El Consejo de Ministros ha aprobado en su reunión de este martes el reparto de 16.000 millones de euros entre las comunidades atónomasy destinados a ayudarles a superar la crisis causada por el coronavirus, con un primer fondo de 9.000 millones dedicado a cubrir el gasto sanitario.
El Ministerio de Hacienda ha tratado con las autonomías el reparto de este fondo y ha cambiado su distribución desde la primera propuesta que hizo precisamente a raíz de las conversaciones con los consejeros. La mayoría asegura que no está conforme del todo con el resultado lo que, según la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, es la prueba de que el reparto "ha sido justo".
En este sentido, los criterios de reparto del Fondo Covid-19 garantizan que las regiones más afectadas por la pandemia del coronavirus serán las que más dinero reciban. Así se desprende de dichos criterios -la población protegida equivalente, el número de hospitalizaciones, el número de UCI y el número de pruebas PCR- expuestos por la ministra de Hacienda y Presupuestos, María Jesús Montero, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que ha aprobado este fondo.
Montero ha subrayado que este fondo supone un "balón de oxígeno real" para atender a las necesidades de las comunidades autónomas que permitirá además pagar "en tiempo y forma" a los proveedores y acceder a la liquidez extraordinaria que estas administraciones necesitan.
Ha asegurado que para decidir este fondo y su reparto el Gobierno ha escuchado a "todas las comunidades y a gran parte de los grupos políticos". Y ha señalado que lo que al Ejecutivo le importa son los "servicios públicos de calidad" y eso "queda garantizado con estos recursos" extraordinarios que se facilitan a las comunidades.
Montero también ha señalado que el Fondo Covid-19 supone la "mayor transferencia que jamás" se ha hecho a las comunidades autónomas y demuestra el compromiso del Ejecutivo de garantizar que todos los ciudadanos son iguales independientemente de donde vivan. Y ha recordado la característica "imprescindible" de este fondo, el hecho de que no sea reembolsable, por lo que las comunidades no tendrán que devolver el dinero al Estado y esta transferencia no repercutirá ni en su deuda ni en la generación de intereses a pagar.
Así, el Gobierno dotará un primer tramo de 6.000 millones en cuyo reparto la población protegida equivalente pesará el 35%, cuando en la propuesta inicial era el 20. Este primer tramo se pagará en julio. Habrá una segunda parte de 3.000 millones, que se abonará en noviembre, y en la que el peso poblacional pasará del 40% al 45%.
Educación
Por otro lado, los 2.000 millones de euros que el Ejecutivo destinará a la Educación dentro del Fondo Covid-19 se abonarán en septiembre y el 80% se destinará a los alumnos de 0 a 16 años.
Empujón del Gobierno a la educación online. Agencia ATLAS / EFE
Concretamente, Montero ha señalado que esta partida se abonará en septiembre por el comienzo curso escolar y que el 80 por ciento del importe se distribuye en las enseñanzas de 0 a 16 años mientras que el 20 por ciento restante se destina a las de 17 a 24 años, dirigida a "cubrir las necesidades de los universitarios".
En cuanto al tercer tramo, los 5.000 millones para compensar la caída de ingresos, el Gobierno tiene previsto transferirlos en diciembre. La decisión final el reparto de este fondo se tomará en el Consejo Superior para la Coordinación y Dirección de la Gestión Tributaria, compartido por el Gobierno y las CCAA, además de Ceuta y Melilla.
Plan Moves
Por otro lado, el Consejo de Ministros ha aprobado este martes un Real Decreto por el que se articula la segunda edición del Programa de Incentivos a la Movilidad Eficiente y Sostenible (Moves), que cuenta con una dotación presupuestaria de 100 millones de euros y que dará ayudas a la compra de vehículos eléctricos de hasta 5.500 euros, a los que se sumarán 1.000 euros adicionales aportados por los fabricantes.
Así lo anunció la ministra de Hacienda y portavoz del Ejecutivo, María Jesús Montero, que ha señalado que este programa, recogido en el 'Plan de impulso de la cadena de valor de la industria de la automoción: Hacia una movilidad sostenible y conectada', ha ampliado su presupuesto en comparación con la edición anterior, que contó con una partida de 45 millones de euros.
Esta iniciativa dará ayudas directas a la adquisición de vehículos eléctricos o híbridos enchufables, así como a la instalación de infraestructura de recarga de vehículos electrificados, de sistemas de préstamos de bicicletas eléctricas y a la puesta en marcha de planes de transporte a los centros de trabajo.
La nueva edición del Moves cuenta con 55 millones de euros más de presupuesto (+122%) que el anterior, con fondos que proceden de líneas presupuestarias asignadas al Instituto para el Ahorro y la Diversificación de la Energía (IDEA), dependiente de Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.
La previsión del Ejecutivo es que por cada millón de euros que se invierta a través del Moves II se movilice un valor añadido de entre 3,5 y 4 millones de euros, lo que permitirá la generación de 5.000 puestos de trabajo. Además, estima que el programa motive un ahorro de 14 toneladas equivalentes de petróleo anuales y una reducción de emisiones de 40.250 toneladas al año de dióxido de carbono (CO2).
Los fondos del nuevo Moves, que estará coordinado por el IDEA y será gestionado por las comunidades autónomas, se repartirán según el criterio del Padrón de habitantes publicado por el Instituto Nacional de Estadística (INE).
Así, Andalucía, con 17,95 millones de euros será la región que recibirá una mayor dotación en el reparto del presupuesto del Moves, seguida de Cataluña, con 16,12 millones, y de Madrid, con 14,1 millones de euros. En el lado opuesto se sitúan Melilla (180.431 euros), Ceuta (180.729 euros) y La Rioja (668.067 euros).
Las comunidades autónomas deberán concretar el reparto del presupuesto asignado del Moves entre las distintas actuaciones, aunque se establece que hasta el 70% podrá destinarse a la compra de vehículos alternativos, hasta un 50% podrá dirigirse a la implantación de puntos de recarga y un mínimo de un 10% deberá dedicarse al incentivo de planes de trabajo o medidas adoptadas por los ayuntamientos como respuesta a las necesidades de movilidad asociadas al coronavirus.
