El Pleno del Congreso ha convalidado este miércoles el decreto ley que amplió hasta el 30 de septiembre los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) por fuerza mayor derivados por la crisis del virus Covid-19.

Asimismo, la Cámara Baja ha votado casi por unanimidad, menos por un voto negativo emitido telemáticamente, la tramitación del decreto como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia, lo que habilita a los grupos a presentar enmiendas con las que buscar su modificación.

En vigor desde su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE), la Constitución exige que en el plazo de un mes los decretos leyes deban ser debatidos y votados en el Congreso para decidir si se convalidan o se derogan.

El decreto ley fue aprobado por el Gobierno el pasado 26 de junio para prorrogar hasta el 30 de septiembre los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTEs) asociados al Covid-19 y la prestación extraordinaria para autónomos cuya actividad se haya visto mermada con la crisis, así como la creación de un nuevo fondo de garantías para la gran industria.

Las prórrogas de estas medidas laborales son fruto de las negociaciones que ha mantenido el Gobierno, en el caso de los ERTE con CC.OO., UGT, CEOE y Cepyme y, en el caso de la protección a las personas autónomas, con ATA, UPTA y Uatae.

Con el decreto ley, se mantiene la protección reforzada en el anterior acuerdo para las personas afectadas por ERTE derivados del Covid-19, sean de fuerza mayor total o parcial o basados en causas productivas o tramitados en caso de rebrote; se crea la figura del ERTE de transición para empresas que aún tengan problemas para reiniciar la actividad; y se incluye un nuevo tipo de ERTE para posibles cierres como consecuencia de un rebrote.

Durante su intervención en el Congreso, la ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha defendido la convalidación de la prórroga y ha instado a la Cámara a que se "alienten grandes acuerdos" para que la recuperación siga su curso y el país salga fortalecido de la pandemia.

Para Díaz, se trata de una norma que contribuirá a la reactivación económica, pero también es un compromiso con las personas y las empresas.

"Esta norma surge en un momento crítico en el que el objetivo no es solo resolver un problema más, sino consolidar trabajos, profesiones, empresas e industrias para que sean capaces de crear riqueza, asegurar derechos, reconocer esfuerzos y construir un modelo que refleje la solidaridad colectiva que hemos construido desde la pandemia", ha dicho la ministra.

Asimismo, ha puesto en valor que el decreto de ampliación de los ERTEs cuenta con la alianza de los interlocutores sociales y sus contribuciones a los debates. "Esta Cámara debe recoger su testigo", ha añadido.

Fondo Covid para dar 16.000 millones a las Comunidades

Además, el Congreso ha convalidado el real decreto ley que regula la creación del Fondo Covid-19, que distribuye entre las comunidades autónomas 16.000 millones de euros, no reembolsables, para hacer frente a los gastos derivados de la pandemia.

En defensa de la convalidación, que ha contado con 275 votos a favor, 70 en contra y dos abstenciones, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha admitido que la unanimidad en torno a los criterios de reparto de los 16.000 millones es "imposible" pero ha apelado a la "altura de miras" porque este dinero supone un "alivio" para todas las comunidades y evite ajustes en la provisión de los servicios públicos.

También se ha sometido a votación y se ha rechazado la tramitación de este decreto como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia.

En su intervención, Montero ha avanzado que este año las comunidades dispondrán de la mayor dotación de recursos del sistema de financiación de toda su historia.

Y ha comentado que si se suman las partidas aprobadas al principio de la crisis, en total se habrán entregado 24.500 millones adicionales a las comunidades respecto a 2019 en un "esfuerzo sin precedentes del Gobierno con endeudamiento e incluso déficit propio".

Montero ha subrayado que el Fondo Covid-19 no es un préstamo, ni genera intereses y se ha referido al reparto de los 16.000 millones de euros en cuatro tramos.

En los dos primeros se distribuirán 9.000 millones asociados al gasto sanitario (6.000 millones se abonan a las comunidades este mes y 3.000 en noviembre); el tercer tramo se dota con 2.000 millones y se destina a educación y el cuarto, de 5.000 millones tiene como objetivo compensar la disminución de ingresos por el descenso de la actividad económica por la pandemia.

En el turno de intervenciones, la diputada del PP Elvira Rodríguez, ha hecho algunos requerimientos a la ministra pese al voto a favor de su grupo y le ha pedido que se tome "en serio" la política fiscal para crear empleo y no generar suspicacias entre los socios de la UE.

Rodríguez ha preguntado a Montero cuándo piensa convocar el Consejo de Política Fiscal dado que su celebración es "urgente" para que las comunidades puedan cumplir sus obligaciones presupuestarias, planificar 2021 e ir adoptando medidas para seguir prestando servicios.

La diputada del PP ha dicho que su partido espera a ver qué hace el Gobierno en un plazo corto pero si no responde a las expectativas, ha advertido al Gobierno de que no contará con los populares "para firmar pactos de adhesión·.

Desde Podemos, el diputado de En Comú Podem, Jaume Asens, ha señalado, en línea con el Gobierno que comparte, que los 16.000 millones son "la mayor transferencia directa de dinero hacia los territorios. No hay precedentes en la historia de España".

No obstante, Asens ha exigido a la ministra que se ponga a trabajar en el nuevo modelo de financiación porque "el problema territorial de España no se llama Cataluña, se llama Madrid y dumping fiscal. Ese es el auténtico problema territorial, la insolidaridad de la Comunidad de Madrid".

Desde ERC, Joan Margall ha celebrado que los fondos sean una transferencia directa y no supongan un endeudamiento pero ha reprochado al Gobierno un reparto que "no es beneficioso" para Cataluña.

La diputada de Cs Carmen Martínez ha tildado el decreto de "balón de oxígeno" si bien ha pedido más medidas para la reconstrucción mientras que el diputado de JxCAT Ferran Bel ha justificado el voto a favor en que es un decreto necesario aunque "no suficiente".

Entre los que se ha pronunciado en contra está Vox. Su diputado Víctor González ha afirmado que el decreto "no gusta a nadie, los tramos no convencen" y además con su formación no se ha negociado.

El diputado de Vox ha explicado que no puede dar el voto favorable por "sentido de Estado" y ha recriminado la política del Gobierno que no es capaz de abordar la crisis económica "más grave experimentada por España desde la guerra civil".

También han sido muy críticos con el decreto UPN, PNV y Bildu por considerar que con el decreto las comunidades forales (País Vasco y Navarra) salen perdiendo.

En concreto, la diputada del PNV Idoia Sagastizabal ha rechazado el Fondo Covid por su diseño "unilateral e irrespetuoso con las comunidades forales".

El diputado del BNG, Néstor Rego, también ha justificado el voto en contra por tratarse de un decreto que ignora las características de Galicia; el diputado del PRC José María Mazón, argumentó su rechazo en que el Fondo Covid es "insuficiente" y en la misma línea, el representante de Foro, Isidro Martínez Oblanca, ha augurado que el reparto llegará muy mermado a Asturias.