El Juzgado de Primera Instancia número 1 de A Coruña ha dictado una providencia por la que resuelve dejar en suspenso la mudanza de los bienes del pazo de Meirás hasta resolver los incidentes de ejecución de sentencia presentados por el Estado y el Concello de Sada. La jueza Milagritos Belso Sempere recuerda que esta posibilidad ya había sido planteada por la Audiencia Provincial en la resolución en la que revocó el depósito cautelar de los bienes y apuntó a la posibilidad de que las partes demandantes recurriesen a la vía del incidente para “discutir y resolver sobre la extensión del fallo que se ejecuta”. El juzgado da cinco días de plazo para recurrir esta providencia.

El futuro del mobiliario, obras de arte y otras piezas que atesora la antigua residencia de Emilia Pardo Bazán y el dictador Francisco Franco está en el aire. La jueza deberá ahora examinar los incidentes de ejecución para determinar qué bienes pueden retirar los herederos de Francisco Franco y cuáles deben permanecer en este inmueble, que el juzgado de primera instancia y la Audiencia consideran de titularidad estatal.

Aunque todas las administraciones codemandantes (Xunta, Diputación y concellos de Sada y A Coruña) recurrieron la diligencia que da vía libre a los hermanos Martínez-Bordiu a vaciar el pazo, solamente el Estado y el Ayuntamiento sadense presentaron un incidente de ejecución, que tiene efectos suspensivos. El Estado y Sada discrepan a la hora de señalar qué elementos deben permanecer en Meirás. Los Franco presentaron ayer un escrito de impugnación a los recursos de reposición en el que avanza ya estrategia de cara a defender la retirada los bienes.

A continuación, un repaso de los argumentos de cada parte.

¿Qué defiende el Estado?: La titularidad de los bienes “inseparables” de Meirás. La Abogacía del Estado detalla en su incidente 133 bienes que, defiende, merecen la consideración de bienes muebles por aplicación del artículo 334 del Código Civil, es decir, aquellos que deben considerarse “inseparables” del pazo de Meirás. En su relación, recoge desde construcciones de todo tipo adheridas al suelo, como hórreos o fuentes a otro tipo de bienes, como esculturas, librerías, pilas bautismales u objetos ornamentales colocados “con el propósito de unirlos de modo permanente” al pazo. El listado incluye también muebles, tapices y conjuntos, como el retablo de la capilla que, por su colocación, obedecen al propio diseño del pazo de Meirás, alega el Estado. El Gobierno avanza en su incidente que reserva las acciones oportunas para recuperar otros que pueden tener la consideración de bienes de dominio público afectos al Patrimonio Nacional.

Sada amplía la reclamación a los bienes que atesoraba el pazo en el momento de su venta 1938 y los afectos al servicio público de la residencia de la Jefatura del Estado hasta 1975 . El Concello de Sada también incluye en su incidente de ejecución los bienes que deben tener la consideración de inmuebles en aplicación del artículo 334 del Código Civil, pero defiende además la titularidad estatal de los muebles, obras artísticas y otras piezas que atesoraba el inmueble cuando fue vendido en 1938 a la Junta Pro Pazo. Recuerda que la propia escritura recoge que As Torres se vendieron “con todos los bienes que en el mismo se encontrasen” (salvo la biblioteca, regalada a Franco). Sada demanda así la titularidad de los muebles y obras de arte de la época de Emilia Pardo Bazán y extiende además su demanda a todos aquellos bienes que estuvieron afectos al servicio público de la residencia de la Jefatura del Estado hasta 1975.

Los Franco dejan “claro” que no piensan llevarse los bienes considerados inseparables del pazo. En su escrito de impugnación a los recursos de reposición, los Franco califican de “lesión del honor” que las administraciones apelen a supuestos “desmanes a modo de apropiación de bienes que forman parte del pazo”. Los abogados que han contratado para defender sus intereses en este procedimiento, los coruñeses Eduardo Ferreiro y José Ramón Tallín, recalcan, “para que quede claro”, que los hermanos Martínez Bordiu no se plantean retirar los bienes considerados inmuebles por destino, como un hórreo o un cruceiro o “nada que en la interpretación más extensiva, pudiera significar un detrimento del inmueble”. Los Franco acusan a las administraciones de pretender “dilatar todo lo posible la entrega de los bienes” y consideran que, tras este “nuevo bandazo del Estado y sus coadyuvantes”, subyace “una intencionalidad política y el titular del periódico”. Los herederos del dictador defienden que la Audiencia ha decretado ya que pueden retirar los bienes muebles del pazo al no haber sido objeto de la demanda y dedican buena parte de su recurso a intentar desmontar el incidente del Concello de Sada. A pesar de que ponen en duda su legitimidad para presentarlo, los Franco entran en el fondo para intentar rebatir una a una sus conclusiones.

Los bienes de Meirás, sin amparo BIC por las discrepancias jurídicas de Xunta y Estado

Los trámites para proteger los bienes del pazo de Meirás se hacen de rogar. La Xunta se niega a modificar el decreto por el que declaró Bien de Interés Cultural As Torres para incluir los muebles, obras de arte, piezas y enseres asociados a este sitio histórico. El Gobierno gallego apela a informes jurídicos contrarios a los de la Abogacía del Estado, que concluyen que no es su competencia incoar el expediente y que hacerlo “pondría en riesgo la tesis principal del pleito”. Argumentan que la Ley de Patrimonio establece que es competencia del Gobierno tramitar los BIC de inmuebles adscritos a un servicio gestionado por la Administración General del Estado” y arguyen que las sentencias que dictaminaron que el pazo es patrimonio estatal adscrito a la jefatura del Estado. Piden, por ello, un convenio con el Estado, que les “habilite” para realizar el trámite. La Abogacía discrepa y en su informe argumenta que desde 1975, con la muerte de Franco, el pazo no está adscrito a ningún servicio público gestionado por el Estado y que tampoco forma parte del Patrimonio Nacional. La vía de la ampliación del BIC para incluir los bienes ha sido defendida por todas las administraciones y las entidades memorialistas . Es, dicen, crucial para garantizar su permanencia en Meirás, dado que los Franco tendrían que obtener autorización para su traslado. A día de hoy, si el juzgado da luz verde a su retirada o solo blinda los considerados inmuebles por destino, los Franco podrían retirar innumerables piezas, muebles, obras de arte y enseres, a los que sería imposible seguirles la pista. El alcalde de Sada, Benito Portela, criticó ayer la “pasividad” de la Xunta y lamentó que el conselleiro de Cultura, Román Rodríguez, no atienda sus llamadas ni las devuelva desde hace días.