El Gobierno rectifica y anuncia recurso contra la sentencia de la Audiencia Provincial que ratifica que el pazo de Meirás es público pero que condena al Estado a indemnizar a los herederos del dictador como poseedores de buena fe por los gastos útiles y necesarios desde 1975. El Ejecutivo central, que defendió inicialmente que no alegaría ante el Supremo por razones "estrictamente jurídicas", explica ahora que la Abogacía del Estado ha realizado un "estudio detallado de los fundamentos de la sentencia" que le ha permitido apreciar "errores de interpretación o alteraciones sobre las pretensiones ejercitadas en la demanda".
"La sentencia afirma erróneamente que la Administración General del Estado había reconocida en su demanda la buena fe de los herederos del dictador y de ahí se extraen una serie de conclusiones que no se corresponden con la realidad", explica en un comunicado remitido a los medios.
El anuncio del recurso llega después de que la Diputación de A Coruña y los ayuntamientos de Sada y A Coruña se desmarcasen del Ejecutivo central y anunciasen que alegarían en casación ante el Supremo y de que los historiadores Carlos Babío y Manuel Pérez Lorenzo presentasen ante la Delegación del Gobierno más de 3.000 firmas para instar el recurso. La Xunta se limitó desde el primer momento a adherirse a la postura del Estado y avanzó este lunes que la Abogacía del Estado y los gabinetes jurídicos analizaban la viabilidad de alegar en casación.
