Primer fin de semana de la alarma en Madrid

En palabras del ministro de Sanidad, Salvador Illa, Ayuso "decidió no hacer nada" para frenar la curva de contagios del virus y agotó al Gobierno. "La paciencia tiene un límite", lanzó en la rueda de prensa en la que dio cuenta de los detalles del decreto. El Ejecutivo central cree que será suficiente con que la alarma esté vigente dos semanas (las eventuales prórrogas sí que deben ser autorizadas por el Congreso). El real decreto con las medidas se envió automáticamente al 'Boletín Oficial del Estado' y se publicó en un número extraordinario a las 16.48 horas, instante en que entró en vigor. El objetivo era evitar la salida de miles de madrileños con motivo del puente del Pilar.

El líder del PP, Pablo Casado, fue el encargado de responder a la Moncloa ante una decisión que calificó de "partidista". Pese a no estar de acuerdo, aseguró que tanto su partido como Ayuso colaborarán con el Ejecutivo central para aplicar la alarma con "lealtad", aunque cada día pedirán que la levanten. En este choque institucional, Casado ha actuado de escudo de Ayuso, a la que los socialistas atacan, afirma, porque quieren dañar su liderazgo como presidente del partido.

Este segundo despliegue del instrumento constitucional no tiene nada que ver con el primero, el del 14 de marzo, el de la primera oleada del coronavirus, pues no supone un confinamiento domiciliario. Es solo perimetral: se limita la movilidad en la capital de España y en otros ocho municipios de la región (Alcobendas, Alcorcón, Fuenlabrada, Getafe, Leganés, Madrid, Móstoles, Parla y Torrejón, y queda fuera, por bajar la incidencia del virus, Alcalá de Henares). Para asegurar el cumplimiento del decreto, ya están desplegados más de 7.000 policías y guardias civiles, según detalló el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska.

Lo que hace el Ejecutivo es cambiar de paraguas legal tras el auto del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) que anuló, este jueves, la orden de la Comunidad de Madrid que trasponía el acuerdo mayoritario del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS) adoptado el 30 de septiembre. Lo reiteró una y otra vez Illa durante su comparecencia: son "las mismas" que revocó la justicia. "Todo sigue igual. Lo que varía es la forma jurídica". De esta manera, se restringen las entradas y salidas de las localidades afectadas, y continúan las limitaciones que se aplicaban en la región y que no anuló el TSJM: aforos al 50% en comercios (que deberán cerrar a las 22.00) y en interior de restaurantes, y al 60% en terrazas (que habrán de echar la persiana a las 23.00), prohibición del consumo en barra o lugares de culto a un tercio y velatorios con 10 personas en interiores y 15 al aire libre.

La autoridad competente en este periodo será el Gobierno, aunque se precisa que cada administración "conservará las competencias que le otorga la legislación vigente, así como la gestión de sus servicios y de su personal, para adoptar las medidas que estime necesarias". Es decir, en este caso, y a diferencia de la anterior alarma, no hay mando único, aunque sí la autoridad natural del Ejecutivo. Illa explicó que se debe el texto de este viernes solo pretende "dar cobertura" a las medidas anuladas, no absorber competencias. El Consejo de Ministros irá decidiendo la salida de localidades de la alarma según se contenga la incidencia del virus.

Illa denunció que lo de Madrid y ve "indiscutible" que hay que proteger la salud de los madrileños. El Gobierno se sintió obligado a actuar a la vista de que la presidenta había dicho por la mañana que no se movía de su posición y que solo confinaría zonas básicas de salud.

La jornada fue intensa y algo caótica desde las ocho de la mañana. El Gobierno autonómico no aclaraba qué iba a hacer. Desde la Moncloa revelaron que Sánchez había propuesto a Ayuso atrasar el Consejo de Ministros de las 8.30 a las 12.00. Pero ella, en ese margen de tiempo, no le telefoneó. La vicepresidenta primera, Carmen Calvo, incluso se puso en contacto a mediodía con el vicepresidente regional, Ignacio Aguado (Cs), para comunicarle que acababa de empezar la reunión del Consejo de Ministros, presidida por ella misma, y trasladarle que Ayuso no había hablado aún con Sánchez, que desde primera hora estaba en Barcelona, por su viaje institucional con el Rey.

