El PSOE y Unidas Podemos quisieron trasmitir este miércoles la imagen de ser un Gobierno unido, que trabaja de la mano, y registraron en el Congreso unas conclusiones conjuntas para presentarlas en la Comisión de Reconstrucción. El acuerdo no fue sencillo. Costó varios días de negociaciones entre socialistas y morados, dentro y fuera de la Moncloa. Como ya pasó hace meses con el pacto de investidura, las conversaciones pusieron de manifiesto las distintas sensibilidades en cada partido. Uno de los principales escollos fue el impuesto a la riqueza abanderado por Podemos, que al final quedó fuera del documento, pensado como hoja de ruta para encarar la etapa que ahora se abre, con la alerta sanitaria dejada atrás, al menos de momento, pero con una profunda crisis en el horizonte. Según el Fondo Monetario Internacional (FMI), la economía española será la más castigada por el coronavirus: su PIB se contraerá este año un 12,8%.
Adriana Lastra, por parte del PSOE, y Pablo Echenique, por parte de UP, lideraron las intensas negociaciones que concluyeron a última hora de la tarde de este miércoles, después de que el plazo para registrar conclusiones -inicialmente terminaba a las 12 del medio día- se ampliara hasta las 21:00 horas. Los socialistas buscaban redactar un documento que a su paso por la Comisión logre el aval del mayor número de fuerzas parlamentarias y, en concreto, el del PP. Así, los socios de Gobierno estuvieron hasta última hora de la tarde intercambiando borradores para concretar las medidas que terminarían incluyendo. La idea final fue no incluir propuestas muy concretas, con la pretensión de poder atraer al mayor número de partidos posibles.
De hecho, a última hora de este miércoles, fuentes del PP informaron de que hubo una reunión entre la portavoz conservadora en la Comisión, Ana Pastor, y Lastra. Según las mismas fuentes, ambas formaciones se intercambiaron sus respectivas conclusiones y se emplazaron a "seguir hablando en los próximos días". Los populares consideran que es "obligatorio" que los dos grandes partidos lleguen a un acuerdo, al menos, en el reforzamiento del sistema sanitario.
Concesiones moradas
Entre las concesión que hicieron los morados fue rebajar sus planteamientos sobre un nuevo sistema fiscal. De esta forma, los de Iglesias renunciaron a incluir entre las propuestas para la llamada "nueva normalidad" el impuesto para las grandes fortunas que incluyeron en su programa electoral. Los morados quieren que esta nueva tasa grave a los patrimonios superiores a un millón de euros. Sin embargo, el pasado martes, Echenique ya reconocía que estaba habiendo problemas con esta medida.
"Vamos a seguir intentando convencerles de que es una buena idea", dijo tras ser preguntado por las negociaciones. "Pensamos que, en este caso, nuestra labor es trasladar a nuestro socio los mejores argumentos que podamos, económicos y técnicos, para que ese impuesto pueda ponerse en marcha y lo puedan asumir", defendió el dirigente morado que, finalmente, no logró su propósito.
Quienes sí incluyeron esta nueva tasa en sus conclusiones fue ERC. Los republicanos catalanes plantearon una serie de medidas que implican un mayor gasto social que ayude a los más vulnerables y con mayor presión fiscal sobre las grandes empresas y las grandes fortunas. En concreto, quieren aplicar un tipo impositivo del 3% a los patrimonios millonarios.
Tranquilidad a la izquierda
En las negociaciones también participaron miembros del Gobierno ya que la dinámica de la Comisión de Reconstrucción es elevar una serie de recomendaciones que el Ejecutivo pueda llevar a cabo. En este sentido, el propio Pedro Sánchez se reunió el pasado martes con Iglesias y, este miércoles, desde el Congreso lanzó un mensaje de tranquilidad al resto de sus socios de investidura -ERC, PNV o Compromís-, molesto desde hace unas semanas por el acercamiento entre la Moncloa y Cs.
"Llevamos poco más de cuatro meses en el Gobierno. Hemos tenido que ralentizar algunos compromisos por la tragedia que hemos vivido, pero esos compromisos siguen vigentes", respondió Sánchez a la inquietud del portavoz de Compromís, Joan Baldoví.
