El Gobierno explica por fin las razones por las que vetó la presencia del Rey el pasado viernes en la entrega de despachos judiciales en Barcelona. Este lunes lo hizo, tras una semana dejando botar la pelota y cuando el choque con el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) es un hecho. Porque el Ejecutivo culpa a su presidente, Carlos Lesmes, de haberse empecinado en poner una fecha del acto, el 25 de septiembre, que a su juicio era inconveniente por la inminencia de la sentencia de inhabilitación de Quim Torra y la cercanía del tercer aniversario del referéndum ilegal del 1-O. Para "velar por la convivencia". Porque no era razonable generar "tensión" añadida.

Fue el propio ministro de Justicia el que aclaró los motivos que llevaron al Gobierno a tomar la decisión, después de que él mismo el pasado jueves hablara simplemente de un "paquete de razones", sin desgranar cuáles. Lo expuso en 'Las mañanas de RNE'. Durante la entrevista con Íñigo Alfonso, Juan Carlos Campo insistió en que no hay choque con la Casa del Rey —"no hay ningún frentismo en absoluto"—, sino con el presidente del CGPJ y del Tribunal Supremo.

Lo que sucedió, es que hubo una "decisión" del Gobierno de vetar la presencia del Monarca en la capital catalana el pasado viernes porque había "razones" que "desaconsejaban" su presencia en la ceremonia de entrega de despachos a la promoción de nuevos jueces. Por parte del Gobierno, como ya contaba EL PERIÓDICO, "hubo un intento" de que se aplazara la fecha del acto, y Lesmes, "que es quien tenía la competencia [de hacerlo] entendió que no".

"Es verdad que el Rey este año no ha ido [Juan Carlos I se ausentó en 2006 y 2013, aunque en ambas ocasiones mandó a su hijo, el entonces Príncipe], y creo que había razones que cualquier ciudadano puede entener. No solo ya por la idea de la seguridad del Monarca. No está ahí el acento, sino en elementos de la convivencia", relató. ¿Cuáles? "La inminencia de la sentencia [de inhabilitación contra Torra], la cercanía del 1 de octubre... El Gobierno tiene una obligación no solo ya de velar por la seguridad, que la tiene, sino sobre todo por la convivencia. Si el acto se podía hacer unos días después, que no hubiera esta tensión, ¿por qué vamos a generar una tensión? Y no hay más", remachó Campo.La "descomposición" del Consejo

El ministro también recordó que España vive un momento de fuertes "restricciones" por la segunda oleada del covid-19, y de hecho al evento no acudieron más que ocho vocales del CGPJ (no los 20), no había miembros de la sala de gobierno, faltaron alumnos, solo había un presidente de un Tribunal Superior de Justicia (se había invitado únicamente a cuatro)... "Hay que salirse de una tensión porque bastantes problemas reales tenemos como para encima incrementarlo con esto, pero a veces interesa poner estos problemas para disipar otros", deslizó.

El titular de Justicia admitió que "seguramente sí" el Gobierno lo podía "haber hecho mejor". "Pero en ocasiones da igual lo que expliques. Muchas veces el esfuerzo infatigable de explicar no es atendido", insistió, recalcando que el Ejecutivo instó a Lesmes a aplazar el acto a una fecha posterior. "Pero él lo había decidido y lo ha hecho".

Campo intentó en todo momento evitar la colisión con la Zarzuela. El viernes, tras el acto, se supo que el Rey había trasladado al presidente del CGPJ que le habría gustado estar en Barcelona, una filtración que el Gobierno atribuye a Lesmes y que le ha irritado sobremanera. Pero el Gabinete de Pedro Sánchez se queda, dijo este lunes el ministro, con la aclaración posterior de la Corona: fue una llamada de "cortesía" en la que no hubo "consideraciones instituciones" sobre el acto que se había celebrado en la Escuela Judicial.

No es "imputable" a Lesmes, entiende Campo, la "extralimitación" de funciones, sino a un Consejo cuyo mandato caducó hace casi dos años, que arrastra una "descomposición" precisamente por no haber sido renovado. El ministro aprovechó de nuevo para instar al PP a que dé "cumplimiento" a la Constitución y facilite el recambio en las instituciones, varias de ellas —y no solo el CGPJ— colgadas desde hace mucho tiempo.

Pero, como ya había informado este diario, el Gobierno no oculta su malestar con Lesmes por otra razón: el pleno del CGPJ del próximo miércoles está llamado a reactivar algunos nombramientos de la carrera judicial pendientes, después de meses de suspensión. Fuentes del órgano de gobierno de los jueces indicaban a este rotativo que la ley obliga a ello, aunque esté en funciones, y de hecho así se ha procedido en anteriores ocasiones. Ya se paralizaron las designaciones en enero y en julio, por la expectativa de acuerdo. El Ejecutivo quiere que esa congelación persista. Paralizar los nombramientos, dijo Campo, sería una "medida de apoyo a la obligada renovación de los órganos constitucionales". "Lesmes sabrá qué tiene que hacer", añadió.