La incertidumbre sobre el futuro inmediato del presidente de la Generalitat, Quim Torra, a quien el Tribunal Supremo puede confirmar su inhabilitación en los próximos días, deja en el aire la continuidad de los trabajos de la mesa de diálogo sobre Cataluña impulsada por ERC y el PSOE.

La mesa de diálogo entre la Generalitat y el Gobierno del Estado, que fue el principal compromiso que arrancó ERC a los socialistas a cambio de facilitar la investidura de Pedro Sánchez, se reunió por primera y de momento única vez en febrero, en Madrid; en marzo tenía previsto celebrar en Barcelona su segundo encuentro, pero el estallido de la crisis del coronavirus obligó a postergarlo.

Desde un principio, Torra y JxCat expresaron sus recelos hacia este espacio de diálogo con el Gobierno, que no termina de encajar en su estrategia de "confrontación inteligente" con el Estado, y reclamaron la presencia de un mediador en la mesa para tomar nota de las conversaciones y eventuales acuerdos a los que se pueda llegar.

A la vuelta del parón veraniego, ERC y el Gobierno decidieron reactivar la mesa de diálogo, Sánchez llamó a Torra para concretar la fecha del nuevo encuentro, pero el calendario judicial que afecta al president ha bloqueado de momento la convocatoria.

Torra y su entorno no consideraron viable celebrar la reunión antes de la vista en el Tribunal Supremo y del segundo juicio por desobediencia, que tendrá lugar este miércoles en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.

En febrero, Torra presidió la delegación catalana que se reunió con Sánchez y su equipo negociador en la Moncloa, y su posible inhabilitación en los próximos días o semanas puede tener consecuencias sobre el futuro inmediato de la mesa de diálogo.

Este martes, tras la reunión del Govern, la consellera de la Presidencia, Meritxell Budó, ha alertado al Ejecutivo de Sánchez de que, si se confirma la inhabilitación del president, eso complicará los trabajos a la mesa de diálogo.

Budó ha evitado verbalizar que la eventual inhabilitación de Torra sería motivo suficiente para cancelar los preparativos de la próxima reunión, pero sí ha admitido que no sería un "elemento facilitador".

Otro escollo, de momento, es la falta de concreción de un orden del día de la reunión: el Govern está esperando una propuesta que incluya "por escrito" una mención a dos asuntos que considera claves para resolver el conflicto político catalán, como son el derecho a la autodeterminación y una ley de amnistía.

"Si no hay un orden del día, seguro que no iremos", ha avisado Budó, que ha evitado concretar si, en caso de inhabilitación, el Govern planteará que Torra participe igualmente en la reunión de la mesa de diálogo, aunque ha advertido que la vicepresidenta primera del Ejecutivo, Carmen Calvo, "no será quien decidirá quién va por la parte catalana".

De momento, el Govern ha encargado al gabinete jurídico de la Generalitat un informe para aclarar el "itinerario legal" que debería seguirse si el Supremo confirma la inhabilitación de Torra, cómo se formalizaría su cese y sustitución y qué atribuciones pasaría a tener el vicepresidente del Govern, Pere Aragonès.

Mientras tanto, los socios del Govern han continuado cruzándose advertencias: el líder de JxCat en el Parlament, Albert Batet, ha pedido que ningún independentista "se aproveche de la represión" y ha avisado: "El vicepresidente no hará de president".

Desde ERC, Sergi Sabrià ha expresado su "extrañeza" por el hecho de que a JxCat le preocupe una posible usurpación de funciones del president por parte de Aragonès, cuando tiene la posibilidad de convocar elecciones ya.

Por su parte, el diputado de Ciudadanos Jorge Soler ha defendido que se presente un "candidato alternativo" a la presidencia de la Generalitat si el Supremo confirma la inhabilitación de Torra, porque Cataluña no puede quedar "paralizada" en plena pandemia.

La presidenta de Catalunya en Comú Podem, Jéssica Albiach, ha indicado que su grupo no participará en la reunión propuesta por Cs con PSC, comunes y PPC, ya que rechaza "los bloques".

El diputado de la CUP Vidal Aragonés ha insistido en acordar con JxCat y ERC la fecha de las elecciones, junto a medidas sociales y un "programa claro" de movilizaciones en la calle.