El Gobierno central ha acogido este martes con alivio la decisión del Parlamento Europeo de levantar la inmunidad al ‘expresident’ Carles Puigdemont y los ‘exconsellers’ Toni Comín y Clara Ponsatí. El camino para que los dirigentes independentistas puedan ser juzgados por el Tribunal Supremo todavía es largo, y ahora los tribunales belgas y británicos (en el caso de Ponsatí) podrán retomar los procesos de extradición. Los precedentes indican que el retorno a España de los todavía eurodiputados es difícil. El pasado enero, la justicia belga denegó la extradición del también 'exconseller' Lluís Puig. Pero en el Ejecutivo celebran el paso dado por la cámara de Estrasburgo. 

Al menos, lo celebra la parte socialista de la coalición, la mayoritaria y sobre la que recaen los ministerios llamados de Estado, como Asuntos Exteriores y Justicia. El socio minoritario, Unidas Podemos, considera que este procedimiento supone profundizar en la “judicialización” del conflicto en Cataluña y se posicionó en contra de retirar la inmunidad de Puigdemont, Comín y Ponsatí. La votación, de carácter secreto, se saldó con 404 apoyos, 247 rechazos y 42 abstenciones, al contar con el respaldo de los tres grandes grupos parlamentarios (populares, socialdemócratas y liberales), donde aun así hubo fugas en el voto. 

El Gobierno, de forma oficial, no quiere avivar el conflicto con sus socios a cuenta de Puigdemont. Fuentes socialistas en la Eurocámara, sin embargo, subrayan que Unidas Podemos ha votado en Estrasburgo en este asunto junto al Frente Nacional de Marine Le Pen. 

"Diálogo y negociación"

En una grabación distribuida a los medios, la ministra de Exteriores, Arancha González Laya, ha dado la bienvenida a la decisión de la Eurocámara. A su juicio, el Parlamento comunitario ha venido a concluir que el ‘expresident’ de la Generalitat y los ‘exconsellers’ intentaron beneficiarse de su condición de eurodiputados, que el Estado de Derecho es “sólido” en España y que el Gobierno debe mantener su posición a favor de solucionar el conflicto a través del “diálogo”. 

“Con esta decisión, el Parlamento Europeo lanza un triple mensaje. El primero, que un eurodiputado no puede prevalecerse de su condición para protegerse de comparecer ante justicias nacionales por posibles violaciones de legislaciones nacionales. El segundo mensaje es de solidez del Estado de Derecho en España, de respeto al trabajo de la Justicia española. Y el tercero, que los problemas de Catalunya se resuelven en España, no en Europa. El Gobierno ha tendido la mano a todas las fuerzas políticas catalanas para buscar una solución a través del diálogo y la negociación. Este es el mensaje que también recibimos del Parlamento Europeo”, ha señalado la ministra.