El pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha decidido responder a la presión que desde el Gobierno y colectivos de izquierda le instaban a paralizar sus nombramientos hasta ser renovado, con la elección por una amplísima mayoría de tres magistrados para la Sala Segunda del Tribunal Supremo, la que se ocupa de juzgar a los aforados. Los tres han recibido 19 votos a favor y ninguno en contra, aunque dos vocales han votado en blanco.

Se trata de un magistrado que se presume de tendencia conservadora, Ángel Hurtado, porque participó en la sentencia de la Gürtel que provocó la moción de censura que acabó con el Gobierno de Mariano Rajoy y renunció a redactar la parte relativa a la caja B del PP, que cedió a su compañero José Ricardo de Prada. A los otros dos, en cambio, se les atribuya una sensibilidad progresista. Son Javier Hernández y Leopoldo Puente. En cualquier caso, los tres han contado con el respaldo de prácticamente todos los vocales con independencia de qué partido les propusiera para el órgano de gobierno de los jueces en su día.

Precisamente uno de los argumentos para pedir que el Consejo realizara los nombramientos, pese a que es lo que prevé la ley, es que su presidente, Carlos Lesmes, aprovecharía para designar a magistrados consercadores a la Sala de lo Penal del alto tribunal. Justo este CGPJ ha sido el único que ha paralizado los nombramientos en enero y el pasado mes de julio para tratar de forzar una renovación que corresponde a las Cortes, a las que Lesmes se dirigió hasta en cuatro ocasiones, además, de verbalizarlo durante el último acto de apertura del año judicial.

También amplio refrendo

En el resto de nombramientos pendientes el pleno ha reproducido el mismo consenso. El Consejo ha elegido a César Tolosa como presidente de la Sala Tercera o de lo Contencioso del Tribunal Supremo, con un apoyo de 18 votos. En ese puesto sustituye a Luis Díaz-Picazo, quien durante su mandato ha sido muy cuestionado por la forma en la que gestionó la sentencia sobre quién debía pagar los impuestos hipotecarios que partieron la Sala prácticamente por la mitad.

La otra magistrada que optaba al puesto, Pilar Teso, solo ha obtenido el apoyo de un vocal, mientras que Cuesta y Sáez han vuelto a votar en blanco, ya que su posición no obedece a su discrepancia con los méritos de la persona finalmente elegida sino con la propia realización de la designaciones. Álvaro Cuesta fue diputado por el PSOE, partido que le propuso para el Consejo, mientras que Sáenz lo fue por Izquierda Unida.Primera mujer

Los nombramientos del pleno de este miércoles han venido a paliar un déficit que arrastra el Supremo: la presencia de mujeres al frente de sus cinco Salas, imagen tradicional que se traslada cada vez que el Rey procede a declarar abierto el año judicial. La magistrada María Luis Segoviano ha sido nombrada presidenta de la Sala Cuarta o de lo Social del alto tribunal por 19 votos a favor. Es la primera que alcanza esta responsabilidad en los 200 años de historia del alto tribunal, creado en las Cortes de Cádiz de 1812.

Para la Sala Quinta o de lo Militar la persona elegida para presidirla ha sido Jacobo Barja de Quiroga, que era uno de sus magistrados desde el año 2014.El único en parar

El actual CGPJ ha sido el único que ha paralizado los nombramientos de magistrados a la espera de una renovación que aún no ha llegado. En diciembre cumplirá dos, momento en el que alcanzará el hasta más longevo, el presidido por Francisco Hernando y en el que el actual consejero de Justicia de Madrid, Enrique López, ejercía de portavoz. El actual ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, ejercía como portavoz oficioso del sector progresista y era muy crítico con el rodillo de nombramientos conservador. Eso no impidió que ese Consejo realizara un total de 32 nombramientos estando en funciones, de los que 11 fueron de magistrados del Supremo. Solo en el pleno de abril de 2008, cuando ya llevaba un año y medio caducado, hizo 10, cuatro en el alto tribunal.

Lesmes paralizó los nombramientos el paso mes de enero y en julio para tratar de forzar la renovación que ha pedido hasta en cuatro ocasiones por carta a las Cortes, además, de verbalizarlo durante el último acto de apertura del año judicial.