El presidente de la Generalitat, Quim Torra, se negó a declarar ante el juez del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) que investiga su segunda causa por desobediencia por desoír una orden judicial para que retirara de la Generalitat una pancarta a favor de los políticos presos. El mandatario aludió en su breve comparecencia que se sentía víctima de la "represión" al independentismo y que debía regresar cuanto antes a su responsabilidad para atajar la pandemia.

Torra, llegó al Palau de Justicia arropado por la plana mayor del independentismo, permaneció ante el juez instructor Carlos Ramos apenas tres minutos, en los que le comunicó su voluntad de acogerse a su derecho a no declarar, ni siquiera a su defensa. El 'president' justificó su decisión argumentando que no reconocía al tribunal para enjuiciar este caso, pues es el mismo que le condenó por desobediencia y la decisión ya está tomada.

Fuentes de la defensa explicaron que en los próximos días solicitarán nuevas diligencias, como la incorporación de todo el expediente administrativo que ahora consideran incompleto. Además, en su opinión, la Sección Quinta de la Sala Contencioso Administrativo del TSJC, que dedujo testimonio para que se abriera este proceso, no es el órgano competente para tramitar un recurso como el que obligó al president a retirar la pancarta de la fachada de la Generalitat.

Tras su comparecencia, Torra, ya en el Palau de la Generalitat, explicó: "Le he dicho al magistrado que ese no era un tribunal neutral, que dijera lo que dijera, la sentencia ya está escrita, y que me acogía a mi derecho a no declarar. Le he dicho que soy un independentista catalán y que el juicio se enmarcara en la persecución política contra los independentistas catalanes, la causa del independentismo es justa y es una causa de una minoría nacional".

El president fue citado a declarar de nuevo como investigado este miércoles, mientras el Supremo sigue meditando si confirma la condena a inhabilitación por desobediencia que le impuso el TSJC. En esta ocasión, la orden de retirada tiene su origen en una demanda presentada por Impulso Ciudadano, una asociación presidida por el exdiputado de Ciutadans en el Parlament José Domingo.

La Sección Quinta de lo contencioso-administrativo del TSJC aceptó su petición de que, como medida cautelar y hasta la resolución del fondo del asunto, se instara a Torra a retirar el cartel con el lazo amarillo del balcón del Palau de la Generalitat a favor de los líderes soberanistas encarcelados y los "exiliados". Los jueces consideraron que la pancarta podría provocar una "afección objetiva" sobre los ciudadanos que "no se alineen con la opción ideológica representada".

Doble desafío

Pese a la orden del tribunal de retirar la pancarta del Palau, el 'president' respondió una vez más con un desafío. El 20 de septiembre del 2019, el TSJC le dio 48 horas para quitar la pancarta. Lejos de obedecer, Torra denunció una "vulneración flagrante del derecho a la libertad de expresión", para lo que presentó los símbolos como un clamor "mayoritario de la sociedad catalana y un compromiso democrático del Govern con las personas que sufren la represión por haber defendido la democracia, los mandatos electorales y los derechos fundamentales".

El 27 de septiembre, expirado ya el plazo, el tribunal ordenó entonces que los Mossos retiraran la pancarta, tras lo que dos operarios de la Generalitat quitaron el mensaje del balcón del Palau sobre las 15:30 horas. El Govern, sin embargo, respondió con un nuevo envite: a las 18:00 horas, colgó otra pancarta con el lema 'Libertad de opinión y expresión. Artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos'. A este proceso judicial se ha añadido otra posible desobediencia, cuando el 3 de enero, se volvió a colgar otra pancarta. En el supuesto que Torra sea inhabilitado por el Supremo y si no se ha dictado todavía la apertura de juicio oral, este caso irá a un juzgado ordenario.