, si bien todos los pagos no declarados que se relacionan a continuación obedecieron única y exclusivamente a la mera presencia de Jordi Pujol Ferrusola".
Penas similares
La petición de pena para Jordi Pujol júnior y Gironés es similar a la que solicitaba para ambos la fiscalía, porque les atribuye, además de la falsedad, cinco delitos fiscales, blanqueo de capitales y frustración en la ejecución. La petición fiscal para él era de 29 años de cárcel por los mismos delitos que atribuía al padre más los de falsedad en documento mercantil, cinco contra la Hacienda Pública y frustración de la ejecución, y 17 para ella. En el caso de Josep, la Abogacía del Estado le atribuye el delito de falsedad y uno fiscal.
El resto de hermanos y el expresidente catalán no son acusados por esta parte, mientras que Anticorrupción acusaba a todos ellos, aunque atribuía al primogénito un papel determinante, al señalar fue el designado por el matrimonio Pujol-Ferrusola para gestionar los fondos que tenían en Andorra y para que se ocupara de distribuirlos entre todos los miembros de la familia.
Para Josep Pujol, la petición de pena se queda en 14 años de cárcel por asociación ilícita, blanqueo, delito fiscal y falsedad. El resto de los hermanos, Pere, Oleguer, Oriol, Mireia y Marta, se enfrentan a ocho años, por los dos primeros delitos. Aunque el juez proponía juzgar a los miembros de la familia Pujol por organización criminal, la fiscalía se ha decantado por el delito de asociación ilícita, al ser el previsto cuando se inició la conducta presuntamente delictiva que les atribuye y considerarlo el más beneficioso para el reo. Por el blanqueo pide, además, que se les imponga una multa por el importe al que ascendió: 38,8 millones de euros, 8 de dólares, 2,7 de marcos y 95.350 libras.
