Pedro Sánchez reunirá al Consejo de Ministros de manera extraordinaria este mismo viernes para declarar el estado de alarma en la Comunidad de Madrid, con el propósito de tomar las riendas y lograr "doblegar la curva" del virus. Sin más dilaciones. Sin más esperas. La decisión está tomada y la convocatoria, hecha, tal y como adelantaron fuentes gubernamentales a EL PERIÓDICO. La única duda, a última hora de este jueves, es si esa declaración de alarma será conjunta con la Comunidad de Madrid o bien la liderará el Gobierno central sin su concurso. Es decir, con pacto o sin pacto, habrá alarma en la región. La autorización del Congreso solo es necesaria para las prórrogas, a partir de los primeros 15 días de aplicación.
El Gobierno de coalición no está dispuesto a esperar más y se le ha acabado la paciencia con la popular Isabel Díaz Ayuso. Y está a punto de pulsar el botón, de poner en marcha la solución que siempre estuvo sobre la mesa pero que no se atrevió a activar. Y lo hace porque, como indican desde la Moncloa y desde Sanidad, ha comprobado que no hay apenas margen de acuerdo con el Gobierno regional para adoptar medidas drásticas que consigan frenar la cadena de propagación del covid, y no solo estabilizar la curva.
En la Moncloa no sentó bien que el Gobierno de Madrid no quisiera reunirse el jueves por la tarde, para analizar juntos qué pasos dar tras el fallo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que tumbó la orden de cierre perimetral de Madrid. Fuentes del equipo de la presidenta explicaron que la Consejería de Sanidad ya estaba estudiando el nuevo escenario desde que se había hecho pública la decisión y que esa cita con Salvador Illa podía esperar al viernes. La actitud de Ayuso molestó sobremanera al titular de Sanidad. El ministro se mantuvo reunido con su equipo para estudiar diversas alternativas, pero la decisión final de dar un golpe en la mesa recayó en el presidente.
Según relató la Moncloa en un comunicado al filo de las 23 horas de este jueves, después de que este diario adelantara la noticia, Sánchez, tras regresar de su viaje a Argelia, llamó a Ayuso para abordar las alternativas legales existentes para mantener en vigor las medidas contenidas en la orden que fue tumbada por el TSJM "por razones no de fondo, sino de mera habilitación legal para adoptarlas". El presidente le expuso a la dirigente del PP que caben solo tres opciones: o bien que la Comunidad de Madrid dicte una orden al amparo del artículo 3 de la ley orgánica 3/1986 —ese no fue el instrumento que utilizó el Gobierno de Ayuso cuando acudió al TSJM—, o bien que ella misma solicite el estado de alarma para que el Ejecutivo central, junto con el autonómico, lo declare y ratifique las medidas; o bien que sea el propio Gobierno de Sánchez el que active la alarma, sin petición previa de Ayuso. Realmente, ese requerimiento no es preciso, porque la iniciativa, como prescribe el artículo 116 de la Constitución, es del Ejecutivo de la nación. Lo que Sánchez estaba trasladando a Ayuso era un ultimátum en toda regla: o aplica ella las medidas o se las impone el Gobierno vía alarma, con su apoyo o sin él. Este mismo viernes.
Cambia el instrumento solo
La Moncloa precisó que, en cualquiera de los tres casos, las medidas serían las mismas que las que se llevan aplicando una semana —entre ellas, el confinamiento perimetral de Madrid capital y de otros nueve municipios—, pues lo único que cambiaría sería el instrumento legal. O sea, la cobertura jurídica. Lo que persigue el Ejecutivo es que sea efectiva, y cuanto antes, la restricción de la movilidad, y más en vísperas del puente del 12 de octubre, en el que, sin limitaciones, los madrileños pueden huir a otras comunidades, aumentando así el riesgo de propagación del coronavirus, como ocurrió en marzo cuando Madrid cerró primero los colegios.
