La Guardia Civil ha realizado más de 500 inspecciones en 300 empresas gestoras de residuos sanitarios durante el residuos sanitariosestado de alarma, que se han saldado con 184 infracciones administrativas y 44 personas detenidas e investigadas.
Este dispositivo, que se ha desarrollado en el marco de la Operación Retrovirus coordinada por Europol, ha sido controlado por el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil, según informa el instituto armado.
El resultado ha sido más de 500 inspecciones en 300 centros vinculados con la gestión de residuos sanitarios y ha conllevado la detención e investigación de 44 personas en todo el territorio nacional. Además, se han denunciado 184 infracciones administrativas en materia de residuos por su transporte, gestión o eliminación irregular.
El instituto armado explica que, pese a que la mayoría de gestores de residuos cumplían con la normativa, se han detectado graves irregularidades y se han investigado para paliar los efectos de transmisión de la enfermedad.
Desde el inicio del estado de alarma, la Guardia Civil ha reforzado este control debido al gran volumen de actuaciones higiénico sanitarias, con una especial atención a los residuos que directa o indirectamente tienen relación con la COVID-19. Y es que el incremento de la actividad sanitaria debido a la emergencia ha implicado un amplio aumento de los desechos.
El instituto armado detalla que la forma en que se recogen, transportan y finalmente tratan y eliminan, a través de gestores autorizados estos desechos, está siendo también crucial en términos de restringir la dispersión del virus.
Considera que la mala gestión individual de los guantes y las mascarillas, está incrementado la presencia de residuos plásticos en ríos y mares, problemática cuyo impacto ambiental ya se estaba intentando reducir dada la contaminación y daño que provoca en estos ecosistemas.
El dispositivo ha contado con el apoyo de Europol para hallar posibles relaciones de las empresas investigadas con el resto de estados miembros y terceros países.
Las infracciones denunciadas pueden acarrear directamente la aplicación de sanciones penales recogidas dentro de los delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente.
En caso de que se considere que estas acciones pueden perjudicar gravemente el equilibrio de los sistemas naturales, se impone una pena de prisión de dos a cinco años, multa de ocho a veinticuatro meses e inhabilitación especial para profesión u oficio por tiempo de uno a tres años.
