La Fiscalía no ve delito en la muerte de la mujer que falleció sin cita médica

La familia de la fallecida, Sonia Sainz, interpuso una denuncia al entender que se había cometido un delito de imprudencia con resultado de muerte y omisión del deber de socorro ya que la mujer falleció a consecuencia de una metástasis de cáncer de colon sin haber obtenido la debida atención presencial ni las pruebas médicas necesarias para el diagnóstico y tratamiento adecuados.

Sin embargo, la Fiscalía, que abrió diligencias para investigar el caso, concluye en su decreto de archivo, al que ha tenido acceso Efe, que no se produjo una omisión del deber de asistencia ni de homicidio imprudente por negligencia médica y añade que "la posible irregularidad de las actuaciones referidas por la denunciante escapan en todo caso al ámbito del derecho penal".

En la resolución de la Fiscalía no se descarta la posibilidad de irregularidades en las actuaciones sanitarias, aunque se señala que, en todo caso, “escapan” a la vía penal y un posible funcionamiento anormal de los servicios públicos podría dar lugar a actuaciones administrativas por la vía Contencioso-administrativa. La Fiscalía alude a las “circunstancias” motivadas por la covid-19, que llevaron a la Junta de Castilla y León a dictar dos órdenes que permitían “suspender o limitar actividades sanitarias”, lo que justificaría la atención telefónica o retrasos de citas y pruebas médicas.

En este sentido, se considera en la resolución que la atención presencial o telefónica en Atención Primaria en Espinosa de los Monteros (Burgos), donde estaba el centro de salud de la mujer que falleció, o en los hospitales Universitario de Burgos y Cruces (Vizcaya), donde fue atendida, encajaban en los protocolos de ese momento. También se indica que no tenía síntomas claros de padecer cáncer, por lo que en los tres ámbitos sanitarios se coincidió en el diagnóstico de una lumbalgia.

Aunque presentaba síntomas de fatiga severa, color amarillo y anemia, el diagnóstico de cáncer no se llegó a producir hasta la segunda visita al hospital de Cruces el 13 de agosto, cuando la enfermedad estaba muy extendida, por lo que falleció menos de un mes después. La hermana de la fallecido, Lydia Sainz-Maza ha asegurado en un comunicado enviado a los periodistas que el archivo de las diligencias “no ha sido en absoluto una sorpresa” porque su confianza en la vía penal era “escasa”, aunque fue la Fiscalía la que abrió una investigación de oficio cuando tuvo conocimiento de los hechos por parte de la Asociación El Defensor del Paciente.

Sin Atención Primaria

Anuncia que su familia centra ahora su “esperanza” en la vía civil, a la que estudian recurrir para que se reconozca lo que consideran “una realidad incuestionable que jamás nadie podrá negar”, como es que su hermana “no recibió la atención médica que merecía”. Estima que a su hermana “no se la mató pero tampoco se la ayudó para que pudiera vivir el mayor tiempo posible y, desde luego, no se la ahorró ningún dolor, tras un diagnóstico erróneo de lumbociatalgia por teléfono".

La hermana de la paciente recuerda que su médico de Atención Primaria no la exploró en tres meses ni le realizó una analítica pese a que ella misma describió a su médico, junto a aquel dolor de pierna que escondía una metástasis ósea, pérdida de peso, fatiga, e imposibilidad para soportar la ingesta de más pastillas por su dolor de estómago, además de presentar un color de piel amarillento. De hecho, acusa a la Fiscalía de Burgos de “superficialidad y errores, alguno muy grave” y llama la atención sobre el hecho de que no se concreta el detalle de la atención médica y se limita a señalar que “las consultas médicas fueron atendidas bien de forma presencial, bien de forma telemática en base al Protocolo de Actuación de Atención Primaria Covid-19”.

Critica que tampoco se realiza ningún comentario sobre que su hermana obtuvo cita con un traumatólogo del Hospital Universitario de Burgos pero “no se llegó a realizar la consulta” porque el facultativo no quiso atenderla el 18 de junio por una simple lumbociatalgia. Lydia Sainz-Maza señala también que, pese a lo que se indica en la resolución de la Fiscalía, a su hermana no se le realizó nunca una analítica el 17 de abril y, por tanto, no se le diagnosticó anemia ni se le recetó hierro.

En realidad, según la hermana de la fallecida, fue el 9 de julio, casi dos meses después, cuando la paciente solicitó una analítica y, cuando el resultado llegó a su médico, la derivó al hospital. Ha solicitado también a la Fiscalía conocer si se ha recogido declaración, verbal o por escrito, a los médicos que atendieron a la fallecida, tanto en Atención Primaria como en la hospitalaria, en el HUBU y en Cruces, ante la falta de concreción del informe forense que, “en el supuesto caso de que fuera más amplio que el recogido en el auto de archivo, debiera ser remitido íntegramente a los denunciantes”.