La propuesta de Feijóo ha abierto los interrogantes sobre si se puede o no obligar a vacunarse de la covid por ley. O, mejor dicho, sancionar con multas de hasta 60.000 a quienes se nieguen a hacerlo. La opinión de los expertos zigzaguea entre que sea posible encontrarle un encaje legal dentro de la normativa y que, además, sea efectivo. Todo, con la ética de fondo.

"En una situación excepcional caben medidas excepcionales y en una colisión de derechos fundamentales entre la integridad física y el derecho a la vida puede prevalecer el derecho a la vida y al bien común", explica Carlos Fornes, presidente de la Asociación de Derecho Sanitario de la Comunitat Valenciana. "Lo que está claro es que la ley autonómica no puede ir contra la estatal, Galicia ha optado por hacer una ley orgánica como complemento de la Ley de Salud Pública que permite una serie de excepcionalidades como obligar a vacunar una serie de enfermedades y esta es una situación excepcional que no obliga a vacunar, sino que sancionaría a quien se niegue", incide el jurista.

En su opinión, el conflicto si se lleva adelante la nueva legislación gallega terminará en el Tribunal Constitucional porque afecta a derechos fundamentales recogidos en la Carta Magna. Asimismo, añade que al tratarse de derechos fundamentales "debe ser una legislación estatal sobre vacunación en todo el territorio la que diga si se puede obligar o no, no algo autonómico". La doctora en Derecho y profesora de la Universidad de Valencia, Fabiola Meco, indica que las autonomías ya están legislando sobre libertades y derechos fundamentales "y nadie ha puesto el grito en el cielo".

Más allá de esto, rechaza que sea necesario una normativa extra porque regular para una minoría excepcional "podría ser como intentar matar moscas a cañonazos". "Es necesario legislar con datos", añade. Así, incide en que "hay otras vías para potenciar la vacunación" como limitar la entrada en colegios o residencias si no se está vacunado "porque supone un riesgo para una comunidad".

Meco recuerda por otra parte que los tribunales "han ido llenando el vacío legal que existe en muchos casos obligando a vacunaciones en casos de niños o personas mayores incapacitadas porque el beneficio es mayor al daño". "Otro caso es que aumentase el número de negacionistas que pudiera poner en peligro la inmunidad de rebaño, pero sino, es peligroso tener muchos corsés que limiten los derechos fundamentales", sentencia.