La Comunidad de Madrid presentará este viernes un recurso ante la Audiencia Nacional contra las restricciones de movilidad que planean sobre diez municipios madrileños, incluida la capital, y solicitará medidas cautelares, han informado fuentes del Gobierno regional.

El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado este jueves el acuerdo del Consejo Interterritorial de Salud, que supone la aplicación de nuevas restricciones en ciudades de más de 100.000 habitantes con una alta tasa de contagio de coronavirus, lo que afectaría por el momento a diez municipios madrileños.

En concreto son Madrid capital, Alcalá de Henares, Alcobendas, Alcorcón, Fuenlabrada, Getafe, Leganés, Torrejón de Ardoz, Móstoles y Parla.

La presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso (PP), había anunciado este jueves en el pleno de la Asamblea de Madrid que cumpliría "de manera estricta" la orden, aunque avanzó que la llevaría "a los tribunales" para "defender los intereses legítimos de los madrileños.

Sin embargo, el vicepresidente madrileño, Ignacio Aguado (Cs), ha expresado su disconformidad con esta decisión a través de un tuit: "Ahora toca colaborar más y pelearnos menos en ruedas de prensa o tribunales para salvar vidas".

Recuerda además que Ciudadanos lleva meses "pidiendo unos criterios claros y únicos en toda España para hacer frente a la pandemia" y añade que "el Gobierno ha llegado tarde, pero al fin reconoce que es la única salida.

El Ministerio de Sanidad y una mayoría de comunidades autónomas acordaron en el Consejo Interterritorial de Salud de este miércoles 9 medidas para controlar la expansión de la covid que son de obligado cumplimiento.

Estas medidas restringen las entradas y salidas en municipios de más de 100.000 habitantes con mayor incidencia de contagios, donde además habrá mayores reducciones de aforos y de horarios en establecimientos hosteleros y comerciales.

Los criterios para aplicar son: superar la tasa de 500 contagios de coronavirus por 100.000 habitantes en 14 días, tener un porcentaje de positividad en las pruebas diagnósticas superior al 10 % y una ocupación de camas en UCI por pacientes COVID superior al 35 %.

La Comunidad de Madrid votó en contra de los criterios acordados, al igual que hicieron Cataluña, Andalucía, Galicia y Ceuta.

Tras la reunión, el consejero madrileño de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, dijo que la decisión adoptada no era "jurídicamente válida" al no haber sido tomada por consenso como, según subrayó, establece el artículo 14.1 del reglamento del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud.