23 de agosto de 2020
23.08.2020
Crisis del coronavirus

El Gobierno plantea a las autonomías un plan de choque urgente para la dependencia

Las CCAA han reclamado que se aumente la financiación para llevar a cabo estas políticas

24.08.2020 | 06:32
Un sanitario traslada a un paciente de una residencia de mayores.

Gobierno y CCAA han constatado la necesidad de impulsar "urgentemente" un Plan de Choque para reforzar el sistema de atención a la dependencia y los servicios sociales, dado el contexto de rebrotes del COVID-19, según ha informado este lunes la Vicepresidencia de Derechos Sociales, tras la reunión de trabajo mantenida este lunes 24 de agosto con las CC.AA.

Por su parte, la principal reclamación de las CC.AA ha sido aumentar la financiación para poder llevar a cabo estas políticas. Así, Extremadura ha demandado el Gobierno apoye "fuertemente" con financiación la dependencia, mientras que Asturias ha pedido partida presupuestaria para las medidas en residencias.

Igualmente, Andalucía ha reclamado una partida del Fondo de Reconstrucción para las residencias, mientras que Aragón ha planteado la creación de un nuevo fondo para las residencias. Desde el País Vasco, se reclama al Gobierno que apoye también proyectos del ámbito social con fondos europeos y Murcia ha exigido un compromiso de financiación para las residencias de mayores.

En la misma línea, Baleares ha trasladado también la coincidencia de todas las CCAA en cuanto a la necesidad de seguir contando con una financiación específica Covd-19 así como la necesidad de agilizar el Ingreso Mínimo Vital, que no puede fracasar "por una gestión lenta". Según la consellera Balear, Gobierno y CC.AA han acordado revisar las medidas relativas a las residencias mediante reuniones telemáticas cada 15 días. También Cantabria ha pedido un nuevo fondo Covid-19 para poder sufragar las medidas.

Según el Gobierno, la Vicepresidencia de Derechos Sociales y las CCAA también han concretado el Plan de Respuesta Temprana en el que venían trabajando. Tal y como señala el Ejecutivo, la parte relativa a los centros residenciales ya está disponible en la página web del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030. La segunda parte, referente a los servicios sociales no residenciales, se publicará a lo largo de esta semana, una vez que se incorporen las aportaciones de las CCAA.

Asimismo, apunta que se han abordado los mecanismos específicos de coordinación establecidos con las autoridades sanitarias para asegurar la atención de todos los usuarios en los centros residenciales.

"Hemos constatado la necesidad de impulsar un plan de choque para reforzar el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, que ya estaba muy frágil por los recortes del PP en 2012. Sus debilidades se han hecho más evidentes con las crisis del COVID-19", ha señalado el secretario de Estado de Derechos Sociales Nacho Álvarez.

Un caso, un brote

Respecto al plan para los servicios sociales no residenciales presentado este lunes a las CC.AA, a cuyo borrador ha tenido acceso Europa Press, la Vicepresidencia plantea a las autonomías que en los centros ocupacionales, centros de día y otros centros diurnos, la detección de un caso sea indicativa de brote. Ello implicará: notificación a las autoridades sanitarias, aislamiento del caso, cuarentena de los contactos estrechos y la búsqueda activa de casos.También implicará la realización de pruebas PCR para las personas quetrabajan en el centro y las personas usuarias que asisten con asiduidad.

En caso de cierre del centro por causa de la COVID-19, y cuando la situación de cada persona así lo requiera, se pondrá en marcha un sistema de reconfiguración de servicios terapéuticos personalizados, que se prestarán en el domicilio. En este caso, los profesionales contarán con los medios de protección adecuados y tomarán las medidas preventivas establecidas.

Todas estas instalaciones deberán contar con un Plan de Contingencia y Actuación frente a la Epidemia por COVID-19 con objeto de garantizar una respuesta eficaz y segura ante nuevos brotes epidémicos.

Además, plantea que el acceso a las prestaciones económicas y aquellas que respondan a necesidades básicas de las personas y las familias no sólo no debe interrumpirse, sino que la administración pública competente "deberá garantizar que éstas lleguen a cada persona que lo necesite, flexibilizando el acceso, ofreciendo garantías administrativas para su gestión, publicitando los trámites, adaptando procedimientos e incrementando las partidas presupuestarias en caso necesario". En la misma línea, pide que se simplifiquen procedimientos.

Atención a personas sin hogar y barrios vulnerables

Igualmente, plantea mantener las estructuras habilitadas para la atención a personas sin hogar durante los meses de confinamiento, garantizando el acceso a los recursos sanitarios, haciendo seguimiento de su situación y garantizando espacios residenciales para pasar la cuarentena. En la misma línea, plantea el seguimiento adecuado de barrios segregados y vulnerables con medidas similares.

Seguimiento a menores tutelados y en riesgo de desamparo

También sugiere que se garantice el acceso a los servicios de prevención, diagnóstico y atención sanitaria de los menores tutelados, haciendo un seguimiento social y de su estado sanitario y habilitando también espacios adecuados para la cuarentena. También plantea un seguimiento permanente de los menores en riesgo de desamparo y la atención presencial de apoyo familiar.

En general, el Ejecutivo plantea que los servicios domiciliarios que garantizan la cobertura de necesidades básicas no deben interrumpirse en ningún caso. Por ello, plantea un sistema de reconfiguración de servicios domiciliarios de forma que se adapten, con flexibilidad, a cada situación concreta en función de las circunstancia, con los medios de protección adecuados para los trabajadores.

También plantea un sistema de alertas, en colaboración coninstituciones y servicios implicados y muy especialmente en combinación con la teleasistencia, para identificar posibles casos de personas afectadas y garantizar la provisión de apoyos y de los servicios sociales o sanitarios que sean necesarios.

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