La Audiencia Nacional rechaza suspender el juicio de la caja b

La Audiencia Nacional ha rechazado suspender el juicio por la presunta caja B del PP a petición del exgerente del partido Cristóbal Páez, que ha dado positivo en COVID, de modo que mantiene su inicio para el próximo lunes, cuando se volverá a sentar en el banquillo Luis Bárcenas tras anunciar su intención de colaborar.

Fuentes jurídicas han informado a Efe de que la Sala de lo Penal ha rechazado por el momento retrasar el juicio, que comenzará el lunes con el trámite de cuestiones previas, en el que no estará presente Páez, pero sí su abogado.

En función de lo que aleguen las partes en dicho trámite, subrayan las fuentes, la Sala resolverá como estime conveniente.

De esta forma, el tribunal rechaza la petición de la defensa de Páez, que había dirigido un escrito a la Audiencia Nacional donde pedía la suspensión del juicio hasta que su representado, que ha dado positivo en coronavirus, pudiese estar presente en la vista.

Una petición que se produce a tres días del inicio del juicio y poco después de conocerse la intención de colaborar del principal imputado, Luis Bárcenas, tras constatar que "con ingenuidad" dio por buena la promesa que se le hizo por parte del partido, a través de un intermediario, de que su mujer, Rosalía Iglesias, no entraría en prisión por el caso Gürtel, por el que ambos cumplen actualmente condena.

Así lo dijo en una carta remitida a la Fiscalía Anticorrupción en la que relataba que el expresidente del Gobierno y líder del PP Mariano Rajoy percibió sobresueldos mensuales de la caja B del PP y se deshizo en una máquina "destructora de papeles" de la documentación que reflejaba la contabilidad en B del partido sin saber que él guardaba copia.

En este juicio sobre el presunto pago de las obras de la reforma de la sede del partido con dinero de la supuesta caja B del PP, la Fiscalía pide cinco años de prisión para el extesorero del PP, actualmente cumpliendo condena por Gürtel; y 18 meses para Páez.

Junto a ellos se sentarán en el banquillo los responsables de Unifica, empresa que se encargó de la reforma, Gonzalo Urquijo, Belén García y Laura Montero, para quienes la Fiscalía pide 3 años de cárcel.