El Gobierno aprueba el cuadro macroeconómico, esencial para los Presupuestos

Eso sí, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, recomendó ayer a las comunidades autónomas, en el marco del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), una tasa de referencia de déficit del 2,2% del PIB en 2021, del que la mitad, 1,1 puntos, será asumido por la Administración Central mediante una transferencia de 13.486 millones de euros.

En lo que concierne a la ayuntamientos, ayer se celebró también una reunión de la Comisión Nacional de la Administración Local (CNAL), en la se trasladó que el déficit de referencia para 2021 era del 0,1% del PIB.

Con estas tasas de referencia, las distintas administraciones podrán elaborar sus presupuestos.

Montero anunció el pasado miércoles la suspensión de las reglas fiscales en 2020 y 2021, lo que supone dejar sin efecto la regla de gasto y los objetivos de déficit y deuda para todas las administraciones públicas y, por consiguiente, el Gobierno no tiene que aprobar una nueva senda de estabilidad presupuestaria, ahorrándose su trámite en el Parlamento.

La decisión se ha tomado después de que el Comisión Europea y el Consejo aprobaron el pasado marzo activar la cláusula general de salvaguarda del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, que se mantendrá activa en 2021, lo que implica que los Estados miembros pueden posponer y dejar en suspenso la senda de consolidación fijada con anterioridad a la crisis.

A su vez, la decisión implica también que los ayuntamientos podrán hacer uso, tanto este año como el siguiente y "sin límite", de sus remanentes de tesorería, bloqueados por la aplicación de la regla de gasto y de los límites de déficit y deuda durante todos estos años.

Techo de gasto y cuadro macro

Junto con la aprobación del límite de gasto no financiero ('techo de gasto'), el Gobierno también actualizará hoy el cuadro macroeconómico, en función del cual el Ejecutivo deberá amoldar su proyecto de Presupuestos, y que tendrá que contar con el visto bueno de Bruselas. Más adelante dará cuenta de ello en el Congreso de los Diputados.

De cara a los Presupuestos, el 'techo de gasto' será expansivo. Ya en febrero la ministra de Hacienda aprobó una senda de estabilidad y defendió en el Congreso el 'techo de gasto' para este año que se elevaba un 3,8% (hasta los 127.609 millones), e incluyó una subida del 3% en el año 2021, hasta los 131.437 millones de euros, cifras que ahora han quedado en papel mojado tras la pandemia.

De su lado, el último cuadro 'macro' post pandemia recogía una previsión de una caída del PIB del 9,2% este año y un repunte del 6,8% en 2021, si bien fuentes gubernamentales confirmaron a Europa Press que previsiblemente se revisará el descenso del crecimiento hasta una franja de entre el 10% y el 11%, en línea con las estimaciones de distintos organismos como el Banco de España, Comisión Europea o Funcas.

En cuanto al desempleo, las últimas previsiones del Ejecutivo apuntaban a un incremento de la tasa de paro hasta el 19% este año y su moderación al 17,2% en 2021.

Pese a que no hay que aprobar senda de déficit, el Consejo de Ministros informará sobre tasas de referencia. La última senda de estabilidad presupuestaria del Gobierno proyectaba un déficit público del 10,34% del PIB este año, hasta los 115.671 millones de euros, el mayor déficit desde el año 2012, con una caída de los ingresos del 5,3%, con 25.711 millones respecto al año pasado, hasta 461.043 millones (41,2% del PIB) y un aumento del gasto público del 10,5%, con 57.765 millones de euros más, hasta 576.714 millones (51,5% del PIB). Entonces, Montero cifró el impacto de las medidas para paliar el Covid-19 en 138.923 millones de euros.

El Programa Presupuestario preveía un incremento de la ratio de deuda pública desde el 95,5% del PIB registrado el 2019 hasta el 115,5% del PIB este año.

El Gobierno trabaja con el convencimiento de que, con motivo de la pandemia, el examen de Bruselas no se centrará en la magnitud del déficit público, sino en la capacidad de ejecución de los fondos europeos aprobados para afrontar la reconstrucción económica y los proyectos que se presenten para concentrar los 140.000 millones de euros que, entre transferencias y créditos, corresponden a España.

Proyecto de PGE, en octubre

Con estos pasos previos del 'techo de gasto' y el cuadro 'macro', necesarios para las cuentas públicas, el Gobierno presentará a lo largo del mes de octubre el proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2021, con el objetivo de que esté aprobado "a finales de diciembre o principios de enero", según el calendario detallado por la ministra de Hacienda.

Entre las medidas que se han abordado por el equipo negociador formado por Montero y el secretario de Estado de Derechos Sociales, Nacho Álvarez, se encuentra una subida del IRPF a rentas altas, una bajada de Sociedades a pymes, la eliminación de la bonificación y la consiguiente fijación de un IVA del 21% a educación y sanidad privadas, la reducción de bonificaciones a planes de pensiones individuales y la modificación de los tipos reducidos del IVA, entre otras.

Las opciones del Gobierno contemplan en principio dos alternativas: sacar adelante las cuentas con Ciudadanos y PNV o repetir la fórmula con el apoyo de los grupos que apoyaron la investidura, entre los que figuran ERC, JxCAT o EH Bildu.

Junto con los PGE, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, presentará también el Programa de Recuperación, Transformación y Resiliencia en el que trabaja y que tiene como ejes centrales la transición ecológica, la digitalización, la cohesión social y territorial y la igualdad de género.

