La defensa del empresario Oriol Soler, uno de los principales investigados de la 'operación Volhov', ha pedido a la Audiencia de Barcelona que aparte del caso al juez instructor, al entender que se ha arrogado la competencia para dirigirlo por cuestiones políticas.
Soler, que fue miembro del "estado mayor" que organizó el 1-O, fue detenido el pasado 28 de octubre junto a una veintena de personas más, en una operación ordenada por el titular del juzgado de instrucción número 1 de Barcelona, Joaquín Aguirre, que investiga el presunto desvío de fondos públicos al expresident Carles Puigdemont, varias operaciones de tráfico de influencias y posibles tanteos del independentismo en Rusia en busca de apoyo al 'procés'.
La operación, llevada a cabo por la Guardia Civil, se enmarca en una pieza separada que el magistrado abrió a raíz de unas conversaciones grabadas que se intervinieron en el teléfono del exdirigente de CDC Víctor Terradellas, principal imputado en una causa abierta hace más de cuatro años por un presunto desvío de subvenciones de la Diputación de Barcelona a entidades afines a la extinta formación.
En un escrito, Benet Salellas, abogado de Soler, pidió la semana pasada al juez instructor que remita la nueva pieza al decanato de los juzgados de Barcelona para su reparto, al entender que él no puede asumir un procedimiento que guarda "absolutamente sustantividad propia" respecto a la causa principal, sin una resolución que argumente la "conexidad" entre ambos casos.
En un auto, el juez ha rechazado la petición de Salellas, al que recuerda que ha seguido el "criterio habitual" de los juzgados de Barcelona, que establece que el juzgado que deduzca testimonio de unas diligencias será el "competente" de las mismas.
La defensa ha presentado un recurso de apelación ante la Audiencia de Barcelona, en el que alega que la Ley de Enjuiciamiento Criminal establece que "cada delito dará lugar a la formación de una única causa" y denuncia que se han vulnerado los derechos de Soler al "juez natural y al juez imparcial".
El escrito resalta que "el mantenimiento de una competencia injustificada" en el caso "rompe totalmente la apariencia de imparcialidad", puesto que "puede provocar una sospecha razonada de que el órgano judicial se está adjudicando el conocimiento del expediente más allá de lo que legalmente le corresponde por motivos ajenos a la administración de justicia".
"Y esto aún se agrava más en la presente causa, que tiene una trascendencia política propia evidente, en tanto en cuanto versa sobre el procés catalán y los sujetos investigados forman parte o son próximos a partidos u organizaciones políticas", añade.
Según el letrado, el juzgado no ha dictado ninguna resolución específica sobre "conexidad" entre las dos causas, como prescribe el sistema procesal, que desde la última reforma de 2015 establece "como regla general que cada delito dará lugar a la formación de una única causa". EFE
La Fiscalía se opuso a la primera intervención telefónica
La Fiscalía Anticorrupción se opuso en agosto de 2019 a la primera intervención telefónica de los empresarios detenidos en la 'operación Volhov' David Madí, Xavier Vendrell y Oriol Soler, solicitada por la Guardia Civil, al considerarla "precipitada" por falta de indicios.
En un escrito, el ministerio público rechazaba el 28 de agosto de 2019 intervenir los teléfonos de los tres investigados, en el marco de la nueva pieza separada que abrió el titular del juzgado de instrucción número 1 de Barcelona, Joaquín Aguirre, por el presunto desvío de fondos públicos al expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont, huido en Bélgica.
La nueva pieza es fruto de unas conversaciones grabadas que se intervinieron en el teléfono del exdirigente de CDC Víctor Terradellas, principal imputado en una causa abierta hace más de cuatro años por un presunto desvío de subvenciones de la Diputación de Barcelona a entidades afines a la extinta formación.
Para oponerse a esa primera intervención telefónica, que la Guardia Civil solicitaba para seguir el rastro de una criptomoneda que estarían impulsando cargos del Govern, el fiscal Anticorrupción aducía que ninguno de los investigados "tiene responsabilidad en el gobierno" y que las conversaciones de Terradellas eran de mayo de 2018.
También alegaba la Fiscalía que los investigadores no habían identificado claramente el dinero presuntamente malversado para el uso de criptomonedas -una de las vías que el juez sospecha se iban a emplear para hacer llegar los fondos a Puigdemont- y que, en todo caso, su creación "no puede considerarse delictiva".
El ministerio público argumentaba que, después de un año desde las conversaciones de Terradellas, no había constancia de que la Generalitat hubiera creado criptomonedas y pedía más indicios para apoyar una "medida tan gravosa" como una intervención telefónica.
Según han precisado fuentes jurídicas, la Fiscalía -que no pidió ninguna medida cautelar para los detenidos en el 'caso Volhov'- no objetó a las posteriores prórrogas de las intervenciones telefónicas.
Sí puso reparos, en enero de 2020, a prorrogar los dispositivos de localización y sonorización que la Guardia Civil instaló en los vehículos de los principales investigados y solicitó al instituto armado más detalles para fundamentar la necesidad de esa medida de seguimiento.
Tras un informe en el que la Guardia Civil señalaba que los seguimientos estaban resultando "de utilidad" para la investigación y argumentaba que eran necesarios para obtener datos sobre las "reuniones" que mantenían los imputados, la Fiscalía se opuso el 28 de agosto de 2019 a la última de las prórrogas de los dispositivos de localización en vehículos.