"La respuesta fue 'no"

Fue justo después, con el Consejo ya en marcha, cuando se produjo la llamada de la dirigente del PP al líder socialista. Ella le pidió "más tiempo", según indicaron fuentes de la Moncloa. Pero Sánchez subrayó que ya era tarde y que la prioridad es "proteger la salud pública". Entonces, el presidente le comunicó que no había más margen y que el Consejo decretaría la alarma, como así ocurrió, aunque ambos acordaron que en los próximos 15 días seguirán hablando de distintos escenarios.

Pero la versión del Gobierno de Ayuso era otra: que Sánchez se "negó a a negociar la orden de la Comunidad de Madrid", que insistía en el confinamiento de zonas básicas de salud, una medida que a la Moncloa y a Sanidad siempre le pareció insuficiente y confusa. El vicepresidente del Ejecutivo regional, Ignacio Aguado (Cs), intentó, sin éxito, mediar y admitió en Twitter: "Los políticos hemos vuelto a fracasar".

En la conversación telefónica, el presidente pidió a la dirigente conservadora que apoyara la declaración del estado de alarma. "La respuesta de Ayuso ha sido 'no'", puntualizaron desde la Moncloa. El Consejo siguió su curso y acabó cerca de las dos de la tarde.

Durante la rueda de prensa, Illa se preocupó en hacer un relato de lo ocurrido, para justificar por qué se había llegado hasta este punto del choque. Desde que Aguado lanzó la voz de alarma —no era casual ese recordatorio, porque el dirigente de Cs sí ha confrontado más con el criterio de su jefa, sin romper con ella—, hasta la reunión de Sánchez y Ayuso en Sol, hasta la adopción de medidas drásticas después de que el Ejecutivo regional se negara a asumir las "recomendaciones" de Sanidad.

"El Gobierno ha querido llegar a un acuerdo", insistió el ministro, cargando la responsabilidad del choque a la presidenta. Y esta, tras el último apremio de Sánchez y su conversación de este viernes, "ha decidido no hacer nada".

"De un Gobierno con alma"

Illa dio algunos datos para ilustrar la emergencia sanitaria en la región con peores registros de covid de toda Europa: en la última semana han fallecido 63 personas, hay 3.361 hospitalizados, 498 ingresados en las ucis. "Podemos cruzarnos de brazos o podemos frenar al virus. La obligación de este Gobierno, y de cualquier Gobierno con alma, es frenar al virus, doblegando la curva de contagios, y protegiendo a los madrileños y al resto de españoles, aunque suponga algunos sacrificios".

El titular de Sanidad, habitualmente prudente en sus declaraciones públicas, disparó misiles contra Ayuso para argumentar una intervención que se podía vislumbrar desde hace meses, dado el grado de choque entre las dos administraciones. Así, recordó cómo, en la comunidad, no hay brotes de coronavirus, sino una "transmisión comunitaria", cómo la atención sanitaria "corre el riesgo de verse desbordada", cómo la epidemia está fuera de control "y aún no estamos en invierno", cómo en otras ciudades europeas, como Berlín, París o Londres se han adoptado medidas de contención con índices de contagio mucho menores. "En política, el 99% de los temas son discutibles, pero siempre hay un 1% que no es discutible, y proteger la salud de los madrileños es realmente indiscutible, y que hay transmisión comunitaria en Madrid también lo es".

