Veinte personas han sido detenidas y 12 están imputadas por la adjudicación presuntamente fraudulenta de contratos de la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) por 5,5 millones a empresas de la familia de un exfuncionario del organismo de cuenca, han informado este viernes la Policía Nacional y fuentes judiciales.
Los 20 detenidos, que fueron puestos en libertad tras prestar declaración ante la policía, tienen entre 36 y 74 años y junto con los 12 imputados son investigados como presuntos autores de delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos, negociaciones prohibidas a los funcionarios y tráfico de influencias.
Una carta anónima que denunció la adjudicación preferente a determinadas empresas vinculadas personalmente con la CHS y el aumento de contratos menores en el último trimestre de 2017 dio inicio a la investigación en septiembre de 2018, según la policía.
Cuando se comprobó que lo denunciado era cierto, en noviembre de ese año comenzaron los registros y requerimientos documentales en la sede de la CHS en Murcia por los que un juzgado de instrucción había incoado diligencias contra funcionarios y exaltos cargos de la CHS, entre otras personas, aunque por estar declaradas secretas no ha trascendido ni su número ni su función ni su nombre.
La policía sostiene que desde 2005 en adelante una misma familia creó dos empresas para obtener fraudulentamente contratos de la CHS, uno de cuyos funcionarios destacados entabló amistad con responsables de la adjudicación de contratos menores, algunos negociados sin publicidad y de emergencia, en los que la elección de la adjudicataria es discrecional.
Hay indicios objetivos de esas adjudicaciones irregulares a otras empresas también gestionadas por la misma familia y de algunas a otras firmas con relación de amistad o parentesco con un exalto cargo del organismo de cuenca.
La Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta de la Policía Nacional en Murcia ha analizado en los dos últimos años numerosa documentación y tomado declaraciones testificales, de lo que ha realizado un informe que será puesto a disposición del juzgado instructor en las próximas horas.
En noviembre de 2018 se produjo el registro que realizó la Policía Judicial del Cuerpo Nacional en la sede de la CHS, ubicada en la Plaza Fontes de la capital murciana.
La Policía pidió documentación relativa a los cuatro años anteriores, etapa que corresponde a la anterior administración presidida por Miguel Ángel Ródenas, y en la que ejerció como secretario general José María Bernabé.
Las diligencias, según han indicado a Efe fuentes judiciales, están declaradas secretas.
Según se hizo público en noviembre de 2018, cuando la Policía Nacional practicó un registro en la sede de la CHS en busca de pruebas, la presunta actuación irregular de los investigados consistiría en su participación en la adjudicación ilegal de contratos a la empresa de un antiguo funcionario de la misma.
La investigación trata de determinar la supuesta participación de cada uno de ellos y si los ex altos cargos son responsables en alguna medida de los hechos por acción u omisión.
