La Audiencia de Barcelona ha iniciado los trámites para averiguar si PDeCAT y JxCAt son sucesoras de CDC y, como tales, deben asumir el pago de los 6,6 millones de euros decomisados a la extinta formación por el cobro de comisiones ilegales a través del Palau de la Música.

En un auto, la sección décima de la Audiencia de Barcelona acuerda abrir una pieza separada para resolver sobre la sucesión de CDC y, para ello, requiere los planes de liquidación del concurso presentado por el extinto partido, la inscripción de JxCat como formación y su certificación electoral.

De esa forma, el tribunal pretende dar respuesta a la petición de la acusación particular ejercida por la Fundació Palau de la Música y el Orfeó Català en el caso del expolio del Palau de la Música para que se reclame a JxCat y a PDeCAT, como herederas de CDC, los 6,6 millones que debe devolver por el cobro de comisiones.

La sentencia por el saqueo del Palau de la Música por parte de Fèlix Millet y Jordi Montull ordenó el decomiso de esos 6,6 millones de euros a CDC y condenó a su extesorero Daniel Osàcar por el cobro de comisiones ilegales de la constructora Ferrovial a través del Palau de la Música, en una sentencia que el Supremo confirmó en abril del año pasado. Dos meses después, la formación que Jordi Pujol fundó en 1974 y que en 2016 cedió el testigo político al PDeCat, presentó un concurso voluntario de acreedores ante los juzgados de lo mercantil, en un penúltimo paso para su liquidación definitiva, con lo que, advierte la Audiencia, "no existe ningún otro patrimonio a embargar".

El tribunal ha decidido ahora iniciar los trámites para reclamar el pago de esos 6,6 millones a las sucesoras de CDC, tras constatar que las 22 sedes que se embargaron a la formación durante la instrucción del caso están peritadas en 3,6 millones, con lo que, en caso de ser subastadas, "en ningún caso cubriría la cantidad objeto de condena". Además, el destino de las antiguas sedes embargadas es objeto de un conflicto de competencia -que deberá resolver el Supremo- entre el juzgado mercantil, que pretende que se integren en la masa activa para pagar a los acreedores, y la Audiencia de Barcelona, que quiere que sirvan para resarcir al Palau de la Música y a Hacienda por el expolio.

Ante esa situación, la Fundació del Palau de la Música pidió que PDeCAT y JxCat asumieran la deuda de CDC con la justicia, una solicitud a la que se adhirió la Fiscalía y a la que no se ha opuesto ninguna de las acusaciones, incluida la del Consorci del Palau de la Música, integrada por la Generalitat y el resto de administraciones que nutren de fondos públicos la entidad cultural.

Para la sala, los documentos aportados por la Fundación sobre la sucesión no son suficientes para reclamar el pago a PDeCAT y a JxCat, pero sí para indagar si estas formaciones son las herederas de CDC, por lo que les da un plazo de diez días para personarse y formular las alegaciones que crean oportunas. Además, la sala ha requerido el informe aportado en el "caso 3%" por la Guardia Civil -que tras analizar las propiedades, bienes, locales, líneas telefónicas, perfiles sociales y medios personales de CDC concluyó que existe una "identidad sustancial" entre esa formación y el PDeCAT-, así como el auto de la Audiencia Nacional que así lo establece.

También pide la sala la certificación del informe que presentó la administración concursal de CDC ante el juzgado de lo mercantil y el plan de liquidación del partido. Otros documentos solicitados por la Audiencia son el certificado de la solicitud de inscripción de JxCat al registro de partidos del Ministerio de Interior -en julio de 2018-, para conocer los detalles de quién lo suscribió, quién constaba como presidente de la formación y qué domicilio fue designado como sede.

La sala ha acordado además requerir a la Junta Electoral Central la certificación del acuerdo que dio pie a que JxCat concurriera a las elecciones al Parlament.