El Tribunal Supremo ha ratificado en líneas generales las penas impuestas por la Audiencia Nacional a los 29 acusados por la primera época de la Gürtel' (1999-2005), incluido que el PP se benefició de los delitos cometidos por la trama corrupta, al igual que la exministra Ana Mato, aunque ambos los ignoraran. La única concesión al partido presidido por Pablo Casado es que la sentencia, que confirma el veredicto que provocó la caída del Gobierno de Mariano Rajoy en el 2018, cuestiona las menciones a su caja B que hacía la de la Audiencia Nacional, porque no se le juzgaba por ella y, por tanto, no se pudo defender.
Pero la estimación parcial del recurso del PP en ese punto no se traduce en consecuencia alguna y el Supremo declara entender que la Audiencia utilizara toda la prueba que afectaba al partido al ser el "nexo común que sirve de amalgama al conjunto de episodios" de corrupción declarados probados. Y eso incluye la caja B, recogida en la contabilidad manuscrita que llevaba su extesorero Luis Bárcenas, y que apareció una y otra vez en el juicio.
De ahí que llegue a la misma conclusión que la Audiencia Nacional, respecto a que el grupo de Correa creó "un auténtico sistema de corrupción que manipuló la contratación pública a través de la relación con influyentes miembros del PP". Era "una estructura de colaboración estable, consistente en la prestación de múltiples y continuos servicios relativos a viajes, organización de eventos, congresos, etc., dentro de la normal actividad de dicho partido político", afirma el alto tribunal, validando el meollo que dio pie a la moción de censura que desalojó a Rajoy del Gobierno.
Los cambios producidos en las penas consisten en que algunas se han elevado al castigar de forma separada el fraude y la malversación, como pidió la Fiscalía en su recurso, y se han aumentado algunas multas. A otros acusados les ha ocurrido lo contrario, por algún atenuante o librarse de algún delito. El principal acusado, Francisco Correa, ha sido condenado a 51 años en vez de 51 años y 11 meses por la colaboración que prestó en el juicio, mientras que Bárcenas ha visto cómo su condena de 33 años y cuatro meses pasa a ser de 29 años y la de esposa, Rosalía Iglesias, de 15 a 12 años y 11 meses.Toda la corrupción
La sentencia, de 1.843 folios, confirma la comisión de todos los delitos propios de la corrupción: cohecho (activo y pasivo), falsedad en documento mercantil, malversación de caudales públicos, prevaricación, asociación ilícita, fraude a la administración pública, blanqueo de capitales, delitos contra la hacienda pública, tráfico de influencias, apropiación indebida y exacciones ilegales.
El Supremo hace suyo el relato de la Audiencia y declara que se creó "un auténtico y eficaz sistema de corrupción a través de mecanismos de manipulación de la contratación pública, autonómica y local, a través de su estrecha y continua relación con influyentes militantes de dicho partido, que tenían posibilidades de influir en los procedimientos de toma de decisión en la contratación pública de determinados entes y organismos públicos que dirigían o controlaban directamente o a través de terceras personas" (en comunidades y municipios gobernados por el PP).
Ello permitió que, "bien las empresas de Correa u otras elegidas por él, con el acuerdo y colaboración de aquellos cargos públicos, gozaran de un arbitrario trato de favor y tuvieran un dominio de hecho sobre la contratación pública llevada a cabo por las entidades públicas parasitadas".
Para ello sobornaron a funcionarios y autoridades, emitieron facturas falsas y montaron un entramado entre diferentes sociedades para acceder a la contratación pública u ocultar la procedencia ilícita de los fondos y su ulterior destino, hasta hacerlos aflorar al circuito legal, sin declararlos a Hacienda, afirma el alto tribunal.
El PP fue partícipe a título lucrativo de ello por los actos electorales que sufragó el grupo de Correa en las localidades madrileñas de Majadahonda y Pozuelo de Alarcón con Guillermo Ortega y Jesús Sepúlveda de candidatos, y deberá abonar 133.628 euros por los actos de Majadahonda y 111.864 euros por los de Pozuelo. Ana Mato, entonces esposa de Sespúlveda, lo es por los 27.857 euros que costaron los viajes y regalos que recibió su familia y Gema Matamoros (esposa de Ortega), por 45.066 euros.
Razón simbólica
La parte más controvertida de la sentencia de la Audiencia Nacional era sus referencias a la caja B del PP, pese a que se juzgaban en otro procedimiento. El Supremo le da la razón en parte al PP, al entender contradictorio que se le juzgara como responsable a título lucrativo, y al mismo tiempo se declarara que "era conocedor y responsable penal, aunque sea a efectos teóricos", porque su condena implica que estaba al margen del delito aunque resultó beneficiado por él.
No obstante, la Sala añade que "en modo alguno resulta reprochable que para configurar el contexto en que los hechos enjuiciados suceden, se mencione el resultado de los diferentes medios de prueba practicados relacionados con el Partido Popular, cuando precisamente es el nexo común que sirve de amalgama al conjunto de episodios y actuaciones recogidos en la declaración de hechos probados". Y la caja B, aunque se juzgue en otro procedimiento, apareció una y otra vez en el juicio y se puede considerar prueba.
La Sala recuerda que si la defensa del PP hubiese reintegrado el dinero antes del juicio, su presencia en el mismo no hubiera sido necesaria, puesto que los terceros partícipes a título lucrativo no son culpables sino responsables civiles y si se hubiera reintegrado el dinero antes del juicio se habría extinguido su obligación civil.
