Se abre una vía de acuerdo para la prórroga del estado de alarma. El Gobierno conseguirá que dure seis meses, hasta el 9 de mayo, como anunció Pedro Sánchez desde el principio, pero con más controles. Así, el presidente deberá comparecer cada dos meses en el Congreso para dar cuenta del estado de la pandemia. Y al cabo de cuatro meses, para el 9 de marzo, como había planteado el propio Sánchez en el pleno de este miércoles, habrá una revisión. Pero la decisión recaerá en la Conferencia de Presidentes, previo informe favorable del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud.
Esa es, en síntesis, la posición de ERC defendida en una enmienda registrada ya en el Congreso a la petición del Gobierno para la ampliación de la medida excepcional. Enmienda que el PSOE, como confirmaron a El Periódico de Catalunya fuentes de la cúpula, acepta. Con su apoyo, y de su socio de coalición, Unidas Podemos, tiene todas las papeletas para salir adelante en el pleno de este jueves, porque contaría con los apoyos suficientes.
Muchos de los socios de investidura del Gobierno de coalición (ERC, Más País, Compromís, Junts, Bildu y PNV) habían reclamado en las últimas horas mayor control parlamentario durante la vigencia de la alarma. Más País ha presentado otra propuesta para que sea "al menos una vez al mes", propuesta que el PSOE no ha aceptado. No obstante, el grupo que lidera Íñigo Errejón sí está dispuesto a votar a favor de la resolución de ERC.
La propuesta de los republicanos, con la que están de acuerdo los socialistas, señala que el presidente solicitará su comparecencia ante el pleno del Congreso "cada dos meses, para dar cuenta de los datos y gestiones del Gobierno de España en relación a la aplicación del estado de alarma".
Además, añade la enmienda de ERC pactada con el PSOE, el ministro Salvador Illa rendirá cuentas ante la Comisión de Sanidad y Consumo de la Cámara baja "con periodicidad mensual, para dar cuenta de los datos y gestiones correspondientes a su departamento en relación a la aplicación" de la alarma. Esta última condición es, sin embargo, una rebaja respecto a la pretensión inicial del Ejecutivo, ya que el real decreto aprobado el domingo por el Consejo de Ministros y publicado a continuación en el BOE contempla la comparecencia cada 15 días de Illa en la comisión parlamentaria.
"Asimismo, trascurridos cuatro meses de vigencia de esta prórroga, la conferencia de presidentes autonómicos podrá formular al Gobierno una propuesta de levantamiento del estado de alarma, previo acuerdo favorable del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud a la vista de la evolución de los indicadores sanitarios, epidemiológicos, sociales y económicos", concluye la propuesta de ERC.
Esta última parte de la propuesta del grupo que comanda Gabriel Rufián conecta con el planteamiento que Sánchez hizo este miércoles en el pleno durante la sesión de control, en respuesta a Pablo Casado. El presidente ofreció que para el 9 de marzo se estudiase si levantar o no la medida excepcional, previo estudio del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS), el órgano multilateral que preside Illa y en el que se sientan todos los consejeros autonómicos de Sanidad. Lo que plantea ERC es que haya informe favorable del CISNS pero la decisión recaiga en la conferencia de presidentes, el foro de mayor rango que comparten Sánchez y los mandatarios autonómicos y que ya se ha reunido 17 veces desde el estallido de la pandemia del covid-19, la última vez el pasado lunes, de manera telemática y desde el Senado, con la presencia de la jefa del Ejecutivo comunitario, Ursula von der Leyen.
Los socialistas encuentran "equilibrada" la resolución de ERC, porque "combina el control parlamentario" -una vez al mes Illa y cada dos Sánchez- con el oxígeno "necesario" para la gestión del covid. Es decir, es un "plan operativo", que deja "margen de actuación" a Sanidad y al tiempo refuerza la rendición de cuentas, explican a este diario desde el grupo parlamentario "sin que haya pimpampum".
Cs propone hasta el 9 de febrero
El PP rechaza que la alarma llegue hasta mayo y ha propuesto sin éxito al Ejecutivo que la apruebe solo durante ocho semanas. Así lo ha dejado por escrito en su proposición de resolución: plantea que se levante el 20 de diciembre y que Sánchez comparezca quincenalmente ante el pleno para "dar cuenta de la gestión de la crisis snitaria, económica y social consecuencia de la propagación de infecciones causadas por el SARS-CoV-2, independientemente de las sesiones habituales de control al Gobierno en pleno". Además, en el documento registrado en el Congreso, los conservadores emplazan al Ejecutivo a impulsar los cambios jurídicos necesarios en la legislación ordenaría para poder bregar con el covid sin usar la excepcionalidad del estado de alarma.
Ciudadanos, por su parte, ha propuesto en su propuesta de modificación del decreto del Gobierno que la alarma acabe el 9 de febrero y que el jefe del Ejecutivo comparezca cada mes ante el pleno e Illa, cada 15 días con la comisión de sanidad.
El Gobierno se niega a una extensión de solo ocho semanas y que se deje descubierta la Navidad, un periodo de riesgo por la movilidad, las fiestas y los reencuentros familiares, y ha insistido una y otra vez en que la alarma es la herramienta constitucional que ofrece mayores garantías para la restricción de derechos fundamentales, y precisamente como es "sensible" a esta limitación, entiende que no basta con una ley orgánica, tal y como repitió ayer martes la ministra portavoz, María Jesús Montero.
Los grupos tenían hasta las 14 horas de este miércoles para registrar sus propuestas de resolución, que se debatirán en el pleno del Congreso de este jueves. Una vez votadas las enmiendas, sus señorías deberán pronunciarse sobre la prórroga de la alarma planteada por el Ejecutivo, hasta las 00.00 del 9 de mayo de 2021, y posteriormente el Consejo de Ministros aprobará la extensión de manera definitiva con las modificaciones que haya introducido la Cámara baja y mandará el texto al BOE. El Gobierno ha defendido en todo momento que es necesario ese marco temporal de seis meses, dada la evolución de la pandemia, para dar mayores certidumbres.
Pero la Moncloa se negaba hasta ahora a que Sánchez diera cuentas en el Congreso de manera periódica. De hecho, este jueves está previsto que quien defienda la prórroga sea Illa, aunque el presidente estará en su escaño. El mensaje que quiere lanzar la Moncloa es que esta alarma es solo un caparazón jurídico para que luego los presidentes autonómicos impongan y levanten restricciones según la evolución de la pandemia con mayor seguridad. Por ello argumenta que son los líderes regionales los que deberían dar cuenta de sus medidas ante sus respectivos parlamentos.