Las reformas legales

Illa recordó que la autonomía acumula 258.767 contagiados con confirmación de prueba PCR [261.762 hasta este viernes], y el 70% de los casos se han detectado desde el 1 de julio. En estos mismos meses, han fallecido 1.209 personas, y en los hospitales la situación es "difícil" para los pacientes y para los sanitarios (1.458 infectados desde mayo). "La paciencia tiene un límite. No hay más ciego que el que no quiere ver. Hay que tomar medidas para proteger la salud de los madrileños y evitar que esta situación se propague a otras comunidades autónomas". Esa pretensión es la que "mueve" al Gobierno, insistió, intentando hacer ver que no hay una disputa política detrás, como sostiene Ayuso. "Es indiscutible que no podíamos no actuar", reforzó.

El Gobierno calcula que no necesitará pedir al Congreso una prórroga de la alarma, que le bastará con los 21 días en total que estarán en vigor las restricciones (la semana que llevan aplicándose y las dos que restan). Confía que, para cuando venza la declaración, la curva al menos se haya "estabilizado", y a partir de entonces, dijo Illa, habrá que trabajar en el marco de la ley orgánica 3/1986, de medidas especiales en materia de salud pública —la que el Gobierno regional no invocó ante el TSJM en esta última ocasión— para seguir bajando los contagios. El objetivo, para Sanidad, no es deslizarse por debajo del umbral de los 500 positivos por 100.000 habitantes en los últimos 14 días —ahora está en 540, aunque hay mucho retraso en notificaciones—, sino llegar al entorno de los 100 o 150 casos.

Illa respondió a las críticas constantes de la oposición por no haber introducido reformas legislativas sustitutivas de la alarma, a las que Sánchez se comprometió con Ciudadanos y ERC y que nunca materializó. El ministro defendió que el Gobierno "sí ha tomado medidas", como la modificación de la ley 29/1998, reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa, para que las autonomías acudan a sus respectivos TSJ (y no a un juzgado de menor rango) para obtener ratificación de las medidas de contención.

Los incumplimientos serán castigados con multa, aunque Marlaska adelantó que se aplicará la normativa con "proporcionalidad" y recordó que la finalidad no es "recaudatoria", sino de protección de la salud pública.

"Hubiéramos preferido el acuerdo", pero no fue posible, sentenció Illa. Y, para Sanidad, no hay otra alternativa. No hay más salida que el confinamiento, siguiendo, dijo, la evidencia científica. Se probó en la primera ola "y ha funcionado". Quedan 15 días por delante de una alarma soft repudiada por Ayuso y convertida en un arma arrojadiza y en carne de disputa política.

La triquiñuela legal de Ayuso

• El Ejecutivo viene deslizando en las últimas horas que Isabel Díaz Ayuso buscó en realidad que el TSJM no ratificara las restricciones. Salvador Illa verbalizó que hasta en siete ocasiones la Comunidad de Madrid se ha dirigido a los tribunales para pedir la conformidad judicial, y en seis obtuvo ese pronunciamiento favorable, en las seis en las que dictó las órdenes en virtud de la ley orgánica 3/1986, de medidas especiales en materia de salud pública.Pero en esta última ocasión, el Gobierno autonómico simplemente aludió al paraguas del artículo 65 de la ley de cohesión del Sistema Nacional de Salud, recientemente reformado, que permite al ministro de Sanidad declarar actuaciones coordinadas en salud pública aprobadas por el CISNS. Sin embargo, otras comunidades han adoptado limitaciones similares invocando la ley orgánica 3/1986 —de mayor rango jurídico— y no se han encontrado problemas. Este mismo viernes, el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León ratificó el confinamiento de León, Palencia y San Andrés del Rabanedo porque la Junta había adoptado las medidas al amparo de la ley de 1986. "Estamos donde estamos porque algunos han querido estar aquí", deslizó el ministro, haciendo ver que Ayuso había buscado que el TSJM no respaldase unas medidas en las que no creía y que de hecho recurrió ante la Audiencia Nacional. Y ese auto del TSJM es el que ha provocado la alarma, según esgrime el Gobierno.

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