La Fiscalía investiga si la Generalitat permitió que su delegada en Alemania, Marie Kapretz, siguiera adelante con unas obras presuntamente ilegales que realizó para agrandar una masía de su propiedad en Cercs (Barcelona) al anular una resolución que obligaba a derribar los trabajos de remodelación.

Tal como ha avanzado El Mundo y han confirmado a Efe fuentes del ministerio público, el fiscal coordinador de Delitos Urbanísticos de Barcelona, Antoni Pelegrín, investiga el papel del Departamento de Territorio y Sostenibilidad en unas obras que Kapretz, exconcejal de ERC en Cercs, llevó a cabo para agrandar sin permiso una masía protegida como bien de interés local.

En concreto, se estudia, a raíz de la denuncia, la rectificación de la consellería -entonces a manos de Convergència y actualmente gestionada por JxCat, socios de ERC en el Govern-, que en 2014 conminó a Kapretz a derruir la ampliación de la finca por no respetar la normativa, pero que se desdijo en febrero de 2019.

Kapretz, delegada en Berlín desde 2016, había ejecutado unas obras de ampliación de su masía del siglo XIX -un porche y una segunda planta habitable-, que está catalogada como Bien Cultural de Interés Local y levantada en suelo no urbanizable, sin la pertinente licencia cuando aún era edil en Cercs y consejera comarcal del Berguedà por ERC.

Por ese motivo, la Generalitat la instó a derrumbar la ampliación y se reservó la opción de imponer un multa de entre 300 y 3.000 euros si no cumplía con la orden.

No obstante, ante las alegaciones presentadas por Kapretz, se acabó paralizando el derribo hasta que terminase el procedimiento y la resolución fuese firme.

La orden de demolición, de acuerdo con el diario, la firmó el entonces director general de Ordenación del Territorio y Urbanismo de la Generalitat, Agustí Serra, quien el pasado año, ya como secretario de Hábitat Urbano y Territorio, dio su conformidad a la propuesta de una letrada y una jefa de servicio del Departamento para revertir dicho mandato.

La consellería argumentó que el director general de Urbanismo no era competente para iniciar un trámite de esta naturaleza por no haber requerido al Ayuntamiento de Cercs para que interviniese en el asunto antes y admitió un recurso de Kapretz, quien defendió que la ampliación de la finca era anterior a 2006 y que, por lo tanto, la supuesta infracción habría prescrito.