El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha afirmado este viernes que es una "obligación" del Gobierno proteger a la sociedad y sus valores democráticos frente a los bulos y ha subrayado que las medidas contra la desinformación no vulneran derechos constitucionales, sino que los garantizan.
En el transcurso de una rueda de prensa, el ministro fue preguntado por la publicación en el BOE de una disposición para impulsar un plan contra la desinformación deliberada y el ministro ha precisado que el objetivo es combatir bulos, en algunos casos hasta delictivos, que pueden causar de graves perjuicios a las instituciones democráticas y a la sociedad.
La comisaria europea de Interior, Ylva Johansson, presente también en la rueda de prensa, dijo al respecto que es muy importante combatir los bulos, y lo vinculó no solo con la situación de pandemia, sino también con la necesidad de trabajar contra la utilización de la desinformación por movimientos terroristas para promover la radicalización de personas.
En la Comisión Unión Europea hay un grupo específico para combatir la desinformación y en los estados miembros hay una red de 6.000 personas distribuidas en nueve grupos trabajando en estas cuestiones, explicó.
Grande-Marlaska citó dos ejemplos en los que se debe actuar contra la desinformación para proteger el Estado de derecho y a la sociedad, uno de ellos que en un contexto electoral se hagan llamamientos a no votar a partir de informaciones falsas sobre situaciones de inseguridad inexistentes o riesgos inventados como que los votos no serán contados.
Otro ejemplo al que se refirió el ministro fue que en plena situación de pandemia haya quien difunda que el mejor tratamiento es el paracetamol, algo que puede suponer graves riesgos para la salud y la vida de personas que se lo crean, así como para el sistema sanitario, que tendría que atender a personas en situación "más compleja" de la que inicialmente presentarían.
Ya en las últimas elecciones al Parlamento Europeo, la Unión Europea pidió a los estados que adoptaran medidas para garantizar el correcto desarrollo de los procesos electorales que podrían verse afectado por las 'fake news', indicó el ministro.
Por eso, las medidas que planea el Gobierno van en la línea de la Unión Europea y no restringen ningún derecho constitucional, mucho menos el de la libertad de expresión, sino que se basan en la protección de los valores democráticos.
La prueba de que no se persigue ningún derecho es la transparencia con la que el Gobierno quiere abordar este problema, hasta el punto de que ha publicado una disposición en el Boletín Oficial del Estado para impulsar la lucha contra la desinformación. "En modo alguno se va a limitar mínimamente ningún derecho fundamental", sino garantizar el Estado de derecho y proteger a la sociedad "haciendo frente a los bulos graves con perjuicios graves y relevantes", insistió Grande-Marlaska.