Ayuso respondió a Sánchez, en una segunda conversación telefónica, que necesita tiempo para decidir. Y el jefe del Ejecutivo le dio un mínimo margen: hasta primera hora de este viernes. Este 9 de octubre por la mañana, en todo caso, habrá Consejo de Ministros extraordinario, de cuya hora la Moncloa informará posteriormente. Los miembros del Gabinete, muchos de los cuales no se enteraron de la convocatoria hasta que no la vieron en los medios, estaban primero citados a las 8.30 y después a las 12.00. Dado que Sánchez mantiene su viaje a Barcelona con el Rey, y la agenda arranca en la capital catalana a las 10.30 y continúa con otro acto a las 11.45, puede que el Consejo de Ministros lo presida la vicepresidenta primera, Carmen Calvo. Ella fue la que, con su equipo, preparó el primer borrador de la alarma, la que entró en vigor el 14 de marzo y enclaustró a los españoles en sus hogares. Esta vez no se llegará en ningún caso a ese extremo, al confinamiento domiciliario y menos aún al cierre económico.
La Comunidad de Madrid trasladó después un mensaje de Ayuso: a las 22:15 había quedado con Sánchez en hablar el viernes. A primera hora se reunirá en la sede del Gobierno regional con su equipo para "ver alternativas". "Nuestras zonas básicas estaban funcionando y pueden ser lo mejor. Esperamos pactar una solución que beneficie a los ciudadanos y dé claridad", indicaron.
Es decir, que la presidenta no está dispuesta tan fácilmente a aceptar la alarma ni el cierre de Madrid, y reivindica que sus confinamientos quirúrgicos y en zonas de salud, que la Moncloa siempre tachó de insuficientes, sirven. Es más, su consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, pidió a Illa este martes revocar el confinamiento perimetral porque los datos estaban yendo bien. También el alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida (PP), se preguntó si es "necesario" un nuevo estado de alarma en la ciudad cuando las medidas implantadas por la Comunidad "dan resultado". Los dos dirigentes populares habían recomendado a los madrileños durante la jornada evitar los desplazamientos en este puente del 12-O.
Sánchez ya había dejado claro a mediodía, desde Argel, que no estaba dispuesto a transigir. En rueda de prensa, insistió en que el Gobierno contemplaba "todas las medidas" para frenar el virus, incluida la alarma, que se había probado en la primera ola de la epidemia como un instrumento "muy eficaz". Y advirtió de que las cifras en Madrid son "preocupantes", por lo que había que actuar.
Con iniciativas "proporcionales", sí, y "respetando" las competencias del Ejecutivo autonómico, sostuvo, pero con determinación. Su esperanza, como la de Illa, estaba puesta en una reunión inmediata del Grupo Covid-19, el órgano de cooperación que pactó con Ayuso el 21 de septiembre. Pero esa 'cumbre' entre las dos administraciones no llegó en toda la tarde del jueves.
La posición de Ayuso en este último episodio de la crisis sanitaria ha sido un tanto voluble. Primero, exigió que el Gobierno central se implicara. Después, cuando la Moncloa lo hizo y decidió que había que aprobar restricciones en los municipios que superaran los 500 casos positivos por 100.000 habitantes en los últimos 14 días, la presidenta se echó atrás en el preacuerdo que había alcanzado su vicepresidente, Ignacio Aguado, con Illa, criticó las medidas y presentó un recurso ante la Audiencia Nacional que está pendiente de resolución. La orden de la Comunidad que trasponía la decisión mayoritaria del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS) fue la que anuló este jueves el TSJM.
Además, estos cambios de criterio le han supuesto a Ayuso otra crisis con Ciudadanos, su socio de Gobierno en la región. Aguado insistió este jueves en que cualquier medida había que hacerla con acuerdo entre las dos instituciones. Puede que ocurra el milagro este viernes, pero puede que sobrevenga el choque final por una alarma a la que la presidenta se resistió cuanto pudo porque, para ella, es sinónimo de "muerte".
