La Audiencia Nacional ha condenado a 133 años y cuatro meses de cárcel al que fuera coronel y viceministro de Seguridad Pública del Ejército de El Salvador Inocente Orlando Montano por el asesinato de cinco jesuitas españoles, entre ellos el sacerdote Ignacio Elllacuría, cometidos la noche del 15 al 16 de noviembre de 1989 en la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA). El juicio comenzó en España el pasado mes de junio, 30 años después de que produjo el crimen.

La Sección Segunda de la Sala de lo Penal, en lectura pública, ha declarado a Montano autor de cinco delitos de asesinato de carácter terrorista(los de los jesuitas Ignacio Ellacuría, Ignacio Martín Baró, Segundo Montes Mozo, Armando López Quintana y Juan Ramón Moreno Pardo) y por cada uno de ellos le impone una pena de 26 años, 8 meses y un día de prisión. El tribunal ha precisado que el máximo de cumplimiento será 30 años.

Los magistrados también consideran a Montano autor de los asesinatos de otro jesuita salvadoreño, Joaquín López y López, de la cocinera de la universidad, Julia Elba Ramos, y de su hija de 15 años, Celina Mariceth Ramos, ejecutados junto con los religiosos, pero no puede condenarle por ellos al no haber sido extraditado por Estados Unidos por el asesinato de las víctimas que no tuvieran nacionalidad española y ello veta su persecución en España.

La Tandona

La resolución de la Audiencia describe la situación en 1989 en El Salvador, donde se vivía un conflicto armado interno entre las fuerzas gubernamentales y la guerrilla del Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional (FMLN) que se prolongaba ya 10 años

El acusado formaba parte de la promoción de 1966 de la Academia Militar de Oficiales del Ejército Salvadoreño, conocida como 'la tandona', debido a que fue la más poderosa y unida del Ejército. Sus oficiales esperaban gobernar al final de la década desde por lo menos 1980. Montano era miembro del "círculo íntimo" de poder de este grupo, denominado "los compadres", y participaba en sus decisiones.

El padre Ellacuría, como rector de la Universidad Centroamericana, era considerado uno de los analistas políticos más importantes del país e insistía en la idea de que no creía que fuese posible una victoria militar ni de las fuerzas armadas ni del FMLN. Su participación en la vida pública le había creado poderosos enemigos, lo que se sumaba a que los jesuitas habían sido blanco durante toda la década de amenazas de muerte, registros y atentados.

Además, el papel de la Iglesia como mediadora en la guerra civil les granjeó la enemistad de la extrema derecha, que temía perder sus privilegios. La animadversación se personalizó en Ellacuría, que abogaba por la depuración del Ejército y en espcial de los militares de 'La Tandona', que le consideraban un "enemigo" y decidieron asesinarle en una reunión en la que participó Montano.

El crimen

Pasada la medianoche del 15 al 16 de noviembre, los soldados se reunieron fuera de la Escuela Militar, donde el coronel Rene Yusshy, que declaró como testigo ante el tribunal, les facilitó un fusil AK 47 de fabricación rusa que usaba habitualmente el FMLN con el fin de disparar con él y simular que habían sido los miembros de esta organización los autores de los hechos. Les ordenó también que hicieran creer que se había producido una confrontación militar una vez que los sacerdotes estuviesen muertos.

Los oficiales se acercaron a la residencia de los sacerdotes yles ordenaron tirarse al suelo. El oficial que llevaba el AK 47 disparó a Ellacuría, Baró y Montes, y el subsargento y un cabo a los otros tres sacerdotes. Un sargento disparó entonces contra la cocinera de la universidad y su hija mientras ambas se abrazaban. Para asegurar su muerte, descargó su M-16 "hasta acabar con ellas y prácticamente partirlas por la mitad". Para simular que había sido el FLMN, un teniente pintó en una pared: "EL FLMN ejecutó a los enemigos espías. Victoria o muerte, FMLN".

Estos hechos fueron juzgados en El Salvador, en una vista que el Tribunal Supremo de España declaró que más que asegurarse del castigo y persecución de los responsables de la matanza, pretendía su sustracción a la Justicia, al realizarse sin las garantías necesarias de independencia e imparcialidad.

Terrorismo desde el Estado

La sentencia, de la que ha sido ponente el magistrado Fernando Andreu, explica que los hechos son competencia de la jurisdicción española porque se trata de asesinatos terroristas cometidos contra víctimas españolas. Declara que fueron cometidos desde los propios aparatos del Estado, "lo que comúnmente viene a denominarse como 'terrorismo desde el Estado' que se fragua y desarrolla en determinados núcleos decisivos de poder, como en el presente caso, en el seno del alto mando de las fuerzas Armadas, al que pertenecía el acusado, Inocente Orlando Montano".

En él "se adoptó la decisión de, arrogándose ilegal e ilegítimamente el monopolio de la violencia que corresponde al Estado, y con el único fin de crear terror en la población y alterar gravemente la paz pública", así como "perpetuarse en sus posiciones de privilegio dentro de las estructuras de poder en El Salvador", cometieron los crímenes gracias al "poder de los medios que le suministra el Estado".