La Audiencia Nacional ha suspendido de forma cautelarísima la aplicación en la Comunidad de Madrid de las restricciones al ocio nocturno, la hostelería y los eventos acordadas en el Consejo Interterritorial de Salud y publicadas el sábado en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

La Comunidad de Madrid ha presentado ante la Audiencia Nacional un recurso contencioso administrativo contra esas medidas y ha pedido su suspensión como medida cautelarísima (sin ni siquiera escuchar a la otra parte) para impedir "un daño inmediato, irreparable e insubsanable".

La Audiencia, en un auto al que ha tenido acceso EFE, accede a esa petición ante "el riesgo de generar situaciones de incertidumbre y de menoscabo (que pudiera ser grave) a los intereses de los afectados últimos por la decisión de imponer restricciones distintas a las ya existentes".

"Si no se adoptara ahora la medida cautelarísima, y se esperase a la adopción de una medida tras la tramitación ordinaria de la pieza separada de medidas cautelares, el escenario de incertidumbre se vería seriamente agravado y perjudicado si se admite un cambio en el nivel de restricciones", añade.

Una vez adoptada esa decisión, contra la que no cabe recurso, la Sala da tres días de plazo al Gobierno central para que presente alegaciones. Entonces decidirá si mantiene la suspensión o reactiva las medidas.

En concreto, la Audiencia Nacional ha suspendido de forma cautelarísima las restricciones relacionadas con el ocio nocturno, la hostelería y los eventos multitudinarios acordadas en el Consejo Interterritorial de Salud con la oposición de Madrid y otras cuatro comunidades autónomas (Andalucía, Murcia, Galicia y Cataluña) y publicadas el sábado en el BOE.

Estas medidas contemplan la reapertura del ocio nocturno hasta las 3 de la madrugada y con determinadas condiciones en los territorios de menor incidencia (nivel 1 de riesgo o nueva normalidad), es decir, los que cuentan con menos de 50 casos por cada 100.000 habitantes.

Sin embargo, también da la opción de que las comunidades con un nivel 2 de alerta (con una incidencia de entre 50 y 150), como es el caso de Madrid, reabran estos locales si los indicadores de ocupación de camas hospitalarias y de UCI y la tasa de positividad presentan una "evolución favorable".

En el caso de la hostelería, la orden ministerial establece el cierre hasta la una de la madrugada como máximo, sin poder admitir nuevos clientes a partir de la madrugada, como había establecido la Comunidad de Madrid en su propia normativa.

La diferencia fundamental está en los aforos: en los territorios fuera de los niveles de riesgo el aforo permitido será de 50 % en interior pudiéndose incrementar en un 10 % si se garantiza un alto nivel de ventilación, mientras que en las terrazas al aire libre se podrán ocupar la totalidad de las mesas.

En cambio, en el nivel de alerta 2, como Madrid, el aforo en interior se reduce a un tercio y en exterior a un 75 %, en ambos casos con una ocupación máxima por mesa de seis comensales.

La Comunidad de Madrid había establecido en su propia normativa un aforo del 50 % en el interior de la hostelería y del 75 % en terrazas con un máximo de seis y ocho comensales por mesa, respectivamente.

Respecto a las medidas de eventos multitudinarios, la orden ministerial señala que los organizadores deberán hacer una evaluación del riesgo junto a la autoridades locales y, en función de esta evaluación, "implementar las medidas específicas adicionales de reducción de riesgos de transmisión si fuera necesario".

Galicia irá al Constitucional

Por su parte,  el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha avanzado este lunes que Galicia presentará un conflicto de competencias ante el Tribunal Constitucional por "invasión de competencias" en caso de que el Gobierno no modifique la normativa sobre horarios en la hostelería.

Tras participar en un acto con el consejo asesor de la Confederación de Empresarios de Galicia (CEG), Núñez Feijóo ha valorado que "la redacción última en el BOE haya mejorado y "ya no sea obligatorio para las comunidades seguir los parámetros epidemiológicos que señalaba como obligatorios la resolución inicial" tras el Consejo Interterritorial de la pasada semana.

"Dicho esto, que es un avance, seguimos en desacuerdo con un horario rígido en la hostelería y con una norma rígida hasta que se consiga la inmunidad", ha continuado Núñez Feijóo, que ha advertido que si no hay una modificación esta semana la Xunta presentará un recurso ante el Constitucional por "invasión de competencias" autonómicas.

El presidente gallego ha confiado en que entre este martes y el miércoles sea posible "recuperar el consenso" que había antes de las medidas "impuestas de forma precipitada" la pasada semana y que el Gobierno permita "flexibilizar" la normativa y aplicarla de modo "gradual, prudente y proporcional" en función de la situación epidemiológica en cada territorio.

En caso contrario, ha insistido, la Xunta acudirá a los tribunales.

Núñez Feijóo ha asegurado que Galicia se acerca a los 50 casos de incidencia acumulada por cada cien mil habitantes a dos semanas, el umbral de la denominada "nueva normalidad", por lo que la situación es "de clara mejoría", con niveles similares a agosto de 2020, ha incidido.

Según el titular de la Xunta, si el Gobierno se aviene a una aplicación flexible de la normativa, en función de la situación de cada comunidad, Galicia podría relajar las limitaciones en las reuniones en el exterior, por ejemplo. "Vamos a ver si entre todos impera el sentido común y no los marcos rígidos, que no valen para momentos de mejora constante y continua de los índices", ha concluido.

El Ministerio de Sanidad buscará alternativas consensuadas

El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, ha asegurado este lunes que el Ministerio de Sanidad y los consejeros autonómicos buscarán "alternativas lo más consensuadas posibles" para poder sustituir las medidas que no se puedan aplicar por "motivos judiciales".

En este sentido, Simón ha explicado que el Ministerio de Sanidad "y las partes más técnicas" han tratado de mantener "una posición negociadora", de "mayor consenso a la hora de implementar y proponer medidas".

Así, ha señalado que la intención del departamento dirigido por Carolina Darias es seguir aplicando "con la mayor seguridad" las medidas sanitarias contra el coronavirus mientras no esté la población "lo suficientemente inmunizada". Además, ha aclarado que si las medidas que se proponen y "se han acordado no se pueden aplicar por motivos judiciales" se buscarán otras "más consensuadas para poder sustitutiva". Por último, ha pedido "evitar judicializar" el "control de la pandemia".