El acuerdo entre el PSOE y el PP para renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que el próximo viernes cumplirá dos años en funciones, se encuentra maduro. Su contenido está perfilado, después de meses de desencuentros entre los dos principales partidos, amagos de reforma del sistema de elección y acusaciones cruzadas de falta de constitucionalismo. Pero falta pactar el momento en el que se anuncia y ejecuta el entendimiento, dentro de una coyuntura política adversa para el PP. Pablo Casado teme el efecto que un acuerdo de este tipo, tras el apoyo de EH Bildu a los Presupuestos Generales del Estado, pueda tener en su electorado. Sobre todo, con las elecciones catalanas del próximo 14 de febrero en el horizonte, una convocatoria en la que el PP teme que una parte importante de sus ya de por sí escasos votantes tradicionales acabe recalando en Vox.

La parte socialista del Gobierno ha comenzado a presionar en público. El PSOE teme que en el último momento los populares tengan "miedo al pacto" y las conversaciones de estas semanas queden en nada, como ocurrió el pasado verano. El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, dijo este lunes que la única pieza que le faltaba al acuerdo era "hacerlo público". Campo, que también anunció que la reforma del Código Penal que rebajará la sedición endurecerá al mismo tiempo el delito de desobediencia al Tribunal Constitucional (TC), insistió: "Solo falta que se exteriorice".

"Es poco lo que nos separa y mucho lo que nos une", continuó el ministro, en referencia a la renovación del CGPJ, donde el PP, al menos en público, continúa vetando, por principio, a los candidatos propuestos por Podemos. Pero la sintonía con los conservadores, explicó Campo, incluye medidas como dotar de mayor peso a la carrera judicial en la designación de los vocales del organismo y exigir que los magistrados del Tribunal Supremo sean designados con un mínimo de 13 votos del consejo, que en total cuenta con 20 miembros.Doble discurso

En el PP no son tan claros. En público, el partido asegura que "no es verdad" que haya un pacto para renovar el CGPJ. En privado, sin embargo, los colaboradores de Casado conocedores de la negociación con el Gobierno admiten que "hay que buscar el mejor momento para el acuerdo", dando a entender que este, en el fondo, ya está hecho.

El apoyo de Bildu y ERC a los Presupuestos del año que viene, que se escenificará durante toda esta semana en el Congreso, dificulta que los populares den el paso, después de que Casado y los suyos hayan cargado con dureza contra "los que quieren vender España" y los "herederos de ETA". Esa posición incómoda en estos momentos podría llevar al PP a aplazar el acuerdo unas semanas, aunque entonces el calendario les señalaría otra jornada en rojo: el 14 de febrero, día de las elecciones catalanas. Algunos sondeos vaticinan un gran crecimiento para Vox, que ya ha empezado a quejarse de que "el PSOE y el PP se han repartido los jueces". Así que el "mejor momento para el acuerdo" no tiene fácil encaje en la estrategia de Casado.

En todo caso, los conservadores piden al PSOE y a Podemos que, como gesto de buena voluntad, retiren la polémica proposición de ley que registraron en octubre para facilitar la renovación del CGPJ, al rebajar las mayorías necesarias y permitir que los nombramientos puedan hacerse sin el concurso de los populares. La iniciativa podría debatirse en el Congreso la semana del 14 de diciembre. Hasta ese momento, los socialistas no tienen la opción de llevarla al pleno, ya que los grupos parlamentarios se reparten los turnos para introducir ese tipo de iniciativas en la Cámara baja.

De momento, el PSOE aún no la ha decidido si la llevará o no. Se trata de una herramienta más de presión en aras del pacto. "Estamos esperando al PP del constitucionalismo, la sensatez y el interés general. Pero por ahora no llega. Debe de venir de muy lejos", ironizó el secretario general del grupo parlamentario socialista, Rafael Simancas.Advertencia de Calvo

Sus palabras, igual que las de Campo dando por hecho la renovación, no gustaron al PP, según dijo la portavoz parlamentaria de los populares, Cuca Gamarra. Aunque todavía menos tuvo que agradarles las declaraciones que la vicepresidenta primera, Carmen Calvo, hizo por la noche en un acto de homenaje a Manuel Azaña en el Ateneo de Madrid. "Se están saltando literalmente la Constitución", afirmó en referencia a que la renovación es una obligación recogida en la Carta Magna.

La número dos del Gobierno advirtió a Casado de que "en cualquier momento" el Ejecutivo "va a dejar de consentir" la "falta de respeto al orden constitucional" en la que "está incurriendo". Calvo dio a entender que si no reactivarán la reforma de la ley del CGPJ que puede entrar a debate en dos semanas y que Sánchez se comprometió a frenar para dar margen de negociación a Casado. "El Gobierno no se va a quedar consintiendo que un partido político incumpla la Constitución. Cumplir las normas es lo más democrático que hay en el mundo", avisó la vicepresidenta hace unos días en una entrevista con El Periódico de Catalunya.