La web del Congreso ha publicado este martes una declaración de intereses económicos de los diputados y, entre los datos que aportan, destaca la poca contribución que hacen a fundaciones o ONG, salvo las aportaciones a sus respectivas formaciones políticas.

En esa declaración deben hacer constar las actividades realizadas en los cinco años anteriores a ser elegidos parlamentarios que les pudiera condicionar en su trabajo o que les hayan proporcionado ingresos económicos, así como las donaciones, obsequios y beneficios obtenidos en esos años y las fundaciones u asociaciones a las que hayan contribuido.

A finales del año pasado se aprobó que diputados y senadores tendrían de plazo hasta el 15 de febrero para presentar las declaraciones de intereses económicos previstas en el Código de Conducta de las Cortes Generales.

Al mirar las fichas de los miembros del Gobierno, que son diputados, y de los principales líderes de la oposición destaca su escasa implicación con las asociaciones sin ánimo de lucro, así como la falta de obsequios, salvo los que se practican entre familia y amigos.

Así, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha sido diputado desde 2008, salvo el período en que dimitió entre 2016 y hasta las elecciones de 2019. Entre 2014 y 2016 fue secretario general del PSOE, puesto que recupera en 2017 y desde 2018, presidente del Gobierno. Percibe derechos de autor, beneficios que dona a la Obra Social NUR.

La vicepresidenta Primera, Carmen Calvo, ha sido hasta junio de 2018, profesora de Derecho Constitucional en la Universidad de Córdoba y, desde entonces, vicepresidenta.

El vicepresidente Segundo, Pablo Iglesias, refiere que desde antes de 2014 percibe derechos de autor y que era presentador y director de programas televisivos hasta que en 2014 es elegido europarlamentario y en 2016, diputado en el Congreso y desde 2020, vicepresidente. Dona parte de su sueldo a la Fundación 25 de mayo.

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, recuerda que fue consejera de la Junta de Andalucía desde 2013 y desde 2018, ministra. Su homóloga de Trabajo, Yolanda Díaz, fue parlamentaria en Galicia desde 2012 y en 2015 fue elegida diputada. Desde 2020 es ministra.

El ministro de Transportes, José Luis Ábalos, declara que es diputado desde 2009 y desde 2018, ministro. Contribuye con aportaciones a ACNUR y la Fundación Plan Internacional de España.

La de Igualdad, Irene Montero, es diputada desde 2016 y ocupa esa cartera desde 2020. En el apartado de donaciones, obsequios y beneficios, sí hace constar que recibió una herencia de su. padre en 2018 de 240.000 euros. Dona parte de su salario a la Fundación Instituto 25 de mayo para la democracia.

El ministro de Consumo, Alberto Garzón, es diputado desde 2011 y ha publicado cuatro libros. Su padre le ayudó a adquirir su vivienda y se ha beneficiado, por herencia de su madre, en un porcentaje de una vivienda en El Rincón de la Victoria (Málaga) y en Cenicero (La Rioja). Hace donaciones eventuales a la Fundación Europa de los Ciudadanos.

La presidenta del Congreso, Meritxell Batet, fue diputada de 2016 a 2018, y ministra de Política Territorial desde entonces y hasta 2019, cuando fue nombrada para el cargo que ahora ocupa, por los que sí obtiene obsequios protocolarios, que no le generan conflictos de intereses. Es patrona de Fundación Ortega y Gasset y de la Gregorio Marañón, sin retribución, además de la de Rafael Campalans.

La vicesecretaria del PSOE, Adriana Lastra, está en la Fundación Pablo Iglesias y contribuye al Instituto de Salud Carlos III, Médicos del Mundo y Aldeas Infantiles.

El presidente del PP, Pablo Casado, es patrono de la fundación Concordia Patrono y FAES y contribuye a Médicos sin fronteras y Cruz Roja.

El diputado de Compromis, Joan Baldoví contribuye a la Fundación Carreras, Amnistía Internacional, Acnur y Adena con cantidades periódicas.

Tomás Guitarte, de Teruel Existe, paga cuotas a la Asociación Cultural Centro de Estudios del Jiloca, Rolde de estudios aragoneses y la Fundación politécnica de Acción pública en defensa del patrimonio aragonés. 

Vox desoye el código ético

Los 52 diputados de Vox en el Congreso han evitado detallar las actividades realizadas durante los cinco años anteriores a su cargo y los regalos recibidos y han optado por rellenar sus declaraciones de intereses todos con la misma fórmula declarando que su actividad está siempre al servicio del "interés superior de España" y en ningún caso se puede ver condicionada por otros factores.

El Congreso ha publicado este martes las declaraciones de intereses económicos que, por primera vez, han tenido que registrar todos los miembros de la Cámara en aplicación del Código de Conducta aprobado por las Cortes el pasado mes de octubre.

El objetivo es que cada diputado consigne en ellas detalles como las actividades que desarrolló en los cinco años anteriores a la obtención del escaño y "que puedan condicionar su actividad política o le hayan proporcionado ingresos económicos"; así como los obsequios recibidos o las fundaciones y otras asociaciones a las que hayan contribuido.

Sin embargo, ninguno de los 52 diputados Vox, liderados por Santiago Abascal, da ningún tipo de detalle en su declaración y todos han optado por rellenar el documento de manera idéntica.

"Ninguna de las actividades desarrolladas por mi durante los cinco años anteriores a la obtención del mandato parlamentario podrá condicionar mi actividad política en tanto en cuanto esta se desarrollará siempre al servicio del interés superior de España y de los españoles con lealtad a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico vigente tal y como juré en la sesión constitutiva del Congreso de los Diputados", reza la respuesta 'tipo' de los parlamentarios de Vox.

En cuanto a las actividades que les hayan proporcionado ingresos, se remiten a las declaraciones de bienes que todos los diputados deben rellenar al acreditarse en la Cámara y que son también públicas.

Respecto a los regalos, todos los miembros del grupo parlamentario aseguran no haber recibido ningún obsequio "de especial consideración y valor". "Exclusivamente los obsequios propios de la relación familiar, amistosa o social sin alcance material o económico relevante", aseguran no sin volver a insistir en que, en cualquier caso, ningún regalo es susceptible de condicionar su práctica parlamentaria.

Los diputados de Vox tampoco detallan las organizaciones con las que colaboran y se limitan a apuntar, todos de idéntica manera, que durante los últimos cinco años han realizado "pequeñas aportaciones y tareas de voluntariado a entidades benéficas, de ayuda social y promoción cultural y educativa".

También los diputados del PSOE han recurrido a fórmulas iguales para todo el grupo, aunque en su caso los socialistas sí relacionan sus anteriores trabajos y entidades a las que hacen donaciones, y luego se limitan a añadir que también han recibido "regalos y obsequios normales dentro de los usos familiares y sociales" que no han condicionado su actividad política sociales que no han condicionado su actividad política, ni constituyen conflicto de interés.

"Adicionalmente, no he recibido otras donaciones, obsequios, beneficios relevantes que hayan podido condicionar el desarrollo de mi actividad política o parlamentaria que se encuentren dentro del ámbito de aplicación del Código de Conducta de las Cortes Generales", subrayan los miembros del Grupo Socialista.

Según el código ético, existirá conflicto de interés cuando un miembro de las Cortes Generales tenga un interés personal, "tanto directo y propio, como indirecto o a través de otra persona singularizada, que pueda influir de manera inadecuada en el cumplimiento de sus deberes; de tal forma que se pueda poner en duda su objetividad o independencia, o que implique que como parlamentario no persiga la consecución del interés general"