El Tribunal Supremo francés rechazó este miércoles el recurso de José Antonio Urrutikoetxea, "Josu Ternera", contra la decisión de entregarlo a España para que pueda ser juzgado por su papel en la financiación de ETA a través de las 'herriko tabernas'.

El Supremo confirmó así la decisión de la sala de instrucción del Tribunal de Apelación de París, que el 30 de septiembre se pronunció por el envío a España de Josu Ternera por esa causa, pero que queda en diferido hasta la resolución de otros procedimientos abiertos en Francia, y que tardarán como mínimo unos meses en resolverse.

En caso de ser condenado en ese sumario de la financiación de la organización terrorista podría enfrentarse una pena de más de nueve años.

En la audiencia que se celebró este miércolesante el Supremo, la Fiscalía francesa había pedido que se descartaran los tres argumentos utilizados por la defensa del exdirigente etarra en su recurso.

Los dos primeros eran de carácter formal, sobre si el dossier enviado por la Audiencia Nacional de Madrid incluía todos los elementos y sobre si la euroorden emitida contra Urrutikoetxea había sido precedida por una orden de detención en España.

Consultado por las autoridades judiciales francesas sobre esa última cuestión, el juez instructor español respondió que la inculpación que se dictó contra Josu Ternera del 28 de febrero de 2005 llevaba aparejada una resolución para su arresto.

La defensa también alegó que España lo reclamaba por razones políticas, algo que rechazó el Ministerio Público, entre otras cosas recordando la jurisprudencia del propio Tribunal Supremo sobre ese punto ante ese mismo motivo invocado en el pasado por otros etarras.

Los abogados de Urrutikoetxea habían justificado el supuesto carácter político de la demanda española sobre todo en unas declaraciones de la Guardia Civil poco después de su arresto en los Alpes franceses en mayo de 2019, en las que lo presentaban como un icono de la organización terrorista.

El etarra, de 69 años, se encuentra en libertad condicional en París desde finales de julio para evitar que pueda contagiarse del coronavirus entre rejas y está pendiente de otro dictamen del Supremo el próximo día 17 sobre su entrega a España para ser juzgado por el atentado contra la casa cuartel de la Guardia Civil de Zaragoza en 1987.

Al día siguiente, la sala de instrucción del Tribunal de Apelación de París hará pública su decisión sobre otra demanda de extradición de la Audiencia Nacional de Madrid por su presunta implicación en el asesinato en Vitoria del directivo de Michelin Luis Hergueta en 1980.

Además, la Justicia francesa tiene abiertas contra él dos causas: una está programada con un juicio a finales de febrero de 2021 y la otra ha sido devuelta a la instrucción y como pronto dará lugar a un proceso en junio.

Entregarán a Alaitz Aramendi

La justicia francesa también decidió este miércoles entregar a España a la etarra Alaitz Aramendi para que cumpla la condena de 40 años que se le impuso por un atentado con coche bomba en Madrid el 25 de mayo de 2005, en el que 45 personas resultaron heridas.

La presidenta de la sala de instrucción del Tribunal de Apelación de París, que adoptó esta medida, explicó que la entrega está aplazada hasta que termine de cumplir otra pena de 18 años a la que la sentenció la justicia francesa, lo que debería ocurrir el próximo febrero.

La defensa puede recurrir esta decisión ante el Supremo.

En la audiencia del pasado 30 de septiembre, su abogada, Xantiana Cachenaut, insistió en que, de ser transferida a España, se le computen allí los 14 años que ya ha pasado entre rejas en Francia para establecer el periodo máximo que puede estar en prisión, que es de 40 años, una cuestión que corresponde decidir a la justicia española.

Aramendi, que tiene 42 años, fue detenida en la ciudad de Cahors (sur de Francia) en septiembre de 2007 junto a otros tres miembros de la banda y condenada en París por su actividad en la organización terrorista en ese país.

En 2017 fue entregada temporalmente a España para ser juzgada por el atentado perpetrado en el distrito de San Blas de Madrid del 25 de mayo de 2005.

Los etarras implicados en esa acción robaron la víspera una furgoneta en la localidad de El Escorial y la llevaron al municipio cercano de Valdemorillo, donde prepararon un artefacto de entre 18 y 20 kilos de mezcla explosiva que depositaron en el interior del vehículo.

Luego dejaron el vehículo aparcado a la altura del número 4 de la calle Rufino González, en la esquina con la calle Alcalá, con la intención de matar, según dictaminó la Audiencia Nacional en su sentencia.

Al día siguiente, tres cuartos de hora después de una llamada en nombre de ETA al diario "Gara" para avisar de la presencia de un coche bomba en la zona, el artefacto explotó.

La deflagración provocó lesiones a policías que trataban de acordonar el área y a algunos viandantes que se encontraban en las inmediaciones.

También causó numerosos daños en vehículos y edificios colindantes.