El Gobierno ha reconocido este martes que las cifras de asesinatos machistas de los últimos días (nueve víctimas mortales desde que finalizó el estado de alarma) les obliga a "acelerar" y "estar alerta", porque todavía queda "un largo camino por delante" en la lucha contra la violencia de género.
Así lo ha dicho la portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, en la que ha recordado que este último mes de mayo ha sido "especialmente duro", con siete mujeres y el hijo de una de ellas asesinados, "vidas arrebatadas por el odio y mezquindad machistas de personas que entienden que la pareja es de su exclusiva propiedad".
Ha recordado que el Ministerio de Igualdad está revisando los protocolos y herramientas de las instituciones para luchar contra la violencia machista y quiere dar estabilidad al Pacto de Estado con un mecanismo que esté "bien financiado". Pero ha reconocido que "tenemos que acelerar" porque la cifra de los últimos días "nos obliga a estar alerta y a reconocer que todavía queda un largo camino por delante".
En este sentido, ha asegurado que el Ejecutivo trabajará "sin descanso" para eliminar los discursos que cuestionan este tipo de violencia. "Queremos que se acaben los discursos negacioncitas que están poniendo en peligro a las mujeres y menores que necesitan la protección de la sociedad".
Para luchar contra la violencia machista, el Consejo de Ministros ha aprobado la propuesta de distribución entre las comunidades autónomas, Ceuta y Melilla de los créditos presupuestarios destinados al desarrollo del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, por importe de cien millones de euros.
El acuerdo irá ahora a la Conferencia Sectorial de Igualdad, órgano en el que participan los gobiernos autónomos, para su ratificación y en ella se aprobarán los criterios de reparto, atendiendo a la población, extensión geográfica, o necesidades específicas. Montero ha destacado que esta distribución de fondos evidencia el "firme compromiso" del Ejecutivo con la erradicación de la violencia machista. "El Gobierno está invirtiendo los mayores recursos de la historia para erradicarla", ha subrayado.
"Los fondos que aprobamos hoy salvan vidas. Pero para llegar siempre a tiempo para todas las mujeres también debemos modernizar los protocolos, herramientas y actuaciones para erradicar la violencia de género, y hacer permanente el Pacto de Estado y su financiación", ha apuntado por su parte la ministra de Igualdad, Irene Montero, en un mensaje en Twitter.
Ha destacado que no se trata de "un mero trámite administrativo", sino de "proteger vidas y erradicar la violencia machista" y ha explicado que desde el Ministerio se lleva a cabo un seguimiento del uso de estos fondos para comprobar el destino específico y su ejecución. "Para acabar con la violencia estructural contra las mujeres necesitamos unidad feminista e institucional", ha enfatizado la titular de Igualdad.
La distribución de fondos por comunidades tendrá en cuenta distintas variables como la insularidad (4 millones), su posición como ciudad fronteriza (2 millones), el número de mujeres de cada territorio (42,5 millones), así como el número de mujeres con trabajo temporal o paradas (20 millones), mayores de 65 años, extranjeras y con discapacidad (2,5 millones en cada uno). También se valoran cuestiones como la dispersión poblacional y la población rural, con un reparto de 14 y 10 millones respectivamente.
Así, según los criterios de distribución propuestos por el Gobierno, las comunidades que más fondos recibirán en 2021 serán Andalucía (15,08 millones), Cataluña (12,96 millones), Madrid (10,76 millones), Comunidad Valenciana (8,73 millones), Galicia (7,87 millones) y Castilla y León (7,39 millones).
Le siguen Castilla-La Mancha (6,23 millones), Canarias (5,88 millones), Aragón (4,67 millones), Extremadura (4,61 millones), Baleares (4,11 millones), Murcia (3,42 millones), Asturias (2,86 millones), Cantabria (1,55 millones), La Rioja (1,51 millones), Melilla (1,15 millones) y Ceuta ( 1,14 millones).
Los cien millones anuales sustentan el desarrollo del Pacto de Estado y se destinan a mantener y mejorar las redes y servicios de atención a las víctimas, impulsar su inserción sociolaboral y potenciar los protocolos de coordinación entre las administraciones e instituciones competentes. Entre las medidas del Pacto destacan también el establecimiento de un sistema de acompañamiento de las mujeres, el refuerzo de los servicios de apoyo a los menores, de los puntos de encuentro familiar y de las unidades de valoración forense integral y el impulso de la formación especializada de los distintos agentes implicados en la atención de las víctimas.