En los próximos seis años España tendrá que gestionar 140.000 millones de euros, a definir en los próximos tres años, 72.000 millones de ellos en transferencias directas y el resto en préstamos.

Ya el 15 de octubre el Gobierno remitirá a Bruselas el Plan Presupuestario en el que esbozará las líneas generales de los Presupuestos y se plasmarán los planes de los fondos europeos, y a lo largo del mes presentará y llevará al Congreso los Presupuestos al Gobierno.

En caso de que los Presupuestos del Gobierno de Mariano Rajoy del año 2018 se extiendan un año más, supondría la novena prórroga presupuestaria de la democracia, ya que sucedió anteriormente con las cuentas de 1978, 1982, 1995, 2011, 2016 y 2017 y, por tercera ocasión, sucedería con los de 2018, algo que no había ocurrido anteriormente.

No obstante, desde Hacienda aseguran que se mantiene la intención de presentar "en tiempo y forma" el proyecto para su entrada vigor cuando empiece el próximo año, aunque no ocultan que podría darse una "prórroga técnica" durante varias semanas si los nuevos Presupuestos no están listos para el 1 de enero de 2021.

Hoja de Ruta del Hidrógeno

Por otro lado, el Consejo de Ministros también tiene previsto aprobar la Hoja de Ruta del Hidrógeno, con el objetivo de que en 2030 España tenga 4 gigavatios (GW) de potencia instalada de electrolizadores y que hasta esa fecha la economía del hidrógeno movilice 8.900 millones de euros en el país.

La Hoja de Ruta del Hidrógeno incluye 60 medidas y fija objetivos nacionales a 2030, según fuentes del Gobierno.

Además de los 4 GW de potencia instalada de electrolizadores para 2030 (un 10 % del objetivo marcado por la CE para toda la UE) -con un hito intermedio para 2024 de entre 300 y 600 megavatios (MW)-, la Hoja de Ruta contempla que un 25 % del consumo de hidrógeno por la industria sea renovable y la implantación de hidrogeneras, trenes y vehículos de transporte pesado propulsados por este producto.

Actualmente la industria emplea la práctica totalidad de las 500.000 toneladas de hidrógeno que consume España al año y en su mayoría utiliza hidrógeno de origen fósil (o hidrógeno gris), que emplea gas natural como materia prima para su elaboración.

Por cada kilogramo de hidrógeno renovable que sustituye a un consumo existente de hidrógeno no renovable se evitan 9 kilogramos de CO2 a la atmósfera.

En movilidad, España quiere contar para 2030 con una flota de, al menos, 150 autobuses, 5.000 vehículos ligeros y pesados, y dos líneas de trenes comerciales propulsadas con hidrógeno renovable.

Asimismo, prevé implantar una red con un mínimo de 100 hidrogeneras y el uso de maquinaria de 'handling' o servicios en tierra propulsada con hidrógeno en los cinco primeros puertos y aeropuertos del país.

La Hoja de Ruta apoyará el diseño de instrumentos financieros para que la industria española consumidora intensiva de hidrógeno adapte sus procesos e infraestructuras al suministro continuo de hidrógeno renovable.

También prevé la identificación de los polos de consumo de hidrógeno en la actualidad, fomentando e incentivando la creación de lo que denomina "valles de hidrógeno", y promoverá la constitución de Mesas del Hidrógeno Industrial junto a comunidades autónomas, administraciones locales, consumidores de hidrógeno y promotores de proyectos de producción de hidrógeno renovable.

Incluye, asimismo, medidas para propiciar el desarrollo nacional de electrolizadores de grandes potencias (100 MW), para impulsar su fabricación en masa y la aplicación de nuevos materiales.

En la Hoja de Ruta se prevé la creación de una línea de financiación exclusiva para proyectos de la cadena de valor del hidrógeno renovable en los sucesivos planes estatales de Investigación Científica y Técnica y de Innovación.

También potenciar nuevos núcleos energéticos de producción de hidrógeno renovable que contribuyan a evitar la despoblación rural e incorpora un anexo con proyectos de hidrógeno identificados en España.

El documento también anticipa los cambios que se producirán en la economía del hidrógeno más allá de 2030 y hasta 2050, y destaca que, una vez concluida la presente década, se producirá una aceleración de la producción y aplicación del hidrógeno renovable en España, que será plenamente competitivo frente a otras tecnologías.

La Hoja de Ruta prevé que España pueda convertirse en un exportador de hidrógeno renovable al resto de Europa, y que el hidrógeno verde abra nuevas oportunidades de empleo y actividad.

Entre ellas, cita la fabricación de ensambladores de electrolizadores, pilas de combustible, componentes (electrónica, control, automoción, mecánica), vehículos, astilleros, depósitos a presión, hidrogeneras o plantas de producción de hidrógeno renovable, además de soluciones de almacenamiento a gran escala, equipos para transportar hidrógeno o servicios de movilidad.

El documento también considera que el hidrógeno renovable puede acelerar el desarrollo de redes inteligentes para almacenar energía renovable a gran escala y de manera estacional.

El hidrógeno no es una fuente primaria de energía, como el sol o el viento, sino un vector, un producto manufacturado que es capaz de almacenar energía para posteriormente liberarla de forma gradual y, si se emplean energías renovables en su fabricación, tiene la consideración de hidrógeno verde o renovable.