El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) ha condenado a un año de inhabilitación para el ejercicio de cargos públicos electivos y funciones de gobierno y multa de 16.800 euros al ahora 'conseller' Bernat Solé por un delito de desobediencia grave por su participación cuando era alcalde de Agramunt por su "participación activa" en la organización del referéndum unilateral del 1-O . En una sentencia hecha pública este jueves, la sala civil y penal considera probado que Solé " conoció, mediante la notificación personal" y también por la publicación en el BOE lo que el Tribunal Constitucional le ordenaba y le prohibía hacer en relación con la votación soberanista, así como sus consecuencias penales derivadas de su incumplimiento y, a pesar de ellos, impulsó la consulta.
La sentencia detalla que cuando era alcalde de Agramunt, Soler "no solo permitió" que el día 25 septiembre 2017 se utilizara por una entidad denominada Esquerres per la Independència, el Casal Agramuntí, gestionado por el consistorio, para la celebración de un acto público o conferencia destinada a promover la participación ciudadana en el "referéndum ilegal", sino que se prestó a participar en él como orador, junto a otros dos, en su calidad de edil de dicha localidad y diputado. En ese acto, incide el TSJC, aprovechó la ocasión para "alentar públicamente" a los oyentes a ir a votar el día 1-O.
La jornada de votación
El día del referéndum unilateral, según la resolución judicial, "tuvo una participación activa y decidida en su desarrollo y buen fin", personándose desde el primer momento en el centro de votación y "asumiendo de forma intermitente" durante toda la jornada responsabilidades logísticas, de apoyo y de asistencia a los organizadores. Entre otras acciones, subrayan los magistrados, les informaba de las noticias que le llegaban a él desde otros ayuntamientos vecinos sobre la actuación de las fuerzas de seguridad del Estado.
La sentencia recoge que Soler, además, colaboró "decisivamente" en la toma decisiones capitales, tales como la de esconder en lugar seguro las urnas con los votos depositados en su interior y la documentación comprometedora relacionada con la votación (actas) o, finalmente, la de adelantar la hora de cierre de la votación, ante la posibilidad de que se personaran en la localidad las citadas Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para cumplir el mandato judicial de impedirla".
