La Generalitat ha presentado hoy un plan estratégico pilotado por las consejerías de Asuntos Sociales y Salud, para mejorar la atención a las residencias ante un posible rebrote del coronavirus. La intención es que no se repitan la cadena de errores y la escasez de medios en los centros, donde el virus segó miles de vidas. Sin embargo, la aplicación no será inmediata: se pospone "a lo largo" del mes de septiembre, en palabras del consejero El Homrani. El sector, que no ha participado en la redacción de la medida, cruza los dedos e insiste que hay que abonar más recursos, si la intención es atender correctamente a los más vulnerables.
"Debemos prepararnos bien para un posible rebrote, las personas mayores son las más vulnerables", han repetido hasta la saciedad este lunes en rueda de prensa la consejera de Salud, Alba Vergés, y el de Asuntos Sociales, Chakir El Homrani, tras presentar un plan estratégico para detener el virus en los geriátricos y las residencias de personas con discapacidad en otoño. Una de las claves de este plan es en el personal. Asuntos Sociales pagará a 1.800 cuidadores más, y 200 inspectores, mientras que Salud contratará 450 sanitarios de la atención primaria con la única labor de vigilar y visitar los geriátricos durante 24 horas. Además, todos los centros con más de 60 plazas deberán tener un enfermero por las noches. Un personal que, como mínimo, se quedará dos años en estos centros. "Habrá que estudiar si es una medida estructural, aunque podría ser ampliable a un tercer año", ha dicho el conseller El Homrani.
"La música nos suena muy bien, pero mientras los sueldos sigan siendo de miseria, encontrar personal en las residencias será misión imposible", explican a este diario gestores de los centros. La epidemia destapó, entre otras cosas, la precaria situación económica en la que se encuentran los geriátricos públicos y concertados, donde faltan manos, material y dinero desde hace diez años. Ninguna de las mejoras del plan ataca las medidas esenciales que llevan años pidiendo sindicatos, empresas y entidades sociales. De hecho, el sector ha conocido el plan a la par que la prensa.
Otra de las medidas de este plan está en la mejora de los espacios de aislamiento y la atención médica que reciban los ancianos. Las residencias, y aquí también se incluyen las de las personas con discapacidad, deberán reservar camas libres por si hubiera que aislar enfermos de coronavirus. Unas camas vacías, que también pagará la Generalitat. En las residencias más pequeñas, aquellas que tienen menos de 60 plazas, deberá haber una cama libre. Para el resto de casos, las residencias públicas deberán tener un 8% de plazas libres, las concertadas un 5%, y las privadas solo deberán contar con 3 plazas vacías. En estas camas deberán colocar a los abuelos que tengan el virus, o presenten síntomas. A partir de aquí, si requieren intervención médica, se les podrá trasladar en 500 camas medicalizadas. Cerca de la mitad están en el espacio Paral·lel de Barcelona, una residencia estudiantil reconvertida en hospital de campaña, y el resto se cuentan en hospitales sociosanitarios o clínicas privadas.
EPIS obligatorios
El gran cambio que van a vivir las residencias, en caso de rebrote, es que tendrán acceso a equipos de protección individual desde el primer momento. Un material que, de hecho, tardó un mes en llegar en pleno estado de alarma. "Las residencias tendrán la obligación de abastecerse de material para cuatro semanas vista", ha explicado la consellera Vergés. La Generalitat, que sigue a día de hoy proveyendo equipos de protección a los centros, también plantea una compra conjunta de material a seis meses vista. "Nosotros nos hemos gastado ya 30.000 euros en EPIS, ¿quién nos pagará esta factura?", cuenta un centro concertado a EL PERIÓDICO, que insiste en que los guantes son el material cuyo coste ha ascendido más. De momento, los consejeros no han aclarado esta pregunta que se hace el sector.
