Siempre se ha dicho que el miedo es libre, y debe ser difícilmente controlable, porque si una cosa está dejando clara la campaña de la vacuna contra la COVID es que si alguien ve alguna posibilidad de suministrársela, lo hace, ya sea alcalde, médico jubilado o cúpula militar. Interior no lo ha querido dejar pasar por alto y ha procedido a cesar "con carácter inmediato" al teniente coronel de la Guardia Civilcontra la COVID-19. Lo hizo junto al Jefe de Estado Mayor de la Defensa (JEMAD), el general Miguel Ángel Villarroya, y otros cargos militares, han confirmado a este diario fuentes de ese ministerio. Poco después, se ha conocido que el propio Villarroya ha decidido dimitir.

En un comunicado, el Ministerio de Defensa señala que Villarroya ha presentado su solicitud de cese a la ministra, Margarita Robles, a través de una carta, en la que destaca que siempre "se ha esforzado en servir de ejemplo a sus subordinados y en hacer lo correcto". El general explica también que "ha tomado recientemente decisiones que considera acertadas y que nunca ha pretendido aprovecharse de privilegios no justificables", pero que esas decisiones "están deteriorando la imagen pública de las Fuerzas Armadas" y "poniendo en duda" su "honradez". De ahí la dimisión.

La reacción de los máximos responsables de los dos departamentos afectados había sido distinta en un primer momento. La celeridad del titular de Interior, Fernando Grande-Marlaska, a la hora de destituir al teniente general de la Guardia Civil vino a aumentar la presión sobre Robles, que había actuado con más calma. La ministra optó por no tomar una decisión drástica sobre Villarroya, a quien el viernes pidió un informe tras conocerse que se había vacunado saltándose el protocolo. "En función de lo que diga, veremos", señaló la ministra. De fondo, se encuentra también la intensa rivalidad entre ambos miembros del Gobierno, que han llegado a tener incluso enfrentamientos públicos, como los ocurridos a raíz de la crisis migratoria en Canarias.

Mientras tanto, desde Barcelona, al calor del continuo reguero de cargos públicos que se han beneficiado de su posición para vacunarse, entre ellos algunos alcaldes del PSOE (cuya dirección ha pedido que dimitan), el propio Pedro Sánchez se refirió a estos escándalos. En Barcelona, donde participó en el comité federal socialista, el presidente del Gobierno reivindicó el orden de "solidaridad" en la vacuna frente "al del privilegio".

Cargo de libre disposición

Tras conocerse las vacunaciones que se habían procedido dentro del órgano que se encarga de las operaciones de las Fuerzas Armadas, tanto en el exterior como las que se desarrollan en España de manera permanente, el ministro Fernando Grande-Marlaska ordenó recabar los pertinentes informes para decidir su actuación, que se ha concretado en el cese del mando de la Guardia Civil que ejercía de enlace.

Al tratarse de un cargo de libre disposición, Interior ha podido actuar con rapidez tras llegar a la conclusión que la vacunación de los cargos militares no cumple el protocolo previsto por el Ministerio de Sanidad para asegurar que las dosis se repartan y en primer lugar se administren a los colectivos de mayor riesgo y luego, a quienes tienen más contacto con él, porque se encargan de combatirlo, como los sanitarios. En este sentido, la Guardia Civil difundió este sábado una comunicación interna en la que subraya que todos sus miembros tienen que respetar el turno de vacunación que fijó el Ministerio de Sanidad, así como rechazar cualquier ofrecimiento que no respete el protocolo, aunque se trate de una situación en la que hay "vacunas sobrantes asignadas inicialmente a otros colectivos".

Información detallada

Tras conocerse la administración de la vacuna, la ministra de Defensa, Margarita Robles, pidió un informe al JEMAD para conocer en detalle las circunstancias en que se ha producido, según el cupo con el que las Fuerzas Armadas cuentan dentro del reparto del Ministerio de Sanidad.

Fuentes del Estado Mayor de la Defensa señalaron que en ese departamento también han sido vacunados miembros del personal civil y militar de edad avanzada, y no solo generales. El protocolo establecido por el Ministerio de Sanidad prevé que las dosis se repartan con preferencia entre los ancianos, como el colectivo más vulnerable al virus, y el personal que trabaja en contacto directo con él, como los sanitarios. El JEMAD no podría haber sido vacunado por edad todavía, ya que tiene 63 años; para la población en general no está previsto que los mayores de 80 años que no están en residencias se puedan vacunar antes de marzo.

De ahí que asociaciones profesionales de la Guardia Civil y sindicatos policiales no dudaran este viernes en criticar la decisión del Estado Mayor de la Defensa y falta de sensibilidad que mostraba hacia la tropa, por no hablar de la "grave desconsideración" que supone también hacia otros colectivos.